El gobierno de Beltrones respondió con las
típicas actitudes y maniobras del autoritarismo
del PRI

La Unison, entre sus vicisitudes políticas y la incomprensión de su entorno

Desde su fundación en 1942, la Universidad de Sonora fue considerada por los habitantes del estado como su mayor proyecto cultural, el medio por el cual sus hijos accederían a la educación para mejorar su calidad de vida. La institución ha sido pionera en investigación y un foco de difusión cultural. Una gran cantidad de cuadros profesionales, de la burocracia estatal y de los dirigentes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil de la entidad han egresado de sus filas.

En un estado conservador, la universidad, al fin caja de resonancia de los procesos sociales, cuenta en su haber con diversos movimientos estudiantiles: en 1967 reaccionó a la imposición del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador, Faustino Félix Serna; en 1972-73 demandó cambios a su ley orgánica; en 1978 respondió a la reelección del rector Alfonso Castellanos Idiáquez;  en 1979 protestó por la imposición de exámenes de admisión. En cada uno de estos hechos la respuesta del gobierno fue la represión y la cárcel.

En 1976 se iniciaron los trabajos de la burocracia universitaria para generar un proyecto de modernización de las estructuras universitarias, denominado como departamentalización, que rompía frontalmente la organización clásica de escuelas, así como con las estructuras de poder en la institución. Este proyecto se puso en marcha en 1978 y un año después se implementó un examen de admisión, que como decíamos provocó una fuerte protesta estudiantil ante la que se desencadenó la represión contra los estudiantes.

En 1982 la Unison estaba sumida en una profunda crisis sumada al desgaste político del rectorado de nueve años de Alfonso Castellanos, además de la situación no resuelta de contar con dos modelos de administración universitaria: por un lado las escuelas, que contaban con la representación política ante el Consejo Universitario, y por el otro los departamentos, que iban creciendo en población estudiantil y profesorado pero carecían de representantes en el mismo Consejo.

Esta situación fue la matriz de la que surgió un nuevo rectorado proveniente de la oposición al régimen, con el ingeniero Manuel Rivera Zamudio a la cabeza. La nueva administración trajo consigo grandes cambios: la resolución de la crisis de organización académica con la creación de un modelo híbrido escuelas-departamentos; la ampliación de la oferta educativa y el crecimiento de la planta académica; la promoción de la investigación y, conjuntamente con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), un agresivo programa de formación de profesores en estudios de posgrado y la promulgación del estatuto de personal académico, que convertía a la Unison en una de las pocas universidades públicas en tenerlo en ese momento.

Junto con estos proyectos, se amplió la participación de académicos y alumnos en la toma de decisiones y se implementaron mecanismos de elección de autoridades mediante el voto de académicos, estudiantes y trabajadores en acuerdos con órganos colegiados que no estaban normados en la ley.

Fue con estos mecanismos como en 1989 llegó a la rectoría el matemático Marco Antonio Valencia, quien, si bien obtuvo la mayoría de los votos, no contaba con el apoyo de las estructuras de decisión dentro de la universidad: el Consejo Universitario y los Consejos Directivos de las escuelas y departamentos. En la búsqueda de mayor espacio, Valencia ignoró los acuerdos y procedimientos previos para la elección de autoridades, generando un serio enfrentamiento político con las comunidades académicas, el Consejo Universitario y la Comisión de Hacienda, nombrada por el propio Consejo. Este fue el ambiente universitario que encontró en 1991 Manlio Fabio Beltrones en su campaña a la gubernatura.

La imposición de la ley 4

Dos aspectos hay que remarcar del entorno respecto a la imposición de la ley 4 orgánica de la Universidad de Sonora: en primer lugar, el proyecto modernizador de la educación superior del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, caracterizado por  la descentralización; la marginación de los sindicatos; la evaluación y la rendición de cuentas como condicionante al financiamiento; la promoción del cobro de cuotas;  una mayor vinculación entre el sistema educativo y el sistema productivo, y el énfasis puesto en la calidad por sobre la atención de los servicios. Para poder implementarlo era necesario “poner orden” en las universidades,^[1] una mayor supervisión estatal^[2] y una mayor influencia de ciertos sectores sociales externos en la educación.^[3] Es decir, la modernización se debía imponer políticamente a las instituciones.

Un segundo aspecto lo constituyeron las presiones de la derecha local. Investigadores como Armando Moreno Soto^[4] aseguran que, al ser nombrado candidato, Beltrones sostuvo una reunión con empresarios sonorenses en desacuerdo con su candidatura, quienes le exigieron que “calmara” a la universidad. La derecha estaba inconforme con los procesos democráticos en la Unison.

En estas condiciones, el 25 de noviembre de 1991 el congreso de Sonora, después de una farsa de consulta a la comunidad, aprobó la ley 4. Previamente se dieron diversos actos de presión del gobierno estatal contra los universitarios, por medio de ataques de prensa, el corte de la energía eléctrica a la escuela, el embargo del subsidio a la institución por parte del estado y la introducción de una auditoría acompañada de presiones a actores políticos.

La nueva ley rompió frontalmente con la estructura y mecanismos de gobierno existentes, introdujo una Junta Universitaria conformada mayormente por actores externos a la universidad, minimizó la participación estudiantil en los órganos colegiados, impuso el cobro de cuotas a estudiantes e implementó mecanismos verticales que otorgaban al rector el poder en el nombramiento del resto de las autoridades.

