Necesitamos no sólo lograr los cambios legales que se han visto obstaculizados y que estaban incluidos en el plan B, sino sobre todo alcanzar las reformas incluidas en el plan A.
Aunque el título de este texto pareciera describir la intención y necesidad de un triunfo electoral contundente en el 2024, hay algo que no se logra visibilizar y que aludiré en repetidas ocasiones, me refiero al plan A.
Algunas de las iniciativas de reformas legales y constitucionales que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del proyecto político de la cuarta transformación se han visto limitadas, obstaculizadas e incluso boicoteadas en el Congreso de la Unión por parte de los y las legisladoras que integran el denominado bloque opositor.
Me refiero a las iniciativas de gran calado, como la electoral, la eléctrica o la de minería, que tuvieron que convertirse en reformas legales dado que no había las condiciones —ni la voluntad política— para poderlas instrumentar como constitucionales, pese a que en el caso específico de estas dos últimas se buscaba recuperar la soberanía sobre nuestros bienes naturales, así como la capacidad de gestión de nuestras industrias nacionales, que durante años les fueron entregadas al poder económico en el modelo neoliberal.
Pese a que estas reformas —entre muchas otras más— fueron presentadas por el titular del ejecutivo y respaldadas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en ambas cámaras, todas ellas fueron impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisamente por el bloque opositor, que se han convertido no en la oposición a Morena o al gobierno, sino en verdaderos opositores a la transformación profunda de este país, peleando para mantener sus privilegios y sus millonarios negocios, sobre todo.
Por su parte, la SCJN ha venido concediendo en distintos momentos y con distintos razonamientos suspensiones e incluso impedimentos legaloides para evitar que esas reformas legales surtan sus efectos; es decir, mientras en un frente el bloque opositor pretende mantener sus negocios y sus privilegios boicoteando la labor legislativa, por el otro frente la Corte y algunos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) cierran la pinza para evitar que esas reformas surtan sus efectos en beneficio de la población, manteniendo en los hechos un trato preferencial para los grupos de poderosos que gobernaron durante décadas este país.
Ante este juego de posiciones políticas —porque aunque las y los ministros de la Corte argumenten que sus decisiones son jurídicas, todos juegan en el terreno de lo político al tomar sus decisiones—, la presidencia de la república ha tenido que salir a informar a la ciudadanía sobre el rol que juegan en el tablero político tanto la oposición parlamentaria, como la “oposición judicial”, pues ambas continúan frenando algunas de las grandes transformaciones legales que este gobierno ha querido impulsar.
A la necesidad de promover iniciativas legales en vez de constitucionales se le denominó coloquialmente el plan B, haciendo referencia a que el plan A, que implicaba las reformas constitucionales, no se había logrado.
Sin embargo, ha quedado olvidado en los recuentos legislativos que lo que se buscaba realmente eran las reformas constitucionales de gran beneficio social que se construyeron e idearon como parte de ese plan A, que obtuvo su primer descalabro con la votación de la reforma en materia eléctrica.
Lamentablemente, las reformas del plan B también se vieron impugnadas y detenidas por la SCJN, que actuó como parte de la “oposición judicial”, por lo que el presidente López Obrador llamó a impulsar lo que tituló el plan C, que implica alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones del 2024 para lograr que Morena y nuestros partidos aliados alcancemos una representación superior a las dos terceras partes que se necesitan para aprobar las reformas constitucionales pendientes.
Actualmente Morena gobierna 22 de las 32 entidades federativas que tendrían que participar también en el proceso de reforma constitucional, pues recordemos que se necesitan dos tercceras pares del Congreso de la Unión y cuando menos 16 votos de las legislaturas estatales para considerar que una reforma ha sido avalada por el poder constituyente permanente.
Sería previsible adelantar que los congresos estatales de las entidades gobernadas por Morena respaldarían las eventuales reformas constitucionales, sin embargo, el verdadero reto se encuentra en lograr una importante representación en el congreso federal que nos permita como movimiento de transformación nacional consolidar los cambios legales que hasta el día de hoy no se han logrado.
En 2018, se obtuvieron 30 millones 113 mil 483 votos en la elección para presidente de la república lo que significó el 53.19 por ciento de la votación total emitida, mientras que para la elección de diputadas y diputados se alcanzó la cifra de 23 millones 513 mil 132 votos, lo que representó 42.01 por ciento del total sufragado. Finalmente en lo que respecta al senado, los votos obtenidos fueron 23 millones 754 mil 422, 42.23 por ciento.
Con los votos alcanzados en el Congreso de la Unión en 2018, Morena y sus aliados no logramos tener una mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes de ambas cámaras, pues en promedio se alcanzó un porcentaje de 42 por ciento, esto es, 11 puntos porcentuales por debajo de la votación total alcanzada en la elección presidencial.
De acuerdo con estas cifras, Morena y sus aliados deberíamos alcanzar una cifra que rondara los 33 millones de votos no sólo para mantener la presidencia con un margen similar al obtenido en 2018, sino sobre todo para poder obtener las mayorías que se necesitan en el legislativo federal.
Sabemos y estamos convencidas de que el reto no es menor y de que la tarea no es nada sencilla, pero confiamos en que los logros, avances y procesos de transformación del actual gobierno federal nos ayudarán a concientizar a los y las mexicanas sobre la necesidad imperiosa de que continúe la cuarta transformación y que sus políticas de cambios radicales incluso se profundicen.
Necesitamos no sólo lograr los cambios legales que se han visto obstaculizados y que estaban incluidos en el plan B, sino sobre todo alcanzar las reformas incluidas en el plan A; es decir, la reforma electoral, la eléctrica, la energética-petrolera, la de minería, la del poder judicial y otras más que México necesita.
Debemos, además, comprometernos con el plan C para lograr los cambios legales, constitucionales, sociales, económicos y culturales que México necesita, así como seguir trabajando para lograr la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, pues tal será la única vía para vencer a la oposición política y a la judicial, que tanto daño le siguen haciendo a nuestro país.
