En México los extranjeros no pueden participar ni opinar de los asuntos políticos del país. Así lo mandata el texto constitucional desde hace 166 años. En esencia, el último párrafo del 33 constitucional que así lo ordena es de los poquísimos apartados de nuestra carta magna que permanecen vigentes desde su promulgación. Una mala herencia de la constitución de 1857.
Tras la prohibición del 33 constitucional no hay una idea caprichosa o irracional: razones históricas explican su promulgación. El origen de la idea está en las profundas heridas infligidas por la guerra de independencia, la intervención extranjera del siglo XIX y la dolorosa invasión estadounidense a nuestro territorio. Tales acontecimientos dejaron una huella profunda en la psique colectiva del pueblo mexicano, que se tradujo en una férrea defensa del respeto por la voluntad nacional. La protección de la soberanía y la autodeterminación política fueron consecuencias lógicas del nacionalismo entonces imperante.
Estos fundamentos —aunque añejos— fueron invocados con tremenda soltura y entusiasmo por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para expulsar extranjeros del país. Peña lo aplicó en cuatro ocasiones. Calderón, en trece. Entre los extranjeros afectados por esta medida estuvieron Manu Chao por opinar sobre lo acontecido en Atenco, Valentina Cortés Torrida por su participación en el conflicto y Valentina Palma Novo por criticar la falta de cumplimiento por parte de Calderón de la agenda indigenista. La lista es larga.
Recientemente —ante la sugerencia de Felipe Calderón de expulsar a Abraham Mendieta del país por chismoso— el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador propuso reformar finalmente el 33 constitucional.
De ser aprobada por el legislativo, la reforma implicaría un importante avance en materia de derechos humanos; específicamente del derecho a la libre expresión. Salta a la vista la importancia de esta reforma en un país como el nuestro, con una historia de considerables movimientos migratorios. Con la modificación propuesta se daría cumplimiento a lo estipulado en el primer párrafo del 33 constitucional, que señala que los extranjeros gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la propia carta magna. Además, se actuaría en congruencia con lo dispuesto por diversos tratados internacionales de los que México es parte y con el artículo primero constitucional, que señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la carta magna y en los tratados internacionales de los que México sea partícipe.
La regulación vigente sobre la expulsión de extranjeros considerados perniciosos es deficiente. Aunque la constitución ordenó desde 2011 que se creara una ley para regular el procedimiento de expulsión, no ha sido aprobada. La propuesta de López Obrador incluye su discusión, aprobación y promulgación. Tal ley deberá respetar el derecho de audiencia previa de los extranjeros y señalar el tiempo y lugar en donde podrán ser detenidos.
Ya es tradición con Caderón: cada vez que nos desviamos de sus grandilocuentes instrucciones, el país parece prosperar. Si la reforma encuentra el camino deseado por el presidente, los extranjeros podrán opinar libremente en territorio nacional y el poder ejecutivo tendrá limitaciones precisas y restringidas para expulsarlos del país. Extraño Estado de derecho.
Hace tiempo, en una muestra de congruencia, el presidente rechazó aplicar contra los líderes de Vox —el partido español de ultraderecha— el artículo 33. La posición del presidente es, así, radicalmente distinta a la que Calderón y Peña asumieron de un plumazo. México vive hoy una extraña dictadura.
