¿Cuántas centurias de privilegios necesitan almacenar sus señorías?
Este artículo incluye diversos fragmentos publicados en el número siete de la revista Conciencias, editado por el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La oposición encumbró sus privilegios en la carta magna y los guardó bajo llave con una cerradura cuya combinación requiere mayoría calificada de dos tercios.
En 2024 los partidos políticos nacionales se llevarán 10 mil 444 millones de pesos, o lo que es lo mismo: 28.6 millones al día. Modificar la fórmula para la asignación de prerrogativas, la integración de los órganos electorales tanto administrativos como jurisdiccionales, así como el número de diputados y senadores, requiere una reforma constitucional.
Resultaría ingenuo considerar que el MCPRIANRD (cúmulo que agrupa a los partidos Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática) votaría a favor de reducir sus cuantiosas asignaciones multimillonarias o disminuir el número de legisladores, ya que sus cúpulas acceden al congreso en lugares preferentes; así lo veremos en 2024, con listas confeccionadas para resguardarse de la justicia.
En derecho civil se le llama “cláusula puramente potestativa” a aquella que depende en exclusiva de la voluntad del obligado. En la mayoría de los países de nuestra región se considera nula; eso es lo que ocurre con los privilegios de los partidos, su eliminación depende en exclusiva de su voluntad (a través de sus bancadas), lo que prácticamente las convierte en cláusulas pétreas.
Hoy, deshacer ese nudo requiere de una mayoría calificada, pero mientras eso ocurre y frente a cifras de respaldo tan contundentes, resultaba incongruente abandonar la discusión pública y cesar los esfuerzos por transformar nuestra democracia. Nació entonces el llamado plan B, como una forma de dar cauce legislativo al apoyo ciudadano hacia los ejes rectores de la reforma constitucional.
Tal plan fue aprobado en dos pasos. En la primera secuencia versó sobre la ley de comunicación social y la de responsabilidades de los servidores públicos. En síntesis, estableció: a) que el gobierno de la república no podía gastar más del 0.1 por ciento de su presupuesto en comunicación (por eso irritó tanto a los conglomerados mediáticos tradicionales), y b) que para que un contenido fuera considerado como propaganda gubernamental tenía que existir un gasto en contratación proveniente del presupuesto.
En su segunda secuencia, el plan B consagró las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad: pueblos originarios y comunidades indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y jóvenes menores de 30 años.
Además, garantizó la expansión del derecho al voto para los mexicanos en el exterior, a través de su matrícula consular. Quienes enviaron a sus familias más de 58 mil millones de dólares en 2022, por supuesto, merecen representación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha fracasado estrepitosamente en la credencialización y promoción del voto en el exterior; según su propio portal, sólo 33 mil 628 mexicanos se inscribieron para votar desde el extranjero en 2021, esto representa el 0.1 por ciento de los residentes más allá de nuestras fronteras.
En un informe relativo a las elecciones del Estado de México, el INE reportó 2 mil 319 votos de mexiquenes residentes en el extranjero, 71.5 por ciento en favor de la ahora gobernadora Delfina Gómez: los migrantes están volcados en favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero existe un cuello de botella para su participación. No descansaremos hasta que se les permita el voto electrónico y participar con matrícula consular o pasaporte; queremos que voten, queremos que decidan, queremos que su país les reconozca derechos plenos.
La reestructura del órgano administrativo electoral más costoso de Latinoamérica también es posible a partir del plan B. El INE cuenta con una onerosa plantilla en cada uno de los 300 distritos y las 32 entidades, que replica burocracias doradas, con mil 500 vocales distritales y 160 vocales locales, funcionarios que reciben bonos, prestaciones y salarios exorbitantes, sin cumplir una función permanente, salvo el responsable del Registro Federal de Electores.
Es falso que los trabajadores de los módulos estén en riesgo. La credencialización es la única actividad permanente del Instituto en los 300 distritos: de hecho, los ahorros en rentas podrían canalizarse a mejorar los salarios de los trabajadores dedicados a la credencialización, que, dicho sea de paso, tienen una brecha de 40 a uno en relación a los salarios de la mayoría de los consejeros.
Aquí vale la pena reconocer la empatía y congruencia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, quien tomó la determinación de ajustar su salario al umbral legalmente establecido y, por ende, ganar menos que el presidente de la república, algo a lo que los frívolos exconsejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama nunca estuvieron dispuestos.
La consejera presidenta Taddei también impulsó, junto con los consejeros Jorge Montaño, Rita Bell y Arturo Castillo, la creación de una comisión especial para la revisión del proyecto de presupuesto del INE para 2024. Dicho órgano ha presentado ante el consejo general su anteproyecto de presupuesto, mismo que nos ha sido turnado para análisis y discusión en la Cámara de Diputados.
El INE de Guadalupe Taddei propone un modelo de contención de gasto, según el cual la inercia de despilfarro de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama hubiera llevado a solicitar más de 27 mil millones para presupuesto, sin embargo el Instituto ha presentado requerimientos por 23 mil 700 millones en un año de elecciones presidenciales.
La contención no es la solución de fondo, lo es la aplicación de un programa de austeridad profunda. Auguro que esto sólo será posible hasta que el consejo general se encuentre conformado por una mayoría proclive a la mesura y sensible a las necesidades populares.
