Construir una defensoría del pueblo debe ser una propuesta seria, no sólo un guiño para que los organismos encargados de defender, asistir y representar personas tengan un buen eslogan.
No es sencillo articular en torno a principios específicos las medidas, acciones y reformas relacionadas con la justicia en lo que va de este gobierno. Considero que es buen tiempo para distinguir nuestras preguntas esenciales y las respuestas que hemos dado: diferenciar las preguntas de las respuestas es importante para tener a dónde regresar cuando las respuestas se agoten o muestren su ineficacia. En esta reflexión abordaré algunas de las reformas y propuestas que considero más importantes e intentaré diferenciar la finalidad perseguida del medio empleado para aportar a la búsqueda de la definición de estos principios.
Recuperar la legitimidad del Estado a través de la justicia
Inicio con la reforma laboral, la más importante del sexenio en materia de justicia y, quizá, a mediano y largo plazo, la que más aportará a la construcción de un país más próspero, seguro y pacífico. No exagero: el trabajo es un terreno lleno de asimetrías en donde el más débil siempre pierde y donde se teje el primer hilván de la cultura del descarte, que termina por descobijar grandes sectores de la población, considerados como sustituibles en el mejor de los casos y desechables en la versión más deshumanizada.
Uno de los grandes errores del modelo neoliberal fue creer que el respeto a la ley y la legitimidad del Estado sólo se logran con castigo y mano dura, por esto no es casual que nuestra noción de justicia nos lleve exclusivamente a imágenes del derecho penal, cárceles y policías. Para que el desmantelamiento del Estado de bienestar fuera sostenible, era necesario un proyecto cultural que sustituyera el miedo a la enfermedad, el hambre y la falta de acceso a una vivienda digna por una amalgama conformada por el miedo al delito y el sentimiento de inseguridad.
El ámbito laboral es, por excelencia, donde los derechos se experimentan de manera directa, y las leyes, las instituciones y el Estado en general se encuentran en su calidad de garantes frente a los intereses del poder económico. Por medio del derecho laboral la población puede entender al derecho como una herramienta que protege lo esencial frente a las vicisitudes de la vida: el descanso, la enfermedad, los accidentes, la maternidad, la paternidad, etcétera. Tambien es la oportunidad para que el Estado se manifieste a través de árbitros imparciales, cercanos y sensibles a las necesidades de las familias de los trabajadores. Por medio del fortalecimiento del sistema de justicia laboral, la reforma busca transformar radicalmente la forma en que las personas experimentan la relación con el Estado y con miras a que lo asuman no como una carga o una organización ajena a su vida cotidiana, sino como un respaldo presente en la defensa de su dignidad frente al poderoso.
Privilegiar la conciliación para reducir tiempos, pasar de juntas de conciliación a tribunales, establecer procesos y dotar de herramientas para lograr la autonomía sindical, son sólo algunos de los cambios que implica la reforma laboral. Por medio de estas transformaciones la reconstrucción de la legitimidad del Estado aparece claramente como un objetivo, y hacerlo desde la justicia, del lado da las trabajadoras y trabajadores, es uno de los grandes aciertos, que se tiene que dimensionar como tal.
Defensa de lo público y combate a la impunidad
Para que el derecho penal tenga fuerza simbólica se requiere, dentro de varios factores, que la comunidad aprecie una injusticia detrás de cada conducta descrita como delito. Si la conducta está tipificada pero la sociedad no la considera reprochable, la persecución de esa conducta a lo mucho será reconocida como un objetivo del gobierno en turno y no como una consecuencia para quien atenta contra la comunidad. En este sentido, más allá de generar nuevos tipos penales para proteger los recursos y bienes públicos, la tarea ha consistido en recuperar una noción ética de los recursos públicos y bienes de la nación como algo que pertenece a la comunidad, y así, quien los aprovecha para fines egoístas lo hace en perjuicio del pueblo.
Para lo anterior, además de impulsar una nueva ética pública en torno al uso eficiente y honesto de los recursos públicos, se propusieron medidas procesales para endurecer la respuesta estatal frente a este tipo de ilícitos. La medida propuesta fue incluir el robo de combustible y la corrupción en el catálogo de los llamados delitos graves. Este catálogo, llevado a la constitución en 2008, establece un régimen de excepción por el que la medida cautelar de prisión preventiva se impone sin control judicial, reduciendo la posibilidad de defensa de los imputados frente acusaciones por estos delitos.
