Pablo Gómez
El hecho de que uno de los creadores de la nueva reforma política sea Pablo Gómez retrata una continuidad democrática de la izquierda, desde 1968 hasta nuestros días. Dirigente de la oposición socialista, representante ciudadano en ambas cámaras del congreso, Pablo Gómez ha redactado muchas de las denuncias contra los sucesivos fraudes electorales que México ha padecido desde 1988 y, también, de las reformas a la constitución para evitar la inequidad entre partidos mayoritarios y minorías. En este ensayo, nos ofrece una síntesis de la actual propuesta de reforma del sistema democrático, con las lecciones de todo lo que no ha funcionado:
el dinero, los órganos electorales
y la representatividad.
Modificar el sistema de representación popular en los órganos colegiados del poder, reorganizar las instituciones electorales y reducir el gasto público electoral son las tres líneas principales de la propuesta en materia electoral presentada por Andrés Manuel López Obrador al congreso. Se trata de una reforma política, no sólo electoral.
El sistema mixto con dominante mayoritario, vigente hasta ahora, ha provocado una creciente falta de representación ciudadana. En la elección de las 300 curules uninominales, la mayor parte de los votantes se queda sin ser representada, pues muy pocas candidaturas alcanzan la mayoría absoluta, por lo que esa misma mayoría se convierte en el segmento que no elige diputado o diputada. En realidad, por lo regular, las y los legisladores uninominales lo son de minoría, al igual que los llamados plurinominales.
En cuanto a estos últimos, que son 200, la representación corresponde por entero a las direcciones nacionales de los partidos, pues las cinco circunscripciones en que se ha dividido al país son un simple arreglo político, un artificio partidocrático.
El sistema mixto mexicano es un método de elección en el que se diferencia a los representantes de una misma ciudadanía nacional: uninominales (300) y plurinominales (200). Se trata de una forma de compensar, hasta cierto punto, el sistema de una curul por cada distrito, heredado del método británico-estadounidense que ha prohijado sistemas bipartidistas. La corrección mexicana (1978-79), parcialmente copiada de Alemania, partió de la existencia de un partido que obtenía todos los distritos y quería conceder a los demás 100 curules “plurinominales”, una cuarta parte de la cámara de 400, pero nada en el senado. El aumento a 200 se introdujo en 1988, pero para que el partido oficial tuviera también acceso al reparto de plurinominales, atenuara sus eventuales pérdidas de distritos y garantizara su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con sólo continuar siendo el más votado del país. Las posteriores reformas no han hecho más que seguir dando vueltas a algunas reglas de este mismo mecanismo.
El gobierno propone ahora la creación de un sistema de representación proporcional pura, tanto en elecciones nacionales como en las de entidades y municipios. A cada estado y a la Ciudad de México se les dotaría de un número de curules según su población dentro de un total nacional de 300 diputaciones. Las candidaturas (de partidos o independientes) se presentarían en lista. La asignación se haría en cada entidad federativa mediante el conocido método de cociente natural y resto mayor. También se precisaría que el orden de las personas dentro de cada lista sería determinado por los y las votantes, quienes lo indicarían en la papeleta o en el mecanismo de voto electrónico.
Este mismo sistema se establecería para el senado, con tres escaños por entidad federativa, así como en los congresos locales y los ayuntamientos, haciendo el reparto con el mismo método, mediante el cual se asigna a cada partido o lista de candidaturas independientes tantos lugares como cocientes naturales (votos válidos totales entre el número de lugares a repartir) se contengan en su votación.
Con esta reforma casi todos los votos emitidos estarían representados en los órganos legislativos del país y en los ayuntamientos. Además, la forma de elección de los representantes populares sería la misma.
Al eliminar el sistema mixto y crear uno integral y nacional, la reforma propuesta por el gobierno acabaría con las sobrerrepresentaciones de algunos partidos y también erosionaría el monopolio que estos ejercen a través de sus respectivos órganos de dirección.
La formación de un instituto federal y 32 institutos locales, orgánicamente independientes, fue expresión de la crisis del método del fraude electoral en todas sus modalidades, pero no lo eliminó, como tampoco resolvió el lastre del financiamiento ilícito. Durante décadas, el Instituto Federal Electoral-Instituto Nacional Electoral (IFE-INE) y sus homónimos locales, así como el Tribunal Electoral, estuvieron apegados a designios provenientes de los gobiernos en turno. Esto se debió, entre otros factores, a la forma de designación de consejeros y magistrados, mediante la cual los partidos se repartían los lugares, depositando toda la fuerza institucional en los acuerdos entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Durante los últimos tres años, la conducta de institutos y tribunales ha pasado de estar apegada al gobierno en turno a expresar intereses de las fuerzas opositoras. Ambas pautas de comportamiento son igualmente contrarias al principio de imparcialidad.
