Para avanzar en la soberanía del sector energético es imprescindible una reforma de fondo del poder judicial y revertir los cambios constitucionales introducidos por el neoliberalismo.

Una de las características del neoliberalismo, aplicado salvajemente en países no desarrollados, es la privatización de lo público con el fin de beneficiar a intereses privados, principalmente los de grandes transnacionales.

En el caso de México, el sector energético no fue la excepción. Desde el gobierno del priista Miguel de la Madrid hasta el del también priista Enrique Peña Nieto, pasando por los dos sexenios panistas, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el objetivo era desaparecer empresas esenciales para el Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De hecho, en el sexenio de Calderón (2006-2012) desaparecieron Luz y Fuerza del Centro, empresa pública del sector eléctrico que daba servicio, principalmente, en el Valle de México.

Se abandonaron las instalaciones de nuestras empresas energéticas, se descuidó el mantenimiento y, de manera soterrada, se fueron entregando sectores a empresas extranjeras. Este proceso, que inició en 1982, se cristalizó con la reforma energética de 2013, con la que se modificó el artículo 27 constitucional con el fin de otorgar, legalmente, contratos a privados sin poner ningún tipo de candado: ni candados al porcentaje de participación de empresas privadas ni candados a la participación de empresas extranjeras, tal y como se hace en otros países con el fin de proteger a su sector energético nacional.

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), México entró en dependencia energética a partir de 2013, justo el año en el que se impuso la reforma energética neoliberal (de la que hoy sabemos que incluso fue aprobada mediante sobornos a legisladores).

Esta es parte de la situación que heredó la larga noche del neoliberalismo al gobierno de la 4T, a finales de 2018.

Abandono de la inustria petrolera

En el caso de nuestra industria petrolera, los neoliberales, adrede, abandonaron nuestras refinerías y nuestra industria petroquímica. Recordemos que del petróleo no sólo se producen gasolinas, diésel, naftas y queroseno, sino que también se fabrican plásticos, asfalto, fertilizantes, solventes, refrigerantes, resinas, emulsificantes, envases, calzado, poliéster, explosivos, pinturas, anticongelantes y un largo pero largo etcétera.

El abandono de nuestras refinerías nos llevó a la necesidad de tener que importar una cantidad creciente de gasolinas, de otra manera nuestro país se paralizaría por su falta. En 2004 importábamos apenas 98 mil barriles diarios de gasolina y diésel, mientras que refinábamos un millón 463 mil barriles diarios. A finales de 2018 ya sólo estábamos refinando 612 mil barriles, menos de la mitad de lo que se producía 14 años antes, e importando 834 mil barriles diarios, más de ocho veces lo que se importaba en 2004, de los cuales casi 600 mil barriles correspondían a gasolinas y 240 mil a diésel.

Importar significa comprar en el extranjero y, por lo tanto, significa dinero que se paga en dólares (o en euros o en alguna otra divisa) y que sale del país.

El dinero pagado por importación de petrolíferos (gasolinas, diésel y queroseno) pasó de 2 mil 400 millones de dólares en 2003 a 30 mil millones en 2018, 12 veces más que en 2003.

El gobierno de la 4T encontró nuestras refinerías totalmente subutilizadas y semiabandonas, produciendo apenas un 23 por ciento de la capacidad instalada (360 mil de una capacidad instalada de un millón 540 mil barriles diarios), algo verdaderamente absurdo y sin parangón en ningún lugar del mundo. Específicamente, a finales de 2018 se producían apenas 207 mil barriles diarios de gasolinas.

De manera responsable, eficiente, lógica y nacionalista, el gobierno de la 4T se planteó como objetivo el aumento de nuestra capacidad de refinación, que sigue siendo deseable en el próximo sexenio.

Fueron tres las medidas para recuperar nuestra capacidad de refinación: rehabilitación de las seis refinerías con las que contaba el país, adquisición del 51 por ciento de la planta de Deer Park, en Texas, con el fin de tener el control total, y construir una nueva.

Con la primera medida, para 2022 aumentó la refinación de petróleo de 360 mil barriles diarios a 686 mil, reduciendo nuestro déficit, que pasó de 900 mil barriles diarios a 600 mil; y, por lo tanto, comenzamos a ahorrar miles de millones de dólares en importación.

Con la primera y la segunda medida, y con el inicio de la producción en la refinería de Dos Bocas, a finales de 2023 estaremos refinando un millón 110 mil barriles diarios, reduciendo el déficit a sólo 232 mil barriles.

Finalmente, con las tres medidas, a finales del sexenio se estarán refinando en nuestro país un millón 360 mil barriles diarios, reduciendo el déficit a sólo 34 mil barriles, apenas una tercera parte de lo que importábamos en 2004. Así, casi habremos regresado a nuestra autosuficiencia en petrolíferos.

Ese camino sigue siendo perfectamente válido: aumentar nuestra capacidad de refinación para exportar petrolíferos en lugar de petróleo crudo, con lo que aumentarían nuestros ingresos gracias al valor agregado.