Esta medida ha sido cuestionada por buena parte del gremio jurídico, la defensoría pública federal y organismos y tribunales internacionales de derechos humanos, entre otros. El argumento es simple: eliminar el control judicial sobre una medida cautelar aumenta la posibilidad de que esta sea innecesaria, desproporcionada o inadecuada para alcanzar los fines constitucionalmente válidos; anticipa el castigo y vulnera la presunción de inocencia.
Por lo general el derecho penal es una mala herramienta para empujar un cambio social, sus alcances son limitados y sus instituciones y procesos, lentos y costosos. Lo tardado de los procesos, por más orales que sean, tiene que ver con la exigencia de evidencia suficiente para poder castigar a una persona, pues el proceso penal, además de generar una consecuencia a quien delinque, busca evitar el error de castigar inocentes. Por esta razón, a mayor sufrimiento generado por el posible castigo, mayor calidad y cantidad de pruebas exigidas; mientras que en los modelos disciplinarios con baja intensidad de castigo la exigencia de evidencia es mínima y flexible.
Sabemos que es necesario enviar un mensaje contundente, no hay intocables y no hay tolerancia para quien aprovecha de manera egoísta los bienes del pueblo, pero al día de hoy no hay elementos suficientes para afirmar que esta medida ha sido eficiente, y sólo el tiempo dirá si los costos humanos generados son justificables. Los equilibrios en el proceso penal son frágiles y cualquier modificación inevitablemente afecta a alguna de las partes, ya sea el interés de la comunidad de castigar a quien la afecta o las personas que sin tener responsabilidad en un hecho terminan por ser sancionadas por delitos que no cometieron.
Justicia al alcance de todas las personas
Desde hace más de 30 años la apuesta por la construcción de un exoesqueleto de autonomías constitucionales alcanzó la institucionalización de los derechos humanos. Hoy, a nivel municipal, estatal y federal, las oficinas de defensoría y organismos de derechos humanos forman un pasillo interminable de ventanillas a las que cientos de personas se acercan en busca de una solución. Sin embargo, con una especialización mal encauzada, cada ventanilla canaliza a otra y a otra a esas personas, argumentando diversas razones, que más bien son percibidas como pretextos: el asunto es estatal o municipal o federal; el problema es de discriminación por un particular y no por una autoridad; o porque el tema a tratar es laboral o penal o administrativo; por mencionar algunos ejemplos.
Además de este problema de la atomización de los servicios de atención, un laberinto interminable, la tendencia de estos organismos los lleva a crecer exclusivamente en su estructura administrativa, reduciendo paulatinamente el alcance de los equipos operativos encargados de la atención. Es decir, el modelo atomizado de defensorías (en el sentido amplio del concepto) ha generado un sistema con estructuras costosas, poca capacidad operativa y con una renuncia tácita a la tarea principal de llegar cada vez a más personas.
Construir una defensoría del pueblo debe ser una propuesta seria, no sólo un guiño para que los organismos encargados de defender, asistir y representar personas tengan un buen eslogan. Debe ser un llamado a corregir los diseños institucionales orientados a la simulación con facultades meramente testimoniales y sin capacidad de transformar situaciones concretas de injusticia; la discusión no es sencilla, pero es tiempo de evaluar las respuestas y mejorar nuestras preguntas en torno al acceso a la justicia. Y en esto, el llamado humanismo mexicano tiene mucho que aportar.
Es complejo abordar todas las acciones orientadas a la justicia desplegadas por este gobierno, arbitrariamente elegí unas cuantas para aportar a la reflexión sobre la justicia y la construcción de un ideario común. No hay forma de construir un país más justo sin recuperar la legitimidad del Estado y no hay forma de recuperarla sin cuestionar el régimen de privilegios. No dejaremos atrás la justicia elitista si no generamos las condiciones para que deje de ser un privilegio de unos cuantos. Todo lo anterior sólo se logrará con una transformación radical de la ética pública y la refundación de la relación entre el pueblo y el Estado.
