No creo necesario reiterar los muchos argumentos que se han vertido aquí a favor de la recuperación del control nacional de la industria eléctrica en todas sus fases, particularmente, mediante el retorno del CENACE a la Comisión Federal de Electricidad; de los imperativos de soberanía y seguridad nacionales que justifican sobradamente la iniciativa de reforma que se debate; de la necesidad de garantizar de manera permanente precios accesibles para la electricidad; de la absoluta pertinencia de salvar a la CFE de la ruina a la que fue condenada por la reforma energética peñista;  de garantizar la explotación y el aprovechamiento del litio para el desarrollo y el bienestar del país.

Las razones que sustentan la propuesta de ley son tan poderosas que han ahuyentado de este foro a los buitres energéticos: Iberdrola, Águila de Altamira, Energía Valle de México, Saavi Energía y Fisterra Energy, Minera Autlán, Kimberly Clark, FEMSA…

Y es que esas empresas no tienen más razón que la ganancia desmedida, la depredación y el pillaje, prácticas legalizadas por la reforma peñista y que es urgente revertir por el bien del país. Esas empresas apuestan a otra clase de recursos para torpedear la iniciativa en comento: las campañas de falsedades  y difamaciones, la intoxicación de la opinión pública, las presiones furtivas y desestabilizadoras. Dicen creer en las energías limpias pero juegan sucio. Muy sucio.

Sin detenerme en los aspectos positivos, necesarios, indispensables, de la iniciativa de reforma eléctrica, me parece que le falta resolver aspectos fundamentales en lo que se refiere a desarrollo sostenible, investigación y desarrollo, empoderamiento ciudadano, derechos de los pueblos, perspectiva de género y transición energética. Varias de esas lagunas fueron ya señaladas en este foro por voces respetables. Menciono sólo una: la de la compañera Paulina Garrido, presidenta de la Unión de Cooperativas Tosepan, quien estuvo aquí el pasado 16 de febrero.

Empiezo por señalar la omisión de un sector social como productor, administrador y distribuidor de energía en un modelo de generación distribuida. Entre el 54% público y el 46% privado que contempla la iniciativa hace falta abrir un porcentaje para que comunidades, ejidos, cooperativas, barrios, multifamiliares y otras formaciones colectivas generen, distribuyan y administren electricidad, fundamentalmente para autoconsumo, y para efectos de uso doméstico, alumbrado público, bombeo, riego y operación de pequeñas instalaciones como beneficios, escuelas, clínicas, centros de reunión, templos, pequeños negocios.

Esa modalidad de producción se realizaría con tecnologías fotovoltaica, microhidráulica, microeólica, tal vez microgeotérmica, en una variedad de combinaciones entre la interconexión y la isla. Mantendría a los prosumidores a salvo de los vaivenes del mercado, sea cual sea el escenario político y económico, y liberaría progresivamente a la CFE de la carga que representa la generación y distribución a cientos de miles de usuarios. Tal vez, legisladoras y legisladores, el reservar un porcentaje de 3 o 4% al sector social sea sólo el punto de partida para llegar a un objetivo más ambicioso.

Postulo que es posible imaginar un escenario en el que toda la electricidad de bajo voltaje que se consume en el campo, en pequeñas localidades e incluso en barrios y colonias de las urbes, sea generada y gestionada de manera comunitaria por los propios habitantes.

Postulo asimismo que es necesario crear las condiciones para que ciudadanos y colectivos territoriales puedan convertirse en sujetos y protagonistas de la generación y la gestión de la electricidad. Ello redundaría en una cultura energética inestimable, en el fortalecimiento del tejido social y las formas de organización horizontales y verdaderamente democráticas y, a fin de cuentas, en un mayor bienestar.

Ello sería, además, un freno a la tentación desarrollista de incrementar indefinidamente la generación y el consumo eléctricos, una tendencia que a estas alturas resulta claramente insostenible. Si la aspiración de países como el nuestro es disponer de la misma electricidad per cápita que en Estados Unidos o Alemania, vamos en ruta al suicido planetario. Producir electricidad en unidades pequeñas y distribuidas es, en contraste, una contención a la fantasía de la electricidad sin límites.

Lo anterior va de la mano con el reconocimiento de los derechos de los pueblos, cito a Paulina Garrido, “por encima de los proyectos energéticos” y la inclusión del derecho a la energía como un derecho humano fundamental, más allá de la visión de mercado”. Y yo agrego: por encima de las razones de Estado, porque tenemos la experiencia del pasado reciente de megaproyectos gubernamentales que han sido tan depredadores y violatorios de los derechos de los pueblos como los meegaproyectos privados. De esas experiencias amargas surgió la oposición al progreso y al desarrollo a toda costa, que con frecuencia han sido sinónimos de la destrucción del entorno  natural y social.

Hoy, esta Legislatura tiene en sus manos la posibilidad de conciliar las necesidades del desarrollo nacional con lo que los pueblos nahuas de la Sierra Norte de Puebla llaman el Yeknemilis, que puede traducirse como la vida buena, y con el propósito de la Cuarta Transformación de asumir que el desarrollo debe impulsarse desde abajo y sin dejar atrás a nadie. Si la electrificación histórica de México avanzó de las ciudades al campo, hoy debemos plantearnos la ruta inversa: llevar la transición energética del campo a las ciudades. En el campo hay cursos de agua, hay sol, hay viento, hay extensiones de terreno para cultivar y cosechar el Sol. Debemos dejar de irrumpir en la vida de las comunidades con plantas generadoras de gigawatts y de impulsar, en cambio, pequeñas unidades de unos pocos cientos de kilowatts.

El siguiente punto, que también ha sido planteado aquí, se refiere a la necesidad de dotar a la iniciativa de perspectiva de género. No tengo cifras a la mano pero me parece obvio que si las mujeres han padecido desigualdad y discriminación en todos los ámbitos, es lógico que hayan sufrido también un menor acceso a la energía en todos sus aspectos: el tecnológico, el económico y hasta el de consumo. Pienso que sería imperdonable alentar la conformación de unidades colectivas o comunitarias de generación, gestión y distribución de electricidad sin garantizar legalmente la igualdad sustantiva en todos y cada uno de esos aspectos.

Para finalizar, expongo la necesidad de asegurar condiciones en el texto de la ley para que la transición energética no se traduzca en una mera importación masiva de insumos y materiales sino que de pie a una robusta tarea nacional de investigación y desarrollo a fin de impulsar tecnologías propias, generación de empleos, reindustrialización del país.

Pongo un ejemplo: el proyecto fotovoltaico de Puerto Peñasco requerirá de cientos de miles de páneles solares, toneladas de electrónica de control, kilómetros y kilómetros de cable, millones de conectores y muchísimo dinero en sistemas de almacenamiento y de respaldo. Si a la generación le agregamos la paulatina sustitución de combustibles fósiles en el transporte, resulta evidente que a transición energética nos abre un enorme mercado y la oportunidad inestimable de aprovecharlo para investigar, desarrollar patentes, invertir, producir, generar empleos y multiplicar ganancias. Pienso, por eso, que el impulso a la investigación y el desarrollo no debe quedar fuera de la iniciativa que se debate.