El mayor acierto de la propuesta educativa de la 4T hasta el momento ha sido cambiar la conversación.
Para el sistema educativo mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha implicado una sacudida mayor. Un giro de 180 grados en prioridades, instrumentos y contenidos. También, y quizá sobre todo, un proyecto de transformación de fondo en el modo de concebir el lugar y el propósito de la educación en nuestra vida colectiva.
Se ha tratado de una sacudida necesaria, dadas las múltiples debilidades de nuestra educación escolarizada y, sobre todo, de la incapacidad de la política educativa, desde la década de 1990, de cumplir su promesa de lograr, a través de la educación, promover menores niveles de desigualdad y más crecimiento económico. Una sacudida que abre posibilidades para transitar hacia escuelas capaces de contribuir a impulsar la igualdad y la inclusión sociales, pero que, también, presenta riesgos y puntos ciegos importantes.
Una agitación necesaria
Tras la crisis de la década de 1980, México adoptó un modelo de economía abierta con baja regulación y orientado a las exportaciones, que incluyó una importante apuesta por aumentos en grados de escolaridad y calidad educativa para promover el crecimiento económico incluyente. La apuesta consiguió crecimientos importantes en grados de escolaridad, al pasar de 6.5 años a 9.7 años en promedio, pero no logró promover un desarrollo ni dinámico ni incluyente.
La explicación más socorrida para dar cuenta de estos resultados es que no se atendió el problema de la calidad educativa, que siguió siendo muy deficiente. Los datos muestran, sin embargo, que, si bien los avances en calidad fueron limitados, la restricción de fondo no estuvo en el sistema educativo; tuvo más bien que ver con la incapacidad de la economía mexicana de generar empleo productivo en cantidad suficiente para absorber al creciente número de jóvenes mexicanos que egresaban con mayor escolaridad en busca de trabajo. El mejor indicador de ello es que, si bien el premio salarial a mayor escolaridad se ha mantenido, de mediados de la década de 1990 en adelante los salarios reales de los trabajadores con mayor escolaridad, controlados por calidad, son los que han experimentado un mayor decrecimiento.
Al igual que muchos otros países en los que el modelo neoliberal, lejos de premiar en los hechos más y mejor educación, terminó ampliando la desigualdad y la exclusión social dada su incapacidad para crear empleo digno y productivo en cantidades suficientes, en México esto resultó muy conveniente para “explicar” ese fracaso y legitimar el paradigma neoliberal en su conjunto, centrar las acciones gubernamentales y, sobre todo, el discurso de la política educativa en el problema de la falta de calidad de los aprendizajes. Muy conveniente, pues permitió sacar de la conversación pública el problema de fondo y, al mismo tiempo, usar la bandera de la calidad educativa para responsabilizar de los bajos rendimientos de la inversión en educación en términos de crecimiento e inclusión al sistema educativo, y muy particularmente a los docentes y a sus sindicatos.
Desde que estaba en campaña, López Obrador manifestó un abierto rechazo al modelo neoliberal, incluyendo su componente educativo. Incluir arengas sobre educación le permitió capitalizar electoralmente el fuerte descontento de los docentes con la reforma de Enrique Peña Nieto, una entre varias emprendidas desde finales del siglo XX y la que con mayor contundencia abrazó el discurso de la calidad de los aprendizajes, para centrar sus baterías en debilitar a las organizaciones gremiales, así como en responsabilizarlas de la incapacidad del proyecto neoliberal para cumplir su promesa de hacer de la educación el motor del crecimiento socialmente incluyente.
El fracaso del proyecto neoliberal en materia educativa en México permite explicar la notoria falta de resistencia social frente al rompimiento de la llamada cuarta transformación con ese modelo. También contribuye a entender por qué la sacudida subsecuente era necesaria.
Cambio de paradigma
En educación, la 4T supuso un rompimiento abierto con el modelo hegemónico en México y en el mundo operativo desde los años 2000.
El giro ha tenido como norte central el fortalecimiento de la escuela como mecanismo clave para promover la inclusión social y ha involucrado cuatro cambios centrales.
Primero, la introducción de reformas constitucionales y legales orientadas a revertir la reforma educativa de 2013-2018, a dignificar al magisterio —tanto en términos simbólicos, como de condiciones laborales— y a pacificar su relación entre el gobierno federal.
