Si algo identifica el núcleo ideológico del actual proyecto gobernante en México es la definición por la soberanía energética, que tiene en la remembranza del 18 de marzo de 1938, la expropiación petrolera, un ejemplo nítido. Tal postura en el actual gobierno no es producto de una ocurrencia demagógica, como sí fue en el caso del priista Enrique Peña Nieto, que en 2013 en spots televisivos decía honrar a Lázaro Cárdenas mientras en el congreso su hampón Emilio Lozoya sobornaba a otros delincuentes para aprobar una reforma energética privatizadora.
¿De dónde viene la postura en favor del fortalecimiento de la rectoría estatal y la soberanía energética protagónica en el actual proyecto gobernante? El origen de las ideas está siempre en las condiciones históricas concretas, aunque en política a veces la inspiración o las lecturas de la historia —más allá de haberla o no vivido— ayudan a formar el ideario.
La distinción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su ideario como proyecto gobernante son distintas: su postura no nace sólo de inspirarse en gestas como la de Lázaro Cárdenas hace 85 años o sólo de leer al respecto, sino que surge de ser protagonista ante un episodio de la historia reciente: la reforma energética que propuso Felipe Calderón en 2008, que entrañaba un presunto régimen mixto que privatizaba Petróleos Mexicanos (Pemex) y permitía la entrada de petroleras foráneas, en un momento donde ese gobierno panista favorecía ilegítimamente a empresas como Repsol y Odebrecht.
Cuando Calderón propuso esa iniciativa de reforma al congreso, el 8 de abril de 2008, la única respuesta crítica provino del movimiento encabezado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, que sustentó su oposición en dos argumentos centrales: el primero de ellos era de carácter histórico-ideológico, al pronunciarse en favor de la completa rectoría estatal en el sector. El segundo era coyuntural pero de suma importancia: la denuncia sustentada de que la reforma privatizadora podría ser mascarada para corruptelas, como las perpetradas por Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación, quien, en abierto tráfico de influencias, había favorecido a su propia empresa, Ivancar, para firmar contratos ilegales en Pemex cuando él fungía como funcionario de la Secretaría de Energía.
Con esta articulación de premisas, la movilización contra la reforma de 2008 fue intensa y corrió por dos vías: una en el congreso, donde la mayoría de los diputados y senadores del entonces Frente Amplio Progresista —con la excepción de los oportunistas de Nueva Izquierd—- secundaron completamente esta tesis. Y la segunda fue la movilización en las calles, en ejercicios de protesta, acciones colectivas y socialización política. Los resultados fueron inéditos: el movimiento encabezado por López Obrador se tornó en el único actor político opositor a la reforma (ante la ausencia de las izquierdas sociales y el poco interés de la izquierda altermundista); el movimiento detuvo el albazo legislativo que planeaba Calderón y logró un debate enriquecedor inédito en el senado, que se prolongó por tres meses y que incluyó a expertos en la materia, y no sólo legisladores; logró la organización de una inédita consulta pública semiinstitucionalizada, a cargo del entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, en julio de 2008 y, más importante, logró en noviembre de ese año revertir las aristas más relevantes de la privatización calderonista.
Poco después, esa lucha fue una vertiente fundamental para la fundación de Morena: no sólo porque en esa coyuntura el movimiento aumentó su militancia (que pasó de 1.2 a 4 millones de militantes entre 2008 y 2011), sino porque tres postulados del futuro decálogo ideológico de la organización se sustentan en ese episodio de resistencia pacífica y de oposición legislativa debatiente de 2008.
El tiempo dio la razón al movimiento: la privatización de Pemex no es una idea compartida por la mayoría de los mexicanos y sólo a través de la corrupción del soborno pudo institucionalizarse en 2014 con Peña Nieto. El triunfo electoral de 2018 es, ante todo, no sólo una reivindicación del apetito de que esas corruptelas se destierren, sino de que se recupere la brújula soberanista en ese sector estratégico.
Esa es la clave para hacer una lectura adecuada del discurso de López Obrador emitido el sábado 18 de marzo, y una orientación acerca de hacia dónde deben mirar los aspirantes presidenciales si quieren identificarse con una causa, que aunque puede enriquecerse con los avances de la modernidad, no puede soslayar que va legitimada por una mayoría y por un episodio histórico que pondera la soberanía.
