*Subsecretario de Educación Superior, Secretaría de Educación Pública (SEP)
Otra expresión de la mercantilización de la educación superior es la imposición del criterio de calidad y evaluación con arreglo a unidades de medida universalizadas y estandarizadas, estrechamente relacionadas con el ingreso para generar puntos en un tabulador ligado a la clasificación y pauperización de los y las académicas.
Exponemos en este escrito cómo la educación superior entendida como un derecho humano es instituyente de prácticas sociales que permiten desarrollar sujetos políticos capaces de transformar la realidad y en ello enfrentar las prácticas neoliberales de mercantilización y privatización de la enseñanza.
La relación mercantilizada,[1] como tendencia global, entre sujetos e instituciones de educación superior a partir del valor de cambio reemplaza el vínculo entre humanos, así como en su relación comunitaria. Los sujetos sólo representan el valor de cambio en cuanto tal y el dinero se ha convertido en el nexo entre ellos.[2]
El eslabón que enlaza la mercancía con el conocimiento es el sujeto que tiene como medida de las cosas el valor en dinero de la venta de su fuerza de trabajo. Este “actor” nutre con su “trabajo abstracto a la megamáquina de la valorización del capital, de cuyo funcionamiento, por otra parte, no asume responsabilidad alguna, ya que lo experimenta como regido por leyes naturales inasequibles a su propio actuar”, semejante a las leyes de la naturaleza o de la sociedad, que rigen su trabajo científico.[3]
De esta manera, se expropia el conocimiento colectivo a favor de la acumulación privada, beneficiada por el régimen de propiedad intelectual, para así controlar el proceso de generación y difusión de conocimiento y el control sobre el ciclo de vida de los sujetos, ya sean docentes, investigadores o los propios estudiantes.[4]
Otra expresión de la mercantilización de la educación superior es la imposición del criterio de calidad y evaluación con arreglo a unidades de medida universalizadas y estandarizadas, estrechamente relacionadas con el ingreso para generar puntos en un tabulador ligado a la clasificación y pauperización de los y las académicas.
Ni qué decir de la imposición de un cierto tipo ciencia que da prioridad a problemas cuya resolución proporciona mayores beneficios económicos, con una tendencia en la generación y difusión del conocimiento que se financia con recursos públicos pero que sólo habla el lenguaje de la “innovación” para fundamentar “el rentismo y el goce monopólico del beneficio”.[5] El ejemplo más claro fue que entre 2009 y 2017 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) destinó recursos públicos a fondo perdido a empresas por más de 24 mil 448 millones de pesos. De estos, el 30 por ciento, es decir, 7 mil 367 millones de pesos, fueron para 512 grandes firmas, la mayoría trasnacionales.[6]
Desde este primer gobierno de la cuarta transformación, la llamada 4T, se ha construido una política de educación superior que enfrenta la mercantilización y la privatización para que los sujetos sean capaces de autotransformarse y autodeterminarse a sí mismos, dando pie a un principio de transformación social desde la comunidad.[7]
El referente de ruptura y al mismo tiempo elemento fundante de múltiples políticas y estrategias en la educación superior que tienen como finalidad el bienestar de la población, es el derecho humano a la propia educación.
Este derecho se revela como una praxis instituyente, vinculada con las luchas sociales, especialmente las de orden territorial que antecedieron a su definición en el artículo tercero de la constitución y la ley general de educación superior recién publicada. Esta transformación de la educación superior se da en el contexto de luchas sociales, especialmente del magisterio y de las y los normalistas, ligadas a una praxis pedagógica instituyente y transformadora en la que intervienen sectores populares críticos y reflexivos[8] como el de las maestras y maestros, pero también los pueblos indígenas y afromexicanos, las y los estudiantes normalistas, y las mujeres. Sólo cuatro ejemplos de políticas de Estado:
- La cobertura de la educación superior en México entre jóvenes de 18 y 23 años ocupa el penúltimo lugar de América Latina; es decir, sólo 42.6 por ciento de ese grupo etario se encuentra en las Instituciones de Educación Superior (IES). La política de Estado de la 4T adquirió una perspectiva espacial y no sectorial para ampliar la cobertura desde las condiciones concretas de cada territorio, pero también para disminuir las brechas que existen entre ellos. Al menos 18 entidades federativas se encuentran por debajo de la media nacional en términos de cobertura y, si bien han avanzado en este indicador, la distancia con respecto a la media nacional se ha multiplicado dos, cinco, 10 o 15 veces con respecto a hace 20 años. Ante ello se figuran las más de 100 unidades de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) que se propone lleguen a ser 200; así como se contempla la creación de múltiples extensiones, universidades interculturales, tecnológicas, oolitécnicas e institutos tecnológicos. A pesar de la pandemia de covid-19, el nivel de educación aumentó la cobertura y logró el último año absorber al 83 por ciento de las egresadas y egresados de nivel medio superior.