Segundo, un cambio completo en las prioridades, que sustituyó el foco anterior, centrado en la calidad de los aprendizajes, por un énfasis casi exclusivo en la expansión de la cobertura, el fortalecimiento de la permanencia en la escuela y el logro de trayectorias escolares completas, en particular en los sectores poblacionales con mayores carencias.
Tercero, la cancelación de una gran variedad de programas educativos federales y una muy significativa ampliación de las becas directas a estudiantes, que se han convertido en el instrumento central empleado por el gobierno para promover aumentos en acceso y permanencia escolar.
Cuarto, el impulso a cambios curriculares muy amplios y de fondo para la educación Básica —o sea, preescolar, primaria y secundaria—, bajo el nombre de Nueva Escuela Mexicana, que enfatizan la adquisición de saberes compartidos frente a los aprendizajes cognitivos individuales, priorizan los saberes locales frente a los generales, buscan fortalecer los vínculos entre escuela y comunidad, y plantean el reemplazo de la educación tradicional por materias por la enseñanza a través de proyectos.
Aciertos y potencialidades
El mayor acierto de la propuesta educativa de la 4T hasta el momento ha sido cambiar la conversación. En concreto, dejar de focalizar todo el discurso y la discusión en el asunto de la calidad educativa, lo que ha permitido colocar en el primer plano los temas que conciernen propiamente al sistema educativo y que tienen que ver con su responsabilidad directa en promover más inclusión social y menos desigualdad.
Esto, sin embargo, conlleva riesgos importantes. Si bien hubo algunos logros en la materia en el periodo neoliberal, la calidad educativa siguió siendo muy baja y empeoró de forma muy significativa durante la pandemia. Minimizar la importancia de la calidad de los aprendizajes y desocuparse de buscar mejorarla resultaría muy grave, pues si bien es cierto que mejores aprendizajes sin empleo productivo suficiente no se traducirán en prosperidad compartida, también es cierto que muy bajos niveles de calidad limitarán el crecimiento. Resulta muy grave, además, puesto que la calidad educativa influye en el tipo de adulto al que contribuye a formar la escuela y sobre qué tanto la escuela logra o no reducir la desigualdad y promover la inclusión social efectiva.
La altísima prioridad otorgada, desde 2019, a aumentar las cobertura y permanencia escolar como medios para fortalecer la inclusión social permitió contener y, durante el ciclo escolar 2022-2023, empezar a revertir el aumento en abandono escolar provocado por la pandemia, en particular en el bachillerato y entre los sectores de menores ingresos. También generó mejoras en la eficiencia terminal en el conjunto del sistema educativo. Falta, con todo, mucho en cobertura, pues a pesar de los logros mencionados durante el ciclo 2022-2023 se situó todavía por debajo de la observada en el ciclo escolar 2017-2018: casi cinco puntos en el caso de educación básica y tres para la media superior.
En lo que hace a los instrumentos de la política educativa, el cambio más importante ha sido la centralidad asignada a las becas directas. Su notable ampliación, financiada no con aumentos en el gasto, sino con reducciones en otros rubros, seguramente contribuyó a frenar el abandono escolar. Dados sus efectos positivos, convendría ampliarlas, por ejemplo a la secundaria, a fin de limitar los costos de seguir reduciendo el presupuesto asignado a programas federales y centros escolares para financiar becas directas a los estudiantes; sin embargo, resultaría clave encontrar la manera de aumentar el gasto educativo total.
Otro acierto se liga en revertir el discurso que responsabilizaba a los docentes de los problemas educativos y en invertir ese esfuerzo en contener el deterioro en sus condiciones salariales y laborales. Estos cambios han contribuido a pacificar la relación entre el gobierno y el magisterio organizado y han generado condiciones propicias para que los docentes participen como aliados voluntarios en la instrumentación del nuevo proyecto educativo del gobierno. De ser posible, convendría hacerlos extensivos al ámbito medio superior, nivel educativo en el que las condiciones laborales y salariales de los docentes siguen siendo muy precarias.
Puntos ciegos, riesgos y prioridades hacia adelante
Todo esto, sin embargo, también presenta puntos ciegos importantes y entraña riesgos considerables que resultará fundamental atender.
