Un gobierno rico en un país pobre es un fenómeno que va contra la ética de las cosas comunes
Pocas personas como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocen el México a ras de piso. Él habrá recorrido al menos tres veces cada uno de los rincones de este país, ha escuchado las demandas, necesidades, despojos y abusos de los pobladores del México profundo, como lo definió Guillermo Bonfil Batalla. En efecto, pocas personas en este país han podido constatar la opulencia que convive, como vecinos distantes, con una miseria lacerante. Ha palpado los abusos del poder público y privado y sus complacencias legalizadas en leyes a modo y cómo la construcción de esta oligarquía ha dejado al país en las manos de políticos que se han servido con la cuchara grande, y entre ellos los dueños del poder económico. Me puedo imaginar las largas horas de reflexión, los desvelos, diálogos íntimos, preguntas recurrentes que condujeron a lo que llamo aquí la ética de las cosas comunes.
La nueva oligarquía y el neoliberalismo se consolidaron por más de cinco décadas, periodo de los dos intentos de AMLO para llegar el poder presidencial. Pero fueron su tenacidad, su empeño y su convencimiento de las cosas comunes los que lograron generar una revolución pacífica, pero no silenciosa: la cuarta trasformación requerida este país y en la que estamos inmersos.
Este nuevo modelo mexicano de la economía moral como proyecto político hay que explicarlo sin marcos conceptuales de referencia o teorías económicas elaboradas, es más simple.
Este ensayo pretende explicar las tres reglas básicas de la filosofía de la cuarta transformación, es decir: 1) No privilegios, que se traduce en combatir la corrupción en todas sus variantes; 2) Una opción por los pobres como política económica (de distribución justa y equitativa de la riqueza pública, y 3) Un gobierno austero y anclado en dos pilares: una estrategia cotidiana personal para marcar la agenda pública y la reforma del poder judicial en la medida de lo posible.
Este pensamiento social del bienestar económico comunitario se aleja de las posturas clásicas de la izquierda y la derecha; un gobierno que no privilegia a las élites, que tiene como principio una austeridad republicana, un Estado eficaz y de servicio público, en la justa medianía juarista, y un modelo económico de transferencia directa de recursos económicos al 70 por ciento de la población. Nunca el mundo había visto algo así.
Este nuevo modelo mexicano de la economía moral como proyecto político hay que explicarlo sin marcos conceptuales de referencia o teorías económicas elaboradas, es más simple. Se trata de encontrar nuevas maneras para entender el pensamiento obradorista, es más bien un nuevo juego entre los recursos y los jugadores, con un tablero parejo y nuevas reglas. Estamos aprendiendo a jugarlo y eso provoca desconcierto, desubica y a algunos harta, pero el juego parece ser interesante; ya son tres años y con todo y sus errores empieza a funcionar. Algunos tramposos están en la banca (y no sólo en sentido figurativo) y hay nuevos jugadores en la mesa.
Su modelo de economía política no es radical, excepto por razones estratégicas; no implica necesariamente nacionalizaciones, sólo se tata de equilibrar la balanza. De hecho, es bastante moderado en varios terrenos, como en la defensa de las instituciones, empezando por la familia (los abuelos como cuidadores) o las fuerzas armadas, e inclusive defiende la libre empresa bien habida.
Sólo bajo esa premisa, de ofrecer elementos para dar pistas que ayuden a entender una narrativa de su visión de la cosa púbica, ofrezco estas reflexiones y espero que contribuyan al vislumbre simple de las cosas comunes, en la lógica de que sus acciones están basadas en su profunda honestidad.
