Por Thalia Hernández

La inteligencia artificial (IA) suele entenderse como una tecnología que opera en una “nube”, es decir, como si estuviera ajena a un territorio. Esa representación inexacta invisibiliza las condiciones materiales que la hacen posible. La IA depende de centros de datos, redes eléctricas, agua para enfriamiento, suelo para su instalación y hardware, cuya fabricación y desecho también generan impactos ambientales. Esta dimensión material es especialmente relevante en países como México, donde la digitalización avanza sobre una red eléctrica saturada, territorios con estrés hídrico y recursos cada vez más disputados.

Lejos de ser una innovación abstracta, la IA forma parte de una infraestructura física que ocupa espacio, demanda energía, compite por agua y deja residuos. Por eso sus efectos no se distribuyen de manera neutral. La expansión de esta tecnología puede concentrar beneficios en grandes corporaciones mientras desplaza sus costos hacia comunidades que resienten con mayor intensidad la presión sobre servicios básicos, territorio y bienes comunes.

En México, la evidencia disponible muestra que la expansión de los centros de datos ya está generando presiones concretas sobre energía, agua y territorio. En Querétaro, por ejemplo, investigaciones periodísticas recientes han documentado que comunidades cercanas a los complejos tecnológicos enfrentan tandeos y cortes de agua, mientras persiste una fuerte opacidad sobre el consumo hídrico y eléctrico de estas instalaciones. También muestran que parte de esta infraestructura se abastece de acuíferos sobreexplotados y que, ante la insuficiente capacidad renovable y la falta de modernización de la red, su crecimiento puede reforzar el uso de gas y diésel.

Más que la simple adopción de una nueva tecnología, la expansión de la inteligencia artificial supone una reconfiguración del uso de recursos estratégicos y de las disputas en torno a ellos. En contextos marcados por rezagos de infraestructura, estrés hídrico y asimetrías territoriales, ese proceso difícilmente puede considerarse neutral. Sin planeación pública, sin transparencia y sin criterios ambientales exigentes, la digitalización puede traducirse en una presión todavía mayor sobre territorios ya vulnerables y en una profundización de desigualdades existentes. Por eso, si el uso de esta tecnología sigue creciendo, como ya ocurre, lo decisivo es bajo qué criterios lo hará.

México necesita discutir este tema como una cuestión de política pública. Si la IA va a formar parte de la economía contemporánea, entonces su despliegue debe someterse a criterios de interés colectivo. Eso implica exigir centros de datos más eficientes, mayor incorporación de energías renovables, transparencia sobre el consumo energético e hídrico, reciclaje y trazabilidad de residuos electrónicos, y reglas claras de rendición de cuentas para las grandes empresas tecnológicas. La modernización digital no puede medirse solo por rentabilidad. Debe evaluarse también por la forma en que usa la energía, ocupa el territorio y distribuye sus costos ambientales.