El principio de soberanía articuló el concepto de Estado, dotando al país de identidad desde su nacimiento independiente, en 1821. Diversos textos constitucionales relacionan al principio como escudo contra cualquier intento de justificar posibles invasiones extranjeras La soberanía es capacidad de acción, decisión e implementación de políticas para la independencia y el desarrollo de la nación.
Timbre de orgullo
El sector energético representa un estandarte en la memoria de varias generaciones, su simbolismo está marcado por la conquista del sector petrolero y eléctrico, la recuperación y auge de las dos empresas más grandes del país: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es inobjetable que, en sí mismas, ambas son símbolos nacionales, piedras angulares de la estabilidad económica y agentes del desarrollo nacional.
Esta historia se remonta a más de un siglo: con todo lo amargo que tuvo el porfiriato, también allanó el camino de los intereses privados sobre lo público. Los derechos de explotación del subsuelo fueron parte de ese abanico. Porfirio Díaz derogó el Código de Minas, renunciando en favor del sector privado los derechos inalienables e imprescindibles de la nación, permitiendo sin necesidad de concesión la explotación libre de los recursos del subsuelo.
Una vez avanzada la Revolución mexicana y publicada la constitución de 1917, se emitió la legislación petrolera, que en su corazón reafirmó la soberanía sobre los recursos del subsuelo, las fuentes y depósitos naturales de crudo. Esta modificación limitó el derecho concedido a particulares para la explotación de los recursos petroleros, ya que no era absoluto o definitivo, y permitió al Estado su enajenación y transmisión. Sin embargo, los intereses privados se posicionaron sin mucha dificultad sobre el sector. En aquellos años, los derivados del petróleo habían probado ser un recurso estratégico. La Primer Guerra Mundial dejó claro que las potencias con acceso a la materia prima tendrían un sólido ariete en caso de que las hostilidades comenzaran de nuevo.
Lázaro Cárdenas conquistó la soberanía petrolera 20 años después de publicada la ley del sector. Las confrontaciones, rupturas, arreglos y soluciones de este momento han sido estudiadas por historiadores del más alto nivel, Lorenzo Meyer entre los más destacados. El resultado de la emancipación de los intereses privados sobre el petróleo de la nación fue también una conquista de los trabajadores, si no es que primero lo fue de ellos. Desde entonces, el petróleo ha llenado las arcas públicas con recursos económicos por su explotación. En el mundo son pocos los países que tienen la fortuna de contar con esta materia prima y México descansó buena parte de su política económica y tributaria en los yacimientos petroleros.
La industria eléctrica tardaría un tanto más en integrarse al programa de desarrollo de gobierno. De 1910 a 1937, la industria eléctrica quedó bajo control de dos empresas extranjeras: la Mexican Light and Power Company, de Canadá, y la American and Foreign Power Company, de Estados Unidos, que sólo daban cobertura al 50 por ciento de la población. En 1937, nuevamente dada la sensibilidad estratégica del general Cárdenas, creó la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, coexistiendo con las dos empresas extranjeras.
Tres décadas después, el presidente en turno, Adolfo López Mateos, con firme convicción y visión de país, ante el alza en las tarifas y la falta de inversión de los privados en el sector, decidió que el Estado ejerciera el control directo sobre la industria, decretando la nacionalización de las empresas extranjeras en 1960.
Es un discurso estampado en la memoria de muchos, instó al pueblo a recordar que la industria es exclusiva propiedad de la nación, pidió no ceder ni un paso —con la entereza que tuvo el presidente Cárdenas—, “porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas intentarán entregar de nuevo el petróleo y los recursos a los inversionistas extranjeros”. Y así fue, cuando en la década de 1990 comenzó la privatización de la industria energética, cediendo soberanía, flexibilidad de política pública y acción gubernamental, ante lo que para el gobierno fue la modernidad política y económica.
Sector estratégico
Posterior a la Segunda Guerra Mundial, comenzó una nueva época en la historia geológica del mundo, avanzamos en el auge económico en virtud del petróleo barato, que, con el posterior crecimiento exponencial de precios y una drástica caída en la década de 1970, se sentarían las bases y se sumaría a las variables que dieron forma a la idea neoliberal de gobierno de las siguientes décadas. Fue entonces que las grandes potencias sofisticaron su entendimiento del control energético y configuraron sus economías.
