Desde sus orígenes, el sistema público de salud en México ha funcionado de manera fragmentada. Cada institución tiene su propia historia, su propia lógica y sus propios recursos. El resultado es un sistema que ha logrado ofrecer atención a millones de personas, pero que no siempre logra coordinarse consigo mismo. Esta fragmentación se traduce en trayectorias distintas de acceso, servicios diferenciados según la afiliación e instituciones que operan en paralelo, aun cuando atienden necesidades similares.
Por eso, la idea de que cualquier persona pueda atenderse en cualquier institución pública cuando lo necesite resulta relevante. Implica cambiar la lógica que organiza el sistema: pasar de un modelo basado en la afiliación institucional a uno centrado en la necesidad médica. México ha intentado antes avanzar en esa dirección. Ha habido acuerdos entre instituciones y experiencias locales; incluso, durante la pandemia se demostró que coordinarse es posible. Sin embargo, estos esfuerzos dependían de arreglos específicos y no modificaban el funcionamiento cotidiano del sistema.
Lo que hoy está en marcha parece ser un intento más amplio y mejor articulado. No solo se habla de intercambio, sino que se están construyendo herramientas para hacerlo viable. Una de las más visibles es la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, cuyo registro se planea que inicie el 2 de abril. La estrategia implica recopilar información personal y de salud, habilitar una aplicación para agendar citas y consultar datos clínicos, y sentar las bases para el padrón general de salud, que contendrá información nominal y de afiliación de todas las personas mexicanas. Otra estrategia es la generación de un expediente electrónico compartido por las instituciones públicas, para que, en caso de atendernos fuera de nuestra institución, nuestra historia clínica esté disponible. Así, la portabilidad de derechos empieza a tener soporte operativo.
Este tipo de medidas no son menores. Durante años se habló de digitalización, interoperabilidad e intercambio como metas deseables, pero sin mecanismos claros para hacerlas realidad ni un marco jurídico que obligara a las instituciones a coordinarse. La reforma a la Ley General de Salud, publicada en enero de este año, es relevante precisamente porque convierte esa aspiración en mandato: establece el intercambio entre instituciones e introduce bases para la compensación cruzada.
Es importante, sin embargo, no confundir conceptos. “Servicio universal de salud” no es lo mismo que “Sistema universal de salud”. En el primer caso se mantiene la separación institucional, aunque el acceso se vuelva más flexible; en el segundo, las estructuras se unifican. La estrategia actual apunta claramente a ampliar la portabilidad y a reducir la fragmentación operativa, es decir, mejorar la comunicación entre instituciones y niveles de atención. En ese sentido, representa un paso significativo hacia la unificación del sistema, que aún es un proyecto a largo plazo.
Integrar no es solo compartir datos o abrir puertas administrativas. Las instituciones públicas siguen teniendo recursos distintos y capacidades desiguales. Si bien el intercambio puede aliviar barreras inmediatas de acceso, también es importante generar reglas claras de compensación y ajustes constantes para evitar desequilibrios. La tecnología y la voluntad política son condiciones necesarias, pero no suficientes. A esto se suma el reto territorial y demográfico: integrar el sistema en un país de más de 130 millones de personas, con diferencias regionales, infraestructura desigual y capacidades locales distintas, bajo un esquema que funcione en tiempo real, supone un esfuerzo logístico y organizativo de gran escala.
La integración es un proceso, no un evento. Requiere seguimiento, ajustes y participación social. Por eso, más que observarla a distancia, vale la pena involucrarnos: registrarnos cuando corresponda, informarnos sobre cómo funciona la estrategia y, sobre todo, señalar de manera proactiva lo que deba mejorar. Transformar un sistema tan complejo exige tanto decisión gubernamental como ciudadanía informada. Esta conversación debe convertirse en un ejercicio común y continuo de construcción pública.
