Al alinear los objetivos de desarrollo con las características y necesidades específicas de cada región, se puede estimular un crecimiento que no sólo sea más sostenible y diversificado, sino también más equitativo y adaptado a las realidades locales.
Cuando miramos hacia atrás y pensamos en todo lo que ha pasado con la economía de México es fácil caer en la trampa de creer que hay una línea divisoria, casi como un corte limpio, marcada por las reformas de la década de 1980. No es el caso: existen continuidades importantes que vale la pena revisar. Vale la pena pensar en dos sectores importantes de nuestra economía: la industria automotriz y Cancún. Sin las políticas previas a la era neoliberal probablemente hoy no tendríamos ni esa industria, que representa un tercio de nuestras exportaciones, ni ese corredor turístico clave para la entrada de divisas. Lo curioso aquí es que el estado actual de estos sectores nos hace cuestionar la idea de un antes y un después tan marcado. El éxito de ambos no sólo deriva de intervenciones de las dos décadas anteriores, sino también de la ola de liberalización de las dos siguientes, 1980 y 1990. Probablemente la disyuntiva entre Estado y mercado no es tal y el error es atarnos a una de ellas de manera absoluta.
Durante varias décadas, el mantra dominante en la discusión sobre la política industrial fue que la mejor política era no tener ninguna. Decidimos adoptar acríticamente una postura promercado absoluta. Se argumentaba fervientemente que la intervención del Estado sólo distorsionaba los mercados, inhibiendo así la eficiencia y, por tanto, creando más problemas que los que resolvía. Sin embargo, la realidad demostró ser más compleja. La ausencia de una política industrial explícita no equivalió a la ausencia de política industrial en sí; más bien, se tradujo en una política no declarada que, bajo el pretexto de dejar “hacer su magia” al mercado, condujo a un desarrollo industrial desequilibrado. Este enfoque liberal resultó en claros ganadores y perdedores no sólo a nivel empresarial, sino también en términos de costos ambientales y desigualdad regional, subrayando las fallas de un sistema que pretendía ser neutral pero que en la práctica favorecía a ciertos sectores y regiones sobre otros. Este reconocimiento de que la no intervención también forma una política con consecuencias significativas debe servirnos para cuestionar la crítica tradicional hacia la vieja política industrial. No todas las formas de intervención son inherentemente negativas, como se argumentó por décadas. Lo importante sería ver las políticas industriales del pasado, evaluarlas en su contexto y tratar de extraer lecciones de esa historia, en lugar de descartar cualquier forma de intervención estatal en el desarrollo industrial. Lo pragmático sería estar dispuestos a pensar en la política industrial como una herramienta para poder impulsar la economía de mercado en la dirección que queremos (cosa que no necesariamente es lo que pasó en la industria automotriz o en Cancún en las últimas décadas).
Los retos de hoy no se parecen en nada a los de antes. En la posguerra la meta era bastante directa: crecer a como diera lugar. Pero los tiempos han cambiado. Hoy, ese crecimiento no sólo tiene que ser sólido, sino también incluyente y verde. Y aquí es donde las cosas se complican y la necesidad de la intervención por la vía de la política industrial se vuelve fundamental. Si nos sentamos a esperar que el mercado por sí solo nos solucione la vida, podríamos terminar esperando eternamente. La realidad es que el mercado, con su tendencia a favorecer la eficiencia sobre la equidad y a ignorar el medio ambiente, probablemente no nos va a llevar ni al crecimiento, ni a la inclusión, mucho menos a un desarrollo sostenible.
En esto el lenguaje también parece haber evolucionado. En muchos círculos se piensa ya no en términos de política industrial, sino de desarrollo productivo. La terminología de “política de desarrollo productivo” propone un marco más amplio y adaptativo, que abarca no sólo la promoción de sectores industriales específicos, sino también el compromiso con la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Al integrar las lecciones aprendidas de las políticas pasadas, tanto explícitas como implícitas, podemos abogar por una política de desarrollo productivo que sea pragmática para un mundo globalizado.
¿Por dónde empezar? En el proceso de diseñar una política de desarrollo productivo incluyente para México es fundamental reconocer que los objetivos pueden variar significativamente dependiendo de las prioridades específicas, tales como el crecimiento, la creación de empleo, la diversificación económica, la sustentabilidad, entre otros. La selección de estos objetivos es crítica, ya que guiará la estrategia para identificar sectores primordiales. Por ejemplo, si el crecimiento potencial y la diversificación económica son los objetivos prioritarios, el uso del análisis de complejidad emerge como una herramienta particularmente valiosa. Este enfoque permite identificar aquellos sectores que no sólo tienen el potencial de impulsar el crecimiento económico, sino que también contribuyen a una mayor diversificación de la economía, basándose en la sofisticación y la interconexión de diversas industrias. Una perspectiva regionalizada del desarrollo productivo no sólo permite una mayor precisión en la selección de sectores estratégicos, sino que también fomenta un desarrollo más equilibrado a lo largo del país, abordando desafíos como la desigualdad regional y promoviendo un crecimiento inclusivo. Al alinear los objetivos de desarrollo con las características y necesidades específicas de cada región, se puede estimular un crecimiento que no sólo sea más sostenible y diversificado, sino también más equitativo y adaptado a las realidades locales.
La definición clara de objetivos es el primer paso crítico en el desarrollo de una política productiva efectiva. Debe ser moldeada tanto por las ambiciones nacionales como por las particularidades regionales, asegurando que la estrategia de desarrollo no solo sea integral y coherente sino también flexible y adaptativa.
El futuro de la economía mexicana depende de adoptar una política de desarrollo productivo que sea tanto inclusiva como sostenible. Este cambio representa un avance significativo en nuestra forma de abordar el desarrollo económico, poniendo énfasis en la importancia de definir objetivos claros. Estos objetivos, alineados con las necesidades nacionales y las particularidades regionales, son fundamentales para diseñar estrategias efectivas que promuevan un crecimiento equilibrado. Integrando las lecciones del pasado y enfrentando los desafíos actuales, México tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo que no sólo busque el crecimiento económico, sino que también priorice el bienestar social y la conservación ambiental. Este enfoque pragmático y adaptativo es clave para asegurar que el desarrollo económico beneficie a todos los sectores de la sociedad y respete nuestro entorno, marcando el camino hacia una economía que se parezca más a la que queremos y no sólo la que el mercado nos asigne.