Ya en la etapa jurisdiccional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó anular el plan B, lo hizo sin entrar al fondo del asunto, sin valorar la utilidad de permitirle a los migrantes votar con matrícula consular, sin meditar en la pertinencia de reducir la burocracia dorada del órgano electoral.
La Corte tomó su decisión en contra del texto expreso del artículo 17 constitucional, que desde 2010 establece que “las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”.
El pretexto del tribunal fue el llamado “principio de deliberación”, que en términos prácticos consiste en darle a la oposición 24 horas para que analice los dictámenes sujetos a discusión; entonces, de un plumazo la Corte ha eliminado la facultad del legislativo de obviar los trámites y votar asuntos como de obvia y urgente resolución.
Por cierto, durante el prianato a la SCJN no le importaban los formalismos, pues validó sin vacilación las reformas del pacto contra México.
El poder judicial federal también concluyó desde 2011 que el juicio de amparo era improcedente en materia electoral; no obstante, algunos juzgadores concedieron suspensiones en contra de la entrada en vigor del plan B.
Estos cambios de criterio extremos y caprichosos vulneran el principio de previsibilidad, una garantía procesal consistente en esperar una conducta o criterio en cierto sentido a lo largo del tiempo.
El plan C
Los ministros estaban de acuerdo en no dejar pasar el plan B, pero tenían amplios desacuerdos en las razones que justificaban su voto; en el video de la sesión se advierte que ni siquiera coincidieron sobre las violaciones procedimentales. El engrose estará lleno de votos concurrentes (aquellos en los que se comparte el sentido de la resolución, pero no las razones de determinada conclusión).
¿Cuál de todas esas apreciaciones personales deberá atender el legislativo?
El ministro ponente, por ejemplo, no logró que sus criterios sobre a) analogía de la urgencia y preferencia, b) reiteración del contenido de la iniciativa presidencial por una diputada, y c) discusión separada en comisiones de dictaminación, se consideraran violaciones procesales; para el ministro Jorge Mario Pardo, la urgencia para obviar trámites no debería ser cualificada o motivada.
La Corte, además de arcaica, es opulenta, como lo comprobó el presidente Andrés Manuel López Obrador al narrar las decenas de privilegios de las y los ministros, inadmisibles en estos tiempos de austeridad.
Este octubre aprobamos en comisiones (30 votos a 21) y en el pleno de la Cámara de Diputados (260 votos a 196) la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que concentran más de 15 mil millones de pesos. Se trata de cochinitos dorados que resguardan recursos suficientes para garantizar hasta 100 años de pensiones de mandos superiores, jueces y magistrados, así como 76 millones para el mantenimiento de sus casas habitación y por lo menos mil 386 millones de remanentes presupuestales.
¿Cuántas centurias de privilegios necesitan almacenar sus señorías?
Más que dispuestos a convertirse en juez y parte, los magistrados y ministros se aprestan a defender sus privilegios con uñas, garras, dientes y sentencias. Poco les importa que el artículo 126 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación les prohíba conocer de asuntos en los que tengan interés personal; no les dimos por cierto el pretexto de la deliberación legislativa, pues la oposición contó con cinco días para analizar el dictamen y pudo presentar todas las reservas que estimaran convenientes, sin embargo, buscarán un pretexto para preservar sus privilegios.
Frente a esta determinación, resulta evidente que no sólo necesitamos una reforma constitucional en materia electoral, sino que también es apremiante reformar al PJF. Para lograrlo se requiere la puesta en marcha del plan C, que consiste en lograr la mayoría calificada en las elecciones de 2024; no sólo ganar la presidencia de la república, sino también arropar el proyecto de la transformación con 334 diputadas y diputados y 86 senadoras y senadores, así como mayoría en 17 congresos locales. Esta suma configura el poder constituyente.
Esta es una tarea de toda la militancia y los simpatizantes. La coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum, ya nos marcó la pauta al convocarnos a poner manos a la obra y ejecutar el plan C, que también se construye desde lo local.
En el caso particular de mi estado, Jalisco, debemos cerrar filas para impulsar el plan C y derrotar a ese PAN naranja apodado Movimiento Ciudadano; sólo así garantizaremos que los beneficios de la cuarta transformación lleguen cada vez a más personas, sin la intervención de un gobierno estatal que se ha caracterizado por la mezquindad, la corrupción y los arreglos secretos. Con cerca de 8 millones y medio de habitantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), somos la tercera entidad con mayor población de México, y nuestra lista nominal alcanza también la tercera posición, con 6 millones 337 mil 741 registros, recoge el INE. Tenemos todo lo necesario, pues, para sumarnos a la revolución de las conciencias que ya recorre todo el país y que en sólo cuatro años consiguió 23 gubernaturas, incluyendo el Estado de México.
En definitiva, tenemos una oportunidad histórica de ganar Jalisco en 2024. Sin embargo, no podemos confiarnos. Necesitamos concentrar nuestra unidad en torno a candidaturas que no representen una alianza con Enrique Alfaro.
Jalisco puede aportar 20 diputaciones federales de mayoría, dos escaños en el senado y mayoría en el congreso local, necesarios para el plan C.