Primera regla: no a la corrupción, o la ética de las cosas comunes
La primera regla se basa en evitar los privilegios, que el piso sea parejo para todos. Los ciudadanos en edad productiva debemos pagar impuestos, algo normal y común en cualquier país que se considere a sí mismo civilizado, hay que reconocer que el pago de impuestos, muchos o pocos, es una premisa fundamental para un estado de derecho. Por cierto, este estado de derecho es remarcado por la oligarquía mexicana cada vez que el Estado mexicano propone un cambio que afecta la riqueza de la clase privilegiada; entonces llaman a diestra y siniestra a respetarlo. Cómo explicar que por décadas, ¡sí, por décadas!, más descaradamente los últimos tres sexenios, con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la casta de empresas nacionales y muchas extranjeras sencillamente no pagaban impuestos, eran exentados “por generar empleos” o porque gozaban de prórrogas o impuestos corporativos que por una debilidad en una de sus empresas podrían compensar los gastos de los impuestos para protegerse de “números rojos”; y así, con el favor “legal” de la hacienda pública, evadían el pago.
Sólo evitando la corrupción podemos crear las bases de un mejor desarrollo, la declaración tiene sustento
Bajo este mecanismo los más ricos de este país, es decir, una minoría, vivían llenos de privilegios, y además de la exención de impuestos tenían prerrogativas extraordinarias. Sólo como ejemplo, recientemente con el caso de las tiendas Oxxo quedó al descubierto que, vamos, no pagaban ni la luz. Por supuesto que ahora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no condona su deuda ni la de nadie. Así, las finanzas públicas están sanas. Con el propio dinero de los contribuyentes responsables financiamos el desarrollo de México, las transferencias a los más necesitados, y también se cobran magnas deudas a las grandes empresas. Encima de eso, los interpelados se amparan y calumnian para no pagar las deudas de sus impuestos atrasados.
Buena parte de estos privilegios fueron solapados por el poder político abiertamente, o por corrupciones disfrazadas, e nclusive con leyes, como en el caso del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), que convirtió en deuda pública las deudas privadas de los bancos, o sea que todos los mexicanos absorbimos los impagos de la banca privada. Por años las grandes corporaciones económicas ponían a su servicio a las instituciones públicas y al poder legislativo, práctica perpetuada por tres gobiernos neoliberales, dos del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por esa razón cuando el presidente dice que sólo evitando la corrupción podemos crear las bases de un mejor desarrollo, la declaración tiene sustento. El uso inmoral del poder económico y del poder público han sido una desgracia y obstáculo para alcanzar un México justo y con equidad; en efecto, separar el poder público del poder económico, es decir, excluir a la oligarquía del interés en las políticas, ha sido una de las grandes batallas del presidente López Obrador. Como ejemplo, el aeropuerto de Texcoco, plagado de corrupción. La inflación de costos, los compadrazgos, asignaciones directas y una polémica técnica sobre el sitio idóneo elegido para la terminal aérea, además de dudas sobre el mantenimiento, generaron la cancelación sin reservas del aeropuerto. Lo que sí hizo el mandtario entonces fue emitir un claro mensaje al poder económico: el Estado mexicano, a partir de la cuarta transformación, es quien manda en las acciones públicas.
Habrá que insistir, el robo a la nación durante el neoliberalismo no disminuyó, sino que se acrecentó hasta niveles vergonzosos con Enrique Peña Nieto. El saqueo continuó operando con recursos públicos para financiar campañas ostentosas, contratos a modo, empresas fantasmas a nivel nacional; en efecto, y sólo como ejemplo, el uso faccioso de universidades públicas estatales, muchas del sureste de México, sirvió para enriquecer a una casta de vivales con recursos del erario. Compañías privadas nacionales y trasnacionales seguían favorecidas con el famoso Pacto por México, que contó con el contubernio ahora también del Partido de la Revolución Democrática (PRD): no fue más que un asalto en despoblado a la nación.
Ahora que se acaba de cancelar la posibilidad de la reforma constitucional para devolver a la nación el control de energía eléctrica, por el contubernio, participación grosera y activa de trasnacionales en los propios curules de la Cámara de Diputados, la empresa española Iberdrola entre ellas, se confirma que la energía eléctrica del país se la están robando a manos llenas.
