Dentro de las novedades editoriales de la oposición destaca Izquierda y democracia, del doctor José Woldenberg. El autor es conocido como uno de los artífices del sistema electoral mexicano moderno, pues fue uno de los primeros consejeros ciudadanos del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en 1994 y luego el primer consejero presidente del organismo electoral, allá por 1996. Es también uno de los ideólogos más prominentes de la oposición. Si bien el doctor Woldenberg ha sido acusado de actitudes cuestionables como funcionario público, que van desde el nepotismo hasta la venta del padrón electoral, esta columna se centrará en comentar su más reciente publicación.
El libro, editado por Cal y Arena —estrechamente relacionada con la revista Nexos, ergo, con Héctor Aguilar Camín—, no se trata de un texto nuevo; es una compilación que rejunta tres columnas para El Universal, un artículo para Nexos, dos conferencias en ambientes académicos y el discurso que pronunció el 13 de noviembre de 2022 en la llamada marcha por la defensa de la democracia. Si no se trata de textos nuevos, las ideas que esbozan tampoco lo son, sobre todo para quienes hayan leído o escuchado a Pepe.
A pesar de esto, el libro no carece de interés, ya que en él pueden verse condensadas, en poco más de 80 páginas, las principales críticas de la oposición hacia el gobierno y, particularmente, al presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo principal del libro es demostrar por qué para el autor, y la clase de intelectuales que representa, el gobierno de AMLO no es democrático y su orientación de izquierda es cuestionable.
Para demostrar que la gestión de AMLO no ha sido de izquierda, esgrime el argumento de que la gestión de la crisis derivada de la pandemia fue “una ortodoxa política neoliberal”, pues el gobierno se negó a contraer deuda para salvar a las empresas, lo cual disparó el desempleo. Basta con decir que este argumento es tramposo, pues la política que adoptó el gobierno fue la de proporcionar ayudas a las personas en lugar de rescatar a las empresas, una medida, cuando menos, alejada de la política neoliberal ortodoxa y también práctica (la ya clásica fórmula de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias).
Sin embargo, donde mayor esfuerzo y tinta invierte Woldenberg es en demostrar que el gobierno de López Obrador no es democrático y más bien tiene una clara tendencia al autoritarismo. Habla por ejemplo de la problemática relación del gobierno con las fuerzas armadas y cómo se encuentran usurpando funciones que corresponden a los civiles. Un argumento ciertamente atendible, aunque también puede resultar discutible si tal relación específica con las fuerzas armadas tiene un peso directo en determinar si el gobierno ejerce o no tendencias autoritarias. Por ejemplo, la participación de ingenieros militares en la obra pública no tiene nada que ver con el potencial papel represivo que tendrían en un régimen autoritario.
Otro pilar de su argumentación proviene de la insoslayable relación entre democracia y pluralidad. Una pluralidad que, de acuerdo con el doctor Woldenberg, el gobierno no respeta, pues el propio presidente descalifica y arremete contra los medios y organismos de la sociedad civil que lo critican y promueven una visión distinta de nación. El principal problema con el argumento anterior reside en marcar que el gobierno vulnera la diversidad y la libertad de expresión por el simple hecho de ejercer su derecho de réplica.
En lo anterior, hay una confusión igualmente grave: el autor generaliza que se arremete en contra de toda la sociedad civil, cuando en realidad el presidente se enfrenta a grupos de interés como el de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y organizaciones similares. Ahí reside un gran problema: si bien tales agrupaciones forman parte de la sociedad civil, los intelectuales de esta clase, en alianza con los grupos empresariales, han batallado por apropiarse del término, cuando las personas que buscan a sus familiares desaparecidos también forman parte de la sociedad civil, mas son invisibilizados por dichas constelaciones de intereses empresariales.
Otro pilar en las críticas del doctor Woldenberg se asienta en el nulo respeto del presidente para la constitución en general y la autonomía de poderes en particular. Acusa que “retrocedemos a pasos agigantados hacia un despotismo”, un hiperpresidencialismo como aquel de las épocas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Acusa al presidente de tener un profundo desprecio hacia las normas y ver a las leyes “como una camisa de fuerza” que le impiden hacer lo que quiere; en lugar de respetar y venerar la constitución, fuente de todo orden democrático.
Y, con relación a lo anterior, sale en defensa del sistema electoral actual, explica por qué la reforma política propuesta por el gobierno destruiría la “germinal democracia” que tanto le costó construir. Con base en falacias, como la cuestión de la eliminación de los diputados plurinominales, trata de explicar los riesgos que la modificación al sistema electoral haría, además de las violaciones al federalismo de nuestro país.
Más allá del contenido como tal, que como hemos repasado, presenta varios argumentos rebatibles, molesta la amnesia selectiva que tiene el doctor Woldenberg: señala al gobierno actual de no respetar la división de poderes por acusaciones nimias, cuando en la “germinal democracia” de los años anteriores hay innumerables casos de excesos más graves y descarados, un buen ejemplo sería la complicidad del poder ejecutivo y el judicial en 2005 para desaforar a Andrés Manuel. De igual manera, no parece inmutarse cuando los otros poderes se exceden en sus facultades pero en un sentido que favorece los intereses de su clase, como el más reciente caso del arremetimiento por parte de la Suprema Corte para frenar el plan B de la reforma electoral. Eso es hipocresía.