Desde que se presentó el proyecto de ley se dieron movilizaciones en contra, inicialmente impulsadas por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) y el mencionado STAUS, y después por el Comité de Estudiantes de la Universidad de Sonora (CEUS), principal protagonista del movimiento de protesta contra la imposición.

El CEUS, con una organización informal que agrupaba a activistas, tuvo una gran capacidad de convocatoria, de tal manera que llegó a organizar las mayores marchas que se dieron en la entidad en décadas. Y junto con ello desarrolló nuevas y creativas formas de protesta, como una huelga de hambre. Otro aspecto muy importante fue su lucha contra las manipulaciones de la prensa.

El gobierno de Beltrones respondió con las típicas actitudes y maniobras del autoritarismo del PRI: persiguió y encarceló a miembros del aparato financiero de la universidad; a dos dirigentes sindicales (uno de ellos que acudía a negociar con el secretario de gobierno) y a estudiantes. Junto con una agresiva campaña mediática,  pretendió generar un ambiente de terror entre la disidencia.

En este marco, ante la nula respuesta del gobierno y el endurecimiento de sus acciones, el CEUS organizó una llamada marcha del desierto al Zócalo. La manifestación partió de Hermosillo con destino a la Ciudad de México el 13 de mayo de 1992, arropada con una multitudinaria manifestación de despedida. En su paso por diferentes localidades fue recibida y apoyada por organizaciones estudiantiles y sociales. Notablemente se cuenta la recepción en Guadalajara por parte de la Federación de Estudiantes, que, entendiendo el significado de la lucha de sus pares sonorenses, unió sus demandas contra el cobro de cuotas.

La marcha llegó a la Ciudad de México el 13 de agosto de 1992. Quince días después, por intermediación de Manuel Camacho, entonces jefe del Departamento del Distrito Federal (DDF), el gobernador Beltrones y líderes del CEUS firmaron un acuerdo de solución al conflicto de la Universidad de Sonora, que incluía algunos puntos importantes para el movimiento estudiantil.

Si bien la marcha no logró su objetivo primario de revertir la imposición de la ley 4, sí tuvo el impacto de alertar a las burocracias universitarias y a las autoridades educativas contras las posibles consecuencias de una modernización salvaje, tal y como se impuso en la Unison, y sobre todo dejó la llama encendida de la oposición, que se mantiene hasta la actualidad.

La ley 4 ha dejado en la universidad la imposición acrítica de las políticas neoliberales, y una autonomía mocha y tutelada que se materializa con la Junta Universitaria, máxima autoridad de la institución, cuya labor es designar al rector sin procedimientos ni criterios claros, así como expedir el reglamento general.

Junto a todo lo anterior, la llamada ley Beltrones excluye la participación de los estudiantes y maestros en la designación de autoridades, que alcanzan su puesto por lealtades y complicidades al grupo en el poder, mientras que los órganos colegiados son poco representativos, donde prácticamente es nula la discusión. Decisiones trascendentes como las que discuten el modelo educativo han intentado imponerse sin consenso entre los profesores y estudiantes, generando grandes conflictos internos. Para coronar esto, la medida ha traído el manejo opaco y discrecional de los recursos económicos, con un crecimiento descontrolado del personal de confianza y el congelamiento de plazas de tiempo completo.

2018, renace la esperanza

A partir de la esperanza surgida del triunfo presidencial en las urnas de Andrés Manuel López Obrador y las conquistas adquiridas por el movimiento en la legislatura estatal, resurgió la posibilidad de reformar la ley 4. Grupos de profesores acudieron a los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con propuestas de modificaciones legislativas que fueron retomadas por la diputada Ernestina Castro. Sin embargo, las condiciones políticas del momento no permitieron que la propuesta fuera aprobada.

En 2021, Alfonso Durazo, abanderado por Morena y partidos coaligados, obtuvo la gubernatura de Sonora. En diferentes ocasiones ha manifestado la posición de que la ley 4 debe modificarse en un sentido pleno de democratización. López Obrador ha expresado la necesidad de que la universidades se democraticen, reduzcan sus burocracias y transparenten el uso de los recursos. Actualmente han resurgido las manifestaciones y la organización de profesores, estudiantes y trabajadores, con el apoyo del STAUS, que impulsan el cambio de legislación.

Las propuestas de cambio de ley se encuentran en discusión, por ello, con los mismos ideales que animaron la marcha del desierto al Zócalo, seguiremos impulsando la democratización de la universidad, la supresión del cobro de cuotas y la autonomía universitaria.

^[1] Kent, Rollin (1997). “Las políticas de educación superior en México (1989-1993)” en Sylvia Ortega Salazar y David Lorey (coords.), Crisis y cambio de la educación superior en México. Ciudad de México: UAM-LIMUSA.

^[2] Miranda, C. A. G. (2021). “Crónica del movimiento estudiantil de 1991 en la Universidad de Sonora”, Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, 5 (1), pp. 147-155.

^[3] Sánchez Herrera, S. (2007). El proyecto educativo y el proyecto económico en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 1988-1994.

^[4] Cejudo Ramos, Denisse de Jesús, La Universidad en el Naufragio. El Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora y el conflicto por la modernización, 1991-1992, Hermosillo, Universidad de Sonora, 2020. Disponible en: https://doi.org/10.47807/UNISON.1