Al romperse el esquema de poder PRI-PAN y conformarse una nueva mayoría política, la crisis del esquema institucional se ha hecho más abierta en tanto que consejeros y magistrados han dado un brinco: se han convertido en destacados opositores. Es claro, por tanto, cuál fue su origen, pero también se ha hecho más evidente que las instituciones no funcionan como elementos imparciales dentro de la lucha por el poder. He aquí el mayor problema. Se requiere, por tanto, una reorganización de la autoridad electoral, tanto la administrativa como la jurisdiccional.
Hoy, al consejo del Instituto Nacional Electoral lo designa la Cámara de Diputados, mientras que a los magistrados los escoge el senado entre ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El proyecto del gobierno propone que tanto unos como otros sean elegidos en votación universal, directa y secreta de la ciudadanía. Cada poder (ejecutivo, legislativo y judicial) propondría diez candidatas y diez candidatos, para un total de 60 aspirantes a cada institución, quienes tendrían derecho de exponer previamente sus puntos de vista a través de los medios de comunicación.
El método es innovador, pero no tan raro en la historia. Mas el problema es que en México se han intentado varios mecanismos y ninguno ha dado los resultados prometidos. Es necesario vincular a consejeros y magistrados con un mandato popular que pudiera ser sostén de su independencia y probidad.
México es el país con mayor gasto electoral. Desde que se proclamó la independencia orgánica de las autoridades administrativas y judiciales se produjo un gigantismo burocrático cada vez mayor debido a la interinfluencia del poder político y las instituciones electorales. El INE tiene 332 juntas ejecutivas, a las que se agrega un número similar de juntas en los llamados OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales), que son los organismos de las entidades federativas. Como las elecciones se realizan cada tres años, toda esa estructura carece de funciones precisas durante dos terceras partes del tiempo, pero tiene enormes gastos de operación: hiperburocracia. El INE, por su lado, puede asumir legalmente todas las funciones de cualquier OPLE, cuando quiera y como quiera, algo que ya ha llevado a cabo.
El problema quizá no sea sólo el hecho de que México se convirtió sin motivo válido en el país que más gasta anualmente en el aparato electoral permanente, sino también que esos presupuestos operan, justo, en contra de la independencia de las instituciones.
Las autoridades electorales en todo el mundo se despliegan cuando hay elecciones, mediante instrumentos orgánicos que no son permanentes, sino que se conforman para realizar actividades específicas por un periodo determinado. En México, la existencia simultánea del INE y los OPLES carece de sentido práctico, pero expresa relaciones políticas de la vieja forma de gobernar, pues el primero designa a los directivos de los segundos, con lo que se reproduce a sí mismo por cuenta de las entidades federativas que sufragan gastos innecesarios pero que resultan ser instrumentos de reparto político de posiciones. Lo mismo se puede decir de los inútiles tribunales electorales de las entidades federativas.
En la reforma de 1978-79, la izquierda y la derecha panista, cada cual por su lado, exigieron acceso a medios de comunicación y, más tarde, subsidio en los procesos electorales. El llamado financiamiento ordinario de los partidos se introdujo ante los escandalosos recursos públicos que el gobierno transfería en efectivo al PRI, y pronto se expandió a los estados. El partido del gobierno debía recibir dinero legalmente y para ello era indispensable una ley que ordenara pagos mensuales durante todos los años con el fin de sostener a las burocracias de los partidos. Los emolumentos son iguales sobre el 30 por ciento de la bolsa y proporcionales a los votos obtenidos por cada partido sobre el 70 por ciento restante del fondo autorizado. El PAN amenazó con no aceptar el dinero y, luego, con no usarlo en sueldos, pero lo hizo.
Las transferencias legales permanentes de dinero público no funcionaron como maniobra política porque, ostensiblemente, el PRI siguió requiriendo y obteniendo grandes sumas de procedencia ilícita, como se advirtió en el escandaloso caso conocido como Pemexgate (2000), el cual incluyó, por cierto, gastos de precampaña de Francisco Labastida. En el PAN, ese mismo año, se financiaron en forma ilegal gastos de precandidatura y candidatura de Vicente Fox. El mayor financiamiento ilícito ha sido probablemente el de precampaña y campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
La iniciativa actual conserva el acceso permanente de los partidos a radio y televisión, pero sólo mantiene el financiamiento monetario para las campañas, considerando que ese gasto se dirige hacia un ejercicio democrático: la votación, que requiere la mayor difusión de los nombres y las propuestas de partidos, listas independientes, y candidatos y candidatas. El régimen de aportaciones de personas físicas, antes y durante los periodos electorales, se regularía de tal forma que fuera posible evitar la compra de partidos y candidaturas por parte de individuos con poder económico.
Es como volver a empezar… casi.
