Los conflictos al interior de la Cuarta Transformación suelen producir lecturas irreconciliables, no porque los actores lean mal, sino porque lo hacen desde posiciones e intereses distintos. Caso específico del episodio que rodeó la destitución de Marx Arriaga como director general de Materiales Educativos, interpretado ya como traición, ya como relevo técnico, sin que ninguna de las dos lecturas explique por qué el asunto desbordó pasiones que ningún ajuste de organigrama debería producir.
El caso revela algo más interesante y trasciende a la mera anécdota, ya que muestra cómo un proyecto político se administra a sí mismo con criterios distintos a los de su fase ascendente. Esto no constituye, en modo alguno, un fenómeno nuevo ni sorprendente; sin embargo, no es extraño que resulte incómodo para quienes vivimos esa etapa como una conquista existencial.
En este episodio, Arriaga encarna un tipo de servidor público que, tras haber librado una batalla visible contra poderes mediáticos, corporativos y académicos movilizados en contra de los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, acumuló un capital militante que no es transferible ni liquidable en los mercados normales de la burocracia estatal. No es que él lo creyera únicamente; también lo creían quienes pelearon a su lado, aunque fuera por mera identificación con la causa, y que precisamente hoy reaccionan con la intensidad característica de un cambio de reglas a mitad del partido. Mario Delgado, en cambio, encarna la lógica del político-funcionario que repara menos en la épica que en la administración de lo conquistado, y que mide el éxito no tanto por la coherencia simbólica como por resultados verificables y equipos que no entren en fricción.
Lo más interesante —y también lo más inquietante— es que el conflicto no opone reforma y traición, ni pureza y pragmatismo, sino dos formas de lealtad que en la fase épica parecen haber coexistido sin mayores consecuencias y que ahora, en la etapa de consolidación, muestran incompatibilidad o, cuando menos, tensión. Una lealtad custodial, que resguarda coherencia simbólica y sospecha de toda mediación burocrática. Otra estatal-programática, que administra heterogeneidad y concibe el cambio como proceso que exige jerarquía funcional. Ambas reclaman pertenencia al mismo horizonte, lo que complica cualquier lectura simple.
La presidenta Sheinbaum introdujo el nuevo equilibrio con una fórmula que vale la pena retener: continuidad sí, con capacidad de corrección; memoria, sí, pero sin veto custodial. Es una posición razonable cuya eficacia depende enteramente de lo que siga; por ello, habría que esperar sus consecuencias prácticas antes de utilizarla como evidencia de cualquier conclusión.
Queda una consideración que el segundo piso haría mal en subestimar. Quienes, desde el magisterio o la militancia, vieron una conquista existencial no parecen considerar la Nueva Escuela Mexicana como un programa educativo más, cuya legitimidad depende de evaluaciones técnicas. Por ello, introducir cambios sin construir integración con esa experiencia es como publicar una nueva edición sin avisar a los lectores que el libro cambió. Y ya sabemos que esos lectores no lo tomarán a bien.