- El derecho humano a la educación contiene una perspectiva decolonial con los pueblos y comunidades y el país en general; por esta razón, se ha colocado al centro de la política de educación superior la interculturalidad, ya que permite abrir camino a una política de corte epistémico y territorial, así como de modificación del propio Estado mexicano para pensar la diversidad como elemento básico en la construcción de relaciones en la docencia, investigación y vinculación de las instituciones de educación superior, así como relaciones interculturales de interdependencia, solidaridad y colaboración en el territorio[9] desde una perspectiva de derechos humanos. Testimonio de ello es el trabajo desarrollado en 13 universidades interculturales en diferentes entidades federativas, que atendieron en el ciclo 2021-2022 a una matrícula de 18 mil 498 estudiantes, donde el 62.3 por ciento son mujeres. Esto también se mira en la creación de otras universidades, como la Afrouniversidad Politécnica de Oaxaca, la Universidad del Pueblo Yaqui, las Universidades Interculturales de Colima, Guanajuato, Baja California, Campeche, Tlaxcala, entre otras (mientras están en proceso la Universidad de la Mujer, en Aguascalientes, con una perspectiva intercultural y la Universidad Intercultural de Nayarit); producto todas del diálogo y trabajo conjunto, directo y dependiente con las comunidades.
- La construcción de un andamiaje, desde el congreso, de delegadas y delegados en las escuelas normales en 2019, elegidos democráticamente en las 32 entidades federativas para analizar, debatir y generar consensos nacionales, con un acompañamiento desde lo político por el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, que derivó en el codiseño de 18 planes y programas de estudio para la educación normalen 2022.
- La atención de la violencia de género en las instituciones educativas ha llevado a establecer una acuerdo nacional, en confluencia con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para la elaboración e instrumentación de mecanismos que prevengan, atiendan y sancionen el hostigamiento y el acoso sexual, elaboren diagnósticos y convenios con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres, y den atención especializada a las víctimas de violencia de género en las instituciones de educación superior.
Además, nos resta presentar el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces); el Sistema Nacional de Evaluación; las coordinaciones estatales para la planeación de la educación superior (Coepes); y, entre un sinfín, transformaciones como las de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), las del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y las Universidades Politécnicas y Tecnológicas; así como varias reformas universitarias (como la de la Universidad Autónoma de Zacatecas) que presentaremos en otra ocasión.
Estén ciertos que la 4T tiene también rostro y fuerza desde la educación superior.
[1] Álvaro García Linera (2015), Forma valor y forma comunidad, Quito, Traficantes de Sueños, p. 90.
[2] Anselm Jappe (2016), Las aventuras de la mercancía, La Rioja, Pepitas de Calabaza, p. 60.
[3] Claus Peter Ortlieb (2014), “Objetividad inconsciente. Aspecto de una crítica de las ciencias matemáticas de la naturaleza”, en Anselm Jappe et al, El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Ensayos sobre el fetichismo de la mercancía, La Rioja, Pepitas de Calabaza, pp. 174-179.
[4] Andrea Fumagalli (2010), Bioeconomía y capitalismo cognitivo. Hacia un nuevo paradigma de acumulación, Madrid, Traficantes de Sueños, pp. 96, 97, 108 y 274.
[5] José Guadalupe Gandarilla Salgado (2020), “La Ciencia sin adjetivos. De los neoliberales asintomáticos”, Memoria, núm. 274, p. 54.
[6] Arturo Sánchez Jiménez y Laura Poy Solano, Conacyt dilapidó más de $24 mil 448 millones en fondos perdidos, La Jornada, 18 de enero de 2019.
[7] Bolívar Echeverría (2008), “La modernidad americana (claves para su comprensión)”, en Bolívar Echeverría (coord.), La americanización de la modernidad, México, Era, pp. 44-46.
[8] David Sánchez Rubio (2018), Derechos humanos instituyentes, pensamiento crítico y praxis de liberación, México, Akal, pp. 10-11.
[9] Daniel Mato (2017), “Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Interpelaciones, avances, problemas, conflictos y desafíos”, en Daniel Mato (coord.), Educación superior y pueblos indígenas en América Latina, Ciudad de México, UNAM, p. 40.