Los tres puntos ciegos más importantes de la visión y las acciones en educación de la 4T son la falta de atención a la calidad educativa, la ausencia de una definición clara sobre cómo vincular la política educativa y la política económica para promover crecimiento económico más dinámico e incluyente, y la baja prioridad asignada a contar con procesos administrativos efectivos y robustos. Atender estas fallas resultará clave para la continuidad, limitar los costos y actualizar las potencialidades del nuevo proyecto educativo, que haga de la educación escolarizada una plataforma efectiva para reducir la desigualdad e incrementar tanto la inclusión como la cohesión social.
Hay mucho trabajo por hacer en materia de calidad, pero resultaría clave priorizar dos asuntos centrales. Primero, apuntalar la capacidad de docentes, directivos y escolares para asegurar el aterrizaje exitoso en aula de los planteamientos curriculares y pedagógicos de la Nueva Escuela Mexicana, pues si bien contiene elementos valiosos, sus componentes no están bien articulados entre sí y presentan debilidades graves en aprendizajes habilitantes, como las matemáticas y la lectoescritura. De no atenderse estos problemas, existe un riesgo alto de que esta nueva escuela termine reduciendo la calidad educativa aún más y, luego, limitando el papel del acceso a la escuela como mecanismo de inclusión social.
Segundo, dedicar mucha mayor atención y recursos a asegurar que la ampliación de la cobertura no siga implicando acceso a servicios educativos de cada vez peor calidad. Importa invertir más atención y recursos en este tema, pues, de no hacerse, la expansión de la cobertura escolar no se traducirá en inclusión social efectiva y continuará contribuyendo a reproducir y exacerbar la desigualdad social.
Para promover una mayor y mejor vinculación entre educación y empleo productivo que contribuya a impulsar prosperidad compartida, lo más relevante sería diseñar una política industrial de nueva generación que incluyese acciones específicas para la educación media superior y la superior. Al respecto, convendría generar una oferta amplia y de alta calidad de microcertificaciones en saberes y habilidades para la empleabilidad (dentro y fuera de los programas de estudio existentes), así como ofrecer apoyos especiales a aquellos campos formativos vinculados a los sectores y procesos productivos con mayor potencial de crecimiento en distintas regiones del país.
En materia de procesos administrativos, el área en la que habría que concentrar mayores esfuerzos es la de construir un sistema de información confiable y robusto para el conjunto del sistema educativo. Invertir en ello tendría muy altos rendimientos, pues permitiría mejorar la eficiencia y la efectividad de todas las acciones en política educativa, particularmente las que tienen que ver con definición de prioridades, así como con el monitoreo y seguimiento de la ejecución de esas acciones en centros escolares y aulas. Una segunda iniciativa a considerar sería la de fusionar las Subsecretarías de Educación Básica y la de Educación Media Superior en una sola que regule y atienda al conjunto de la educación obligatoria, para promover una mejor articulación entre primaria y secundaria y, sobre todo, entre secundaria y el nivel medio superior, cosa que contribuiría a apuntalar trayectorias escolares completas y a atender la necesidad de fortalecer aprendizajes escolares.
La sacudida en educación que atestiguamos ha removido inercias y rigideces de larga data, contiene potencialidades importantes para transitar hacia un sistema educativo en el que las escuelas se conviertan en plataformas efectivas para promover la reducción de la desigualdad y la inclusión social.
Para actualizar esas potencialidades y fortalecer la capacidad del sistema educativo, a modo de contribuir a la prosperidad compartida, resultará indispensable ocuparse de acotar sus riesgos y solventar sus puntos ciegos. Tres en particular: atender la necesidad imperiosa de reconciliar ampliación del acceso a mayores niveles de escolaridad con fortalecimiento de la calidad de los aprendizajes escolares; impulsar la vinculación estratégica con los sectores productivos más dinámicos en el caso del bachillerato y la educación superior; y darle atención prioritaria a los procesos administrativos y los dispositivos técnicos requeridos para apuntalar la eficiencia y efectividad de las acciones en política educativa, mismas cuyos efectos dependen centralmente de la continuidad y calidad de su ejecución a nivel de aula y centro escolar.