Otra medida deseable para un segundo sexenio de la 4T es la de recuperar nuestra industria petroquímica.

Un panorama parecido en el gas natural

La misma situación pasó con el gas natural. En 1997 éramos prácticamente autosuficientes. Nuestras necesidades eran del orden de 3 mil 300 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), mientras que nuestra producción era de alrededor de 3 mil 200 MMpcd, por lo que sólo importábamos alrededor de 100 MMpcd. Sin embargo, después de las políticas neoliberales, en las que se dejó de invertir en exploración y en producción, un punto de quiebre relevante se dio en 2010, durante el sexenio del panista Felipe Calderón, pues a partir de ahí comenzó una declinación más fuerte en nuestra producción. Ese año producíamos alrededor de 5 mil MMpcd, sin embargo, nuestras necesidades eran ya del orden de los 6 mil MMpcd, por lo que la importación era ya de mil MMpcd, 10 veces más que 13 años antes.

A la llegada del gobierno de la 4T, a finales de 2018, producíamos poco menos de 3 mil MMpcd. Sin embargo, nuestras necesidades habían crecido a poco más de 8 mil MMpcd, por lo que la importación de gas natural era ya de poco más de 5 mil 300 MMpcd. Tal volumen de importación nos estaba costando ya más de 100 mil millones de pesos al año: es decir, una enorme cantidad de recursos económicos que salían del país.

La falta de soberanía energética le cuesta muy cara a cualquier país. En el caso del gas natural ya tuvimos un aviso, cuando en febrero de 2021, a causa de una onda gélida histórica en Texas, su gobernador, Greg Abbott, dio la orden de cerrarle la llave del gas a México y parar las exportaciones. Tal medida provocó apagones masivos en los seis estados colindantes con Estados Unidos —Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, que dejaron sin energía eléctrica a 4.7 millones de personas, cifra que se elevó a 5.9 millones debido a los necesarios cortes programados que hubo después en 23 estados.

Las consecuencias del cierre del gas texano a México provocaron pérdidas de al menos 54 mil millones de pesos en los seis estados fronterizos del norte del país, 2 mil 600 empresas afectadas y dificultades para unos 4.3 millones de trabajadores.

A lo anterior habría que agregar otros 80 mil millones de pesos que le costó a la CFE restablecer el servicio regular de energía eléctrica en todo el país. La falta de soberanía en gas nos costó entonces más de 130 mil millones de pesos por tan sólo cuatro días de ausencia del energético. Y esto es porque a nivel internacional, con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) relativos a 2018, el gas natural contribuye con el 28 por ciento de las necesidades energéticas de la industria, un 38 por ciento del servicio residencial y un 32 por ciento de las necesidades de los servicios.

Además, en el caso de nuestro país, nuestra matriz energética implica que el 60 por ciento de nuestra energía eléctrica es producida a partir del gas natural.

Por lo anterior, un objetivo esencial en el próximo sexenio es recuperar nuestra soberanía energética de gas natural para garantizar, a buenos precios, gas para la industria, las familias, los servicios y la generación de energía eléctrica.

¿Y la electricidad?

Con respecto a la energía eléctrica, los gobiernos neoliberales abrieron por la puerta de atrás (mediante leyes secundarias) violaciones flagrantes al artículo 27 constitucional, que prohibía a privados generarla. Este artículo fue modificado, incluso mediante sobornos, con la reforma energética de 2013, impulsada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Esta reforma abrió de par en par las puertas de la generación de energía eléctrica a trasnacionales privadas, las que para 2018 controlaban ya el 48 por ciento. Una proyección hecha por la CFE mostraba que para finales de este sexenio los privados, principalmente transnacionales extranjeras, iban a estar generando el 70 por ciento y para finales de la década el 85 por ciento. Esto significaba ni más ni menos que la desaparición del sector eléctrico nacional a favor de intereses extranjeros, tal y como pasó con nuestro sistema bancario.

El gobierno de la 4T revirtió este nefasto proceso. Con la adquisición de 13 plantas de generación a la transnacional española Iberdrola, hoy CFE está generando el 55 por ciento, mientras que los privados se encargan del 45 por ciento restante, tal como la situación existente en 2017.

Sería deseable que en el siguiente sexenio se siga con este proceso y se llegue a niveles como los de la empresa estatal francesa Électricité de France (EDF), la que prácticamente acaba de ser nacionalizada por el gobierno de Emanuel Macron, al pasar de un control estatal del 84 al actual 97 por ciento.

La recuperación de nuestra soberanía energética es deseable y hay que tratar de hacerla posible, pero no es sencilla, pues los neoliberales dejaron todo un andamiaje jurídico, así como a integrantes del poder judicial con el fin de defender intereses extranjeros en detrimento de los nacionales. Por lo que para avanzar en la soberanía del sector energético es imprescindible una reforma de fondo del poder judicial y revertir los cambios constitucionales introducidos por el neoliberalismo.

No se pueden revertir en un solo sexenio los daños ocasionados por la larga noche de seis sexenios de neoliberalismo en México.