Para lograr la promesa de hacer realidad los acuerdos de paz, que han sido parcialmente olvidados durante los últimos cuatro años, Petro necesita el apoyo de los principales partidos políticos y de diferentes sectores de la sociedad. Para lograr esto debe hacer concesiones.
Desde hace casi tres meses, como resultado de las últimas elecciones presidenciales, muchos medios de comunicación repiten que Colombia vive actualmente una de sus mayores convulsiones políticas. Quizás no sea exagerado ver en la elección del nuevo presidente, Gustavo Petro, el mayor punto de inflexión en la política de los últimos treinta años,[1] es decir, desde la promulgación de la constitución de 1991 y las promesas que este hecho hizo a una generación marcada por el conflicto armado y la violencia de los grupos narcotraficantes.
Pero precisamente, al mismo nivel que la constitución de 1991, la elección de Petro es portadora de muchas expectativas que, sin embargo, pueden resultar falsas a largo plazo. Algunas de ellas son ilusorias de entrada, y su no ejecución no puede atribuirse a la incompetencia de un gobierno que no ha buscado comprometerse a cumplirlas; pero hay otras que sí podrían atribuírsele, porque su fracaso significaría —tanto simbólica como prácticamente— el fracaso de un gobierno que fue elegido específicamente para avanzar en las transformaciones estructurales de la sociedad colombiana.
Tratar de las transformaciones políticas y estructurales en Colombia, de las promesas del gobierno de Petro y de las expectativas de la sociedad colombiana (por lo tanto, de lo que esperan quienes votaron por él y quienes se le oponen) es en sí mismo un tema desproporcionado, porque esto incluiría los cambios institucionales y socioeconómicos vinculados a problemas de condiciones de trabajo, educación, salud, pensiones en el país —por mencionar sólo algunos de los más importantes—.
Entre estos asuntos hay, sin embargo, un tema mayor y de primera importancia que debe reconocerse como uno de los ejes sobre los que el nuevo gobierno debe concentrarse para cumplir las promesas de campaña y avanzar lo más posible en su ejecución: se trata del posconflicto y la consolidación de la paz total en Colombia.[2]
Desafíos para un posconflicto exitoso
Bajo el gobierno anterior, el cumplimiento de los acuerdos de paz fue tan ignorado que no sorprende que los avances fueran mínimos. Como señalaron organizaciones no gubernamentales colombianas y extranjeras, y organizaciones de víctimas en las regiones, varios puntos clave para la consolidación de los acuerdos, que se suponía conducirían al fin del conflicto y la consolidación hacia un camino de paz y de democratización, simplemente quedaron completamente en la oscuridad.[3]
Durante los cuatro años del gobierno de Duque, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron su inacción en este ámbito y las consecuencias de ello, especialmente en lo que concierne a la violencia contra líderes sociales en Colombia y contra las personas signatarias del acuerdo de paz, reintegradas a la sociedad civil.[4] Cabe señalar que este es sólo un punto del acuerdo (el del fin del conflicto, es decir, el que señala la importancia de la reincorporación de los actores armados a la vida civil, y de su seguridad), entre varios otros.
Obviamente, no basta con cambiar de gobierno y hacer discursos políticos llenos de esperanza para que cesen las amenazas contra quienes defienden la restitución de las tierras y luchan contra la opresión de comunidades rurales en el país latinoamericano.
Para empezar, cabe señalar que el compromiso público de los líderes colombianos que son amenazados y cruelmente asesinados está mayoritariamente vinculado a la resolución de problemas considerados dentro de las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Por ejemplo, muchos de los líderes asesinados estaban comprometidos en la lucha por la recuperación de las tierras que les fueron arrebatadas a los campesinos durante el largo conflicto armado; de igual forma, en Colombia existe una campaña sistemática de amenazas contra grupos que se han organizado para defender los derechos de las mujeres victimizadas, sobrevivientes del conflicto, y grupos de comunidades sexuales diversas.
