Tras la caída del muro de Berlín y la implantación de la democracia electoral como sistema de organización, los partidos políticos dejaron de priorizar posturas ideológicas o de clase y se volvieron más pragmáticos por la obvia intención de ser competitivos y ganar electores de todos los estratos. Sin embargo, y pese a vivir en un mundo donde se suele equiparar a la desideologización con una especie de ilusión tecnocrática, aun la brújula ideológica, las doctrinas, los corrimientos a la izquierda o a la derecha suelen tener importancia en el juego electoral. Hoy, todavía el ponderar ciertas ideas sobre otras y ciertos valores sobre otros tiene peso relevante no sólo para atraer simpatizantes sino para explicar proyectos de nación.
Hoy Andrés Manuel López Obrador gobierna en México tras haber sido electo bajo la égida del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Más allá de la sana distancia que el presidente ha tomado de la vida interna de su partido, vale la pena recordar la arista ideológica que le da identidad para con ello delinear esbozos explicativos del proyecto de nación que hoy el presidente blande.
Morena logró su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014, pero viene de un movimiento político de al menos diez años, lapso en el cual labró una identidad importante debido a una actividad impugnadora. Muchos partidos construyen sus principios ideológicos a partir de la inspiración en hechos históricos o lecturas teóricas, lo cual es válido. Morena, sin embargo, labró su brújula ideológica a partir de un conflicto concreto: un intento de reforma energética que en 2008 impulsó el gobierno impuesto de Felipe Calderón y que derivó en un movimiento de resistencia civil encabezado por López Obrador para oponérsele.
Desde 2006, en la llamada Convención Nacional Democrática de septiembre (protesta contra las ilegalidades electorales), en el Zócalo capitalino, varios oradores hablaron de los principios que regirían la resistencia contra la imposición de Calderón. Uno de ellos fue oponerse, en el congreso y en las calles, a una eventual privatización de los energéticos. La justificación apelaba a la legitimidad democrática: por un lado, Calderón como candidato nunca anunció que privatizaría el sector energético; así que si como presidente de facto lo intentaba, ante esa falta de claridad de proyecto el pueblo tenía derecho a oponerse. Como si el movimiento leyera el futuro, un año después el panista comenzó a labrar terreno para una reforma energética centrada en la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo dos premisas: “quedaba sólo petróleo para nueve años” y la iniciativa privada explotaría mejor el recurso, ante la debilidad financiera y logística de la paraestatal.
Luego de intentar imponer, sin deliberación amplia, esa reforma, en abril de 2008 el movimiento encabezado por AMLO inició una protesta masiva —en San Lázaro y en las calles— para exigir una discusión abierta. Ello suscitó un hecho sin precedentes: un debate en el senado sobre la reforma, de abril a julio, donde participaron no sólo legisladores sino también especialistas. Mientras, el movimiento en las calles informaba y denunciaba un trasfondo: el recién nombrado secretario de Gobernación de Calderón, Juan Camilo Mouriño, tenía contratos ilegales en Pemex, y aprobar la privatización promovería prácticas deshonestas como esa.
Así, dos aristas centrales se labraron: los especialistas invitados por el Frente Amplio Progresista (ala institucional del movimiento en el congreso) y la movilización ciudadana construyeron un discurso que resaltó los peligros de la corrupción y del tráfico de influencias en empresas estratégicas, así como por qué convenía mantener a Pemex como una empresa pública, en un mundo donde los vaivenes del exterior pudieran afectar lo menos posible. Esa movilización dominó los tres primeros trimestres del 2008, logró hechos inéditos en México (como el debate senatorial amplio y la interlocución entre resistencia civil y un brazo legislativo) y, si bien no contuvo la totalidad de la reforma calderonista, limó sus aristas más privatizadoras. A la par, los intelectuales en defensa del petróleo formarían un consejo consultivo que más tarde, en 2010, orientaría la asociación civil llamada Morena. En tanto, la resistencia civil, único actor que se opuso a la privatización ilegítima de Calderón, vivificó el movimiento liderado por AMLO y acrecentó su base.
Con ese impulso, el siguiente proyecto de nación blandido por el tabasqueño, en 2012, recogió el esfuerzo intelectual colectivo de los partícipes en el debate de 2008. Tres principios del decálogo que da vida a Morena como organización (relativos a la soberanía energética, la defensa del patrimonio nacional y el rechazo a la corrupción) fueron un íntegro aporte de la movilización contra la reforma energética.
El proyecto soberanista que hoy esgrime López Obrador tiene sus raíces no sólo en la inspiración cardenista del siglo XX, sino sobre todo en una lucha reciente articulada en 2008 por especialistas y, de manera destacada, por ciudadanos de a pie.
