Resalta la necesidad de repolitizar el concepto de salud y considerarlo como un derecho fundamental.
Si subimos el Cerro Colorado y volteamos hacia el oeste veremos ante nosotros una rampa natural compuesta por higuerillas, flor de borrego y dedos de dama. Desde la cima, al mirar al norte, nos topamos con un paso en la estepa, delimitado por altos mástiles metálicos. Esa es la frontera. La tierra al otro lado del paso pertenece a otro país, aunque la montaña sea una sola, el cielo encima de ella sea igualmente azul y la arena soleada, extendida con tanto esplendor ante nuestros ojos, pueda parecer estar al alcance de una pedrada.
Sobre estos parajes, las aguilillas de cola roja revolotean en lentos círculos altísimos, planeando de un lado a otro de la “frontera imaginaria”. Bajo las copas de los ennegrecidos pinos silvestres y los robustos pirules, en medio de sombras color cenizo, los venados se deslizan en silencio; pisan con delicadeza, como si llevaran pantuflas. A veces, con suma rareza, se puede ver al puma, distraído, moviéndose de prisa y como si estuviera siempre atemorizado y triste. En este reino de verde silencio, estos habitantes transitan sin preocupaciones entre fronteras humanas, pues para ellos es la misma tierra, la misma montaña y el mismo cielo.
Bajo nuestros pies, en la jungla de asfalto, se vislumbran los fantasmas gigantes de metal, desmantelados hace más de una década. Son vestigios fordistas de periodos de bonanza nacional y las huellas de su desaceleración constante. Hasta el 2008, el producto interno bruto (PIB) de la industria farmacéutica en México mostraba un promedio anual constante, paralelo a la manufacturera. No obstante, a partir de ese año la producción de fármacos experimentó un decrecimiento precipitado y constante en su relación relativa respecto al PIB nacional. Esta disrupción en el fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional fue resultado de decisiones orientadas en beneficio de mercados extrarregionales.
Gráfica 1. Tasa anual (%) de crecimiento acumulado del PIB manufacturero y farmacéutico, 2004-2019.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, la eliminación del denominado “requisito de planta” para la importación de medicamentos benefició a las empresas trasnacionales y generó la contracción del crecimiento de la productividad nacional en materia de insumos para la salud. Este fue uno de los elementos trascendentales que condujeron a la pérdida de la soberanía en el ámbito. Dos décadas después, la irrupción de la COVID-19 develó las graves consecuencias de priorizar el libre mercado sobre la salud. Con el cierre de las fábricas de insumos sanitarios y medicamentos se puso de manifiesto la pérdida de la capacidad para enfrentar los estragos que causó la pandemia sobre la población.
Y así, al igual que mar adentro, donde se difumina la frontera entre naciones, en el país se fue perdiendo la soberanía en salud. De acuerdo con el título segundo, capítulo I, de la constitución mexicana de 1917, “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público se dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Cabe referir que esta idea de soberanía tiene como antecedente el trabajo de Jean-Jacques Rousseau, quien lo teorizó en el Contrato social de 1762.
Los sistemas de salud se conforman de manera que influyen en los mecanismos sociales, políticos y económicos, institucionalizados en arenas de lucha que marcan las pautas para la disolución de aspectos intangibles, como los modelos de atención o nociones simbólicas de salud, y aspectos concretos, como equipamientos, infraestructura o recursos de atención.
En México, en 1980 se data el inicio de una serie de reformas sanitarias enfocadas en la reconfiguración del financiamiento, privatización de lo público rentable, selectividad de intervenciones, focalización de poblaciones, el impulso al aseguramiento individualizado y la conformación de paquetes básicos de atención. Estas medidas desdibujaron la responsabilidad del Estado en la estructura sistémica y generaron una lógica de empresarización de los servicios públicos de salud. De acuerdo con varios estudios sobre determinantes sociales y transiciones epidemiológicas, la nueva lógica mercantil de la atención a la salud provocó, por un lado, polarización epidemiológica, exponiendo a zonas habitadas con altos índices de rezago social y marginación a una concentración mayor de enfermedades, e incluso la muerte. Por otro lado, también provocó cierta regresión sanitaria, ya que enfermedades previamente erradicadas, como el cólera, sarampión, paludismo o dengue, resurgieron como problemas de salud colectivos.
El neoliberalismo llevó a la conformación de una compleja “desorganización lucrativa” en el ámbito de la salud disfrazada de mercado organizado. Cuanto más desorganizado es un sistema de salud, más gastos de bolsillo público y poblacional ocasiona. En este tenor —y con el sistema de salud segmentado en tres campos de atención: seguridad social para trabajadores con empleo regularizado, atención para personas que no disponían de seguridad social y servicios de salud privados—, la instalación del mercado a favor del lucro y no del derecho era inevitable.
Decenas de actores ocuparon nichos abandonados por el Estado, adquiriendo no sólo capacidades para intervenir en la toma de decisiones políticas de salud, sino también la potestad de condicionarlas y boicotearlas gracias al fuerte poder de cabildeo, lo que se conoce como lobby en Estados Unidos. Dicho poder propició una práctica social a nivel mundial conocida como “mercantilización de la función pública”, con la finalidad de utilizar tanto “información privilegiada sobre el modus operandi de las principales agencias públicas” como posiciones políticas para beneficio propio. Un ejemplo ilustrativo es la denuncia presentada por El Poder del Consumidor ante la Función Pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, desenvuelto entre 2012 y 2018. Entonces se señaló a personal clave de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por favorecer los intereses de una transnacional como cocacola en lugar de cumplir su rol como defensores de la salud pública, favoreciendo un etiquetado que no alertaba sobre el alto contenido de azúcares perjudiciales para la salud del consumidor.
Fue esta desorganización lucrativa lo que generó enfrentamientos entre actores por un porcentaje de recursos económicos del sector salud, unido a un incremento del gasto público innecesario destinado a servicios y prestaciones privadas. Esto sedimentó la desorganización lucrativa como parte esencial del proceso de inequidad en el acceso a la salud, conformando un sistema de atención que agregó cientos de intermediarios que lucraban sin agregar nada, ni a favor del sistema ni de la población.
Los costos del desmantelamiento y desorganización del sistema de salud por parte de un Estado que perdió su soberanía en materia de salud se tradujeron, a lo largo de 40 años, en deterioros importantes e irreversibles en la morbimortalidad de varias generaciones de habitantes, y en desigualdad e inequidad en el acceso a la atención. Ahí resalta la necesidad de repolitizar el concepto de salud y considerarlo como un derecho fundamental. Esto implica cuestionar la perspectiva que limita la salud a la atención médica, así como analizar los roles asignados a los ciudadanos y a diversas instancias estatales en contexto.
La fauna autóctona de las montañas camina por la estepa sin conocimiento alguno de los vestigios políticos de antaño, ajena a la pérdida de soberanía que encaran sus vecinos los humanos. El día llegaba a su fin, y nos dirigíamos a lo alto del cerro en busca de un lugar para contemplar el atardecer. Las imponentes y vacías estructuras férreas, como fantasmas en reposo, aguardaban dormitando a la espera de un resurgir que impulse la recuperación de la soberanía y que priorice, por encima de los intereses individuales, el derecho a la salud.
Fijamos la mirada en el horizonte marítimo, donde las fronteras pierden su valor, y el sol nos privilegia con su último rayo verde del día.
Referencias
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