Esto significa al menos dos cosas: primero, que las amenazas y asesinatos son síntomas cuyas causas están ligadas precisamente a la incapacidad y falta de compromiso del último gobierno en la implementación de las políticas públicas prometidas; y luego, que, efectivamente, el Estado es al menos parcialmente responsable de la muerte de estos líderes sociales, porque es en el vacío creado por su inacción que se han dado las condiciones para los asesinatos, en su mayoría impunes. En otras palabras, si realmente hubiera un compromiso con la construcción de una democracia estable y de una paz duradera, sería menos fácil implementar una estrategia violenta de este tipo.
Ante esto, el desafío para el nuevo gobierno es abrumador: debe implementar la reforma rural, así como promover una participación política mucho más diversa. Al mismo tiempo, debe buscar reducir los altos índices de violencia ligados al cultivo de estupefacientes, a su producción y, sobre todo, a las rutas de tráfico en la región. A todo esto hay que sumar el establecimiento de un sistema de vigilancia institucional para que este tipo de política pueda continuar después de su administración.
Sobre esta amplia gama de temas el gobierno de Petro tiene ideas muy claras. El problema radica en cómo se implementan y cuáles son los obstáculos que enfrentarían sus soluciones propuestas. Para tomar uno de los ejemplos más recientes, basta con mirar más en detalle los problemas que se vislumbran de cara a la reforma rural y la redistribución de la tierra.
A diferencia del gobierno anterior, Petro es muy consciente de que el problema de la propiedad de la tierra en Colombia (que incluye retos insospechados en torno a los títulos de propiedad, el despojo a diversas comunidades campesinas e indígenas, y el acceso muy desigual en ciertas regiones), así como su posible redistribución, constituyen una de las claves del conflicto colombiano y son piedra angular de su solución a largo plazo.[5]
Entre las promesas de campaña de Petro se anunció, por lo tanto, como un eje central de su gobierno el cumplimiento de una reforma agraria. A partir de esta promesa, ciertos grupos (desde comunidades campesinas organizadas hasta grupos indígenas que han sufrido despojos en el pasado) ocuparon propiedades privadas en dos de los departamentos (esto es, estados) más desiguales del sur de Colombia (en Neiva, Huila; y Dagua, Valle del Cauca).[6] Este gesto, inspirado tal vez en la esperanza de una nueva Colombia para quienes han sufrido la violencia de actores armados con apoyo estatal, provocó un gran revuelo político. Partidos políticos y grupos de organizaciones privadas cercanas a la oposición aprovecharon para denunciar estas ocupaciones como una clara muestra de la violación a la constitución colombiana, y para advertir sobre la transformación de Colombia en un régimen autoritario, cercano al socialismo à la venezolana. Este efecto dominó, que sugiere que cualquier alternativa al modelo tradicional de hacer política en Colombia sería una pesadilla, es una estrategia habitual de la derecha colombiana.
Sin embargo, el gobierno tuvo que salir muy rápido a contrarrestar los malentendidos. La promesa de “la reforma agraria no avala la apropiación ilegal de la propiedad privada de la tierra”, tuvo que precisar la vicepresidenta Francia Márquez. En frente común con el ministro de Defensa y la ministra de Agricultura, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanny Yule, se vio obligado a emitir un comunicado de rechazo a este ejercicio de redistribución por mano propia.[7]
Fuego aliado
El tiempo para las reformas estructurales es escaso y el gobierno de Petro lo sabe bien, pero esto apenas comienza y las reformas que quiere emprender requieren de transformaciones legales e institucionales que deben sustentarse en un marco democrático y con el apoyo de las más diversas fuerzas políticas. Consciente de ello, el gobierno ha concentrado todos sus esfuerzos, en estos primeros meses, en conformar una unidad de fuerzas políticas que incluya a sectores de izquierda, centro e incluso centroderecha, para sorpresa de algunos.