La historia moderna de Estados Unidos tiene una intrínseca perspectiva energética. La constante búsqueda de independencia energética del vecino del norte dilucida la capacidad de un país de producir toda la energía que consume, y con argumentos de sobra se puede demostrar que ha sido eje de la política económica y exterior del país. Cada presidente estadounidense, desde Richard Nixon hasta Donald Trump, buscaron la soberanía mediante la independencia energética. En 2007, George Bush hijo firmó la ley para la seguridad e independencia energética.
Para 2019, Washington logró su independencia energética, Donald Trump celebró lo que llamaría una política de dominio energético; o sea, el uso de la energía como instrumento de control geopolítico: de manera directa, dejar sin suministro; y de manera indirecta, influir en el precio de los energéticos.
En 2022, con el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, los precios del gas y el petróleo comenzaron su escalada, siendo uno de los enclaves de la inflación internacional recién vivida. En menos de un año, los precios mayoristas de la electricidad y el gas se multiplicaron hasta quince veces. Este avance tuvo efectos en la política pública de las potencias europeas, incluyendo límites a los precios minoristas, tarifas reguladas, programas de apoyo para empresas con alto consumo energético y respaldo financiero para empresas energéticas, incluyendo la nacionalización. El motivo fue la dependencia de energéticos y la nula visión de seguridad energética en los casos más graves.
Aunque el proceso de crecimiento de precios fue generalizado e internacional, el gobierno de México garantizó el abasto de combustibles y logró contener la inflación general a través de la implementación de políticas mediante Pemex y la CFE. Esto redujo sustancialmente el costo fiscal de sus políticas. En comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México erogó recursos, entre subsidios e incentivos fiscales, por alrededor de 19 mil millones dólares y tuvo una inflación energética bastante menor al resto, en torno al cinco por ciento. Francia, que tiene una empresa estatal, destinó 2.8 por ciento de su producto interno bruto (PIB), 70 mmil millones de dólares, con una inflación del 24 por ciento.
Los países sin empresas estatales tuvieron inflaciones más altas y gastaron recursos superiores: Alemania, 35 por ciento; Italia, 51; y el Reino Unido, 47 por ciento de inflación, gastando respectivamente 264, 90 y 97 mil millones de dólares.
Sin soberanía, ¿qué perdemos?
El neoliberalismo es el desmantelamiento continuo de la presencia del sector público en la vida de la población, la apertura comercial sin control al capital extranjero, la tenue supervisión y desregulación de los mercados, así como la supresión de las conquistas laborales, con el propósito de figurar como un potencial territorio de inversionistas globales en el marco de la inserción del país en la economía mundial.
Los gobiernos priistas y panistas de las últimas décadas cedieron la política energética al capital privado, comenzando con el sector eléctrico, vía obediencia al proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el que se abrió la oportunidad para iniciar la desregulación y liberalización de la generación eléctrica en México. Con las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se estableció que las empresas estadounidenses y canadienses podrían adquirir, establecer u operar plantas de generación de tres tipos: para autoabastecimiento, para aprovechar el calor de los procesos industriales (cogeneración) y para vender toda la electricidad producida a la CFE (productores independientes).
Con el inicio del nuevo milenio, en el 2000, México intensificó la pérdida intencional y continua de soberanía energética, cuyo ciclo culminó en 2015, cuando por primera vez el país dejó de producir más energía de la que consumía. Esto vino acompañado del desmantelamiento de las empresas energéticas más grandes, así como de un redireccionamiento de la industria, promoviendo la dependencia de firmas extranjeras, principalmente de Estados Unidos.
Soberanía energética para nuestras generaciones
El desarrollo del sector energético en México ha estado íntimamente relacionado con el apuntalamiento de las empresas estatales más grandes del país. La complejidad que tiene el sector se expresa por su transversalidad en la actividad económica: basta pensar que cualquier bien contiene en sí un componente de energía.
El fortalecimiento de Pemex y la CFE, iniciado en 2019, consideró dos premisas: reforzar la infraestructura existente y ampliar la capacidad instalada de la planta productiva y el saneamiento financiero de las dos. Los últimos datos muestran una mejora sustantiva de las capacidades de producción de ambas, el incremento de los ingresos y disminución de la deuda.
El papel del sector energético público considera el principio de soberanía, con un gobierno sensible a las necesidades de empresas y familias. Sobre todo, se espera que un gobierno humanista sea guiado por principios políticos y económicos, donde lo social no es ajeno, asegurándose que el fin último del Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias. Donde su ingreso y bienestar no se vea afectado por la pérdida de poder adquisitivo a raíz de cambios en los precios influidos por el deseo de extraer una mayor renta, gestados en alguna oficina del extranjero.