Pero la política institucional es un asunto totalmente diferente de la política en general, y las comunidades de base que apoyaron el proyecto Petro parecen no entenderlo. Algunos sectores de estas comunidades se sienten, en principio, marginados por la estrategia del mandatario de dirigirse a un sector mucho más amplio de la población; también se sienten traicionados por la disparidad entre la urgencia de los discursos y los evidentes retrasos en la implementación de un proyecto político que requiere negociaciones;[8] y finalmente se sienten sorprendidos por la continuación de los serios males políticos en Colombia, como la violencia que no cesa tanto en las ciudades como en las regiones.[9]
Así, la llegada de un gobierno de izquierda a Colombia ha puesto de manifiesto la dificultad de construir un proyecto alternativo que pueda contar con el apoyo de la izquierda unida.
Así, la llegada de un gobierno de izquierda a Colombia ha puesto de manifiesto la dificultad de construir un proyecto alternativo que pueda contar con el apoyo de la izquierda unida. Se puede estar de acuerdo en la meta y no necesariamente en las formas de llegar a ella. Petro y los grupos que lo apoyaron para su elección se están dando cuenta de eso.
Para lograr la promesa de hacer realidad los acuerdos de paz, que han sido parcialmente olvidados durante los últimos cuatro años, Petro necesita el apoyo de los principales partidos políticos y de diferentes sectores de la sociedad. Para lograr esto debe hacer concesiones. Por otro lado, estas crean el riesgo de desvirtuar su proyecto de transformaciones estructurales de Colombia, lo que se ve como una gran traición al proyecto para el que fue electo, y por eso han empezado a surgir importantes críticas desde su propio bando.
¿Cuáles son los costos que el nuevo gobierno está dispuesto a asumir para avanzar en la consolidación de la paz? ¿Cuáles son los riesgos de asumir estos costos para su propia estabilidad política? En esta línea roja se juega el futuro del gobierno de Petro: si logra convencer a su propio grupo de aliados de la importancia de su estabilidad para liderar las reformas prometidas, podrá lograr más fácilmente negociar con un sector más amplio la implementación de una paz política lo suficientemente amplia…
Ahora bien, ¿será lo suficientemente amplia como para incluir nuevas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos marginales que aún están activos? Todavía no lo sabemos, pero sabemos hasta ahora que inicia su gobierno con el viento en contra.
[1] Daniel Pardo, “Petro presidente: tres claves que explican su histórica llegada a la presidencia de Colombia, el país donde nunca gobernó la izquierda”, en BBC. Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61860821
[2] Angélica Durán, “La ‘paz total’ de Petro: ¿posible o ilusoria?” en Razón Pública. Ver: https://razonpublica.com/la-paz-total-petro-posible-ilusoria/
[3] Carta de Defendamos la Paz al jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia por preocupaciones ante el Acuerdo de paz. Ver: https://www.cinep.org.co/es/defendamos-la-paz-envia-carta-a-jefe-de-la-mision-de-la-onu-en-colombia-por-preocupacion-frente-al-acuerdo/
[4]Laura Gamboa, “El país que dejó Duque” en Razón Pública. Ver: https://razonpublica.com/pais-dejo-duque/
[5] Natalia Pérez, “La reforma agraria de Petro”, en Razón Pública. Ver: https://razonpublica.com/la-reforma-agraria-petro/
[6] “La reforma agraria de ninguna manera avala la invasión”: Francia Márquez, nota en La Silla Vacía. Ver: https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/envivo/la-reforma-agraria-de-ninguna-manera-avala-la-invasion-francia-marquez
[7] Ídem.
[8] “¿Por qué crece el malestar en sectores de izquierda con Petro?, artículo en El Tiempo. Ver: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/sectores-de-izquierda-expresan-su-molestia-contra-gustavo-petro-684108
[9] Recuento de líderes sociales asesinados en Colombia, elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Ver: https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/