Que el 30 por ciento de la energía eléctrica que se produce en este país esté en manos de empresas privadas (la mayor parte extranjeras) nos vulnera como nación y debería llenar de vergüenza a los diputados y diputadas que se abstuvieron o votaron en contra de la propuesta de reforma constitucional propuesta por el ejecutivo. Debería apenarles que la mezquindad, el capricho, la revancha política o el desgaste pudieran más que el interés nacional. Más tarde que temprano la historia regresará a su curso. Por eso, combatir la corrupción en todas sus formas debe ser la primera regla fundamental de la ética de las cosas comunes.
Segunda regla: distribución justa y equitativa de la riqueza pública y de los recursos de la nación
El presidente de México considera que el gasto público es una inversión social con muchos activos y resultados tangibles. Trataré de explicar por qué esta posición es muy válida y poderosa, sobre todo en la economía moral pretendida. Me referiré a los principales programas de inversión social, sin abundar en los de apoyo a adultos mayores o personas con discapacidad, entre otros.
Separar el poder político del económico significa separar discrecionalmente a la oligarquía y a los grandes poderes económicos de las decisiones en política pública. Una empresa privada debe ser responsable de pagar salarios justos y con prestaciones de ley a sus trabajadores. Es por lo menos inmoral que las cámaras empresariales y los poderes fácticos, a través de los medios de comunicación (por cierto, concesionarios de la nación), presionen e influyan en la toma de decisiones de política económica.
Un presidente que recorrió y recorre las zonas de pobreza extrema de nuestro país, y ve la muerte prematura de niños por falta de una buena alimentación o de adultos mayores sin atención medica básica, no puede más que pensar de qué manera el Estado mexicano debe a asegurar inversiones públicas que protejan a los sectores más frágiles del país. Las comunidades originarias y afromexicanas en muchas partes del territorio nacioanl han vivido siglos, no décadas y lustros, sino muchos, muchos años, en condiciones miserables. Y precisamente esto se repite en lugares brutalmente contrastantes en materia económica, como Cancún, Acapulco o Huatulco, a la vez ubicados en estados con las zonas más pobres del país, como La Montaña de Guerrero, la zona mixe oaxaqueña y la zona central de la región maya.
Separar el poder político del económico significa separar discrecionalmente a la oligarquía y a los grandes poderes económicos de las decisiones en política pública
Invertir en transferencias directas y apoyos es una buena inversión en muchos sentidos; por un lado, abre la oportunidad para los jóvenes, da empleo y arraigo a sus comunidades, protege a las mujeres en gestación; sobre todo si pensamos que el 70 por ciento de la población recibe al menos un apoyo público. Significa que el Estado mexicano está apostando por equilibrar genéricamente la balanza. No es una política de Robin Hood, que quita a los ricos para dar a los pobres, sólo se trata de que el gasto público, a través de una hacienda eficaz y recaudadora, recanalice los recursos públicos a necesidades básicas de sus pobladores en zonas marginadas, sobre todo rurales.
El programa Sembrando vida, con las legítimas preocupaciones de diseño, es un plan subsidiario para favorecer no sólo la reforestación, con la perspectiva más grande del mundo, sino también promover economías regionales, movimiento de mercancías y productos alimentarios y de plantaciones de grandes superficies, que son compensatorias de una ganadería por décadas irresponsable, contaminante y expansiva, sobre todo en el sureste de México.
El programa Jóvenes construyendo el futuro tiene varios componentes de carácter político. Por un lado, es un perfecto ejemplo del vínculo entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y las políticas públicas. Todos ganamos y salimos favorecidos con las becas de este programa. Las empresas están reclutando talentos no sólo surgidos de universidades “prestigiosas”, jóvenes sagaces que no tienen la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y mucho menos en universidades privadas.
Se promueve el arraigo de los jóvenes a los territorios, así como el freno de la migración, vinculada a la muy castigada política migratoria de los Estados Unidos. En términos estructurales, el arraigo significa que los jóvenes puedan elegir entre un sueldo bajo pero seguro o la posibilidad de enfilarse como auxiliares de sicarios (aunque claro que en ocasiones no existe la opción).
El programa de Producción para el Bienestar compromete el 85 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a través de su política de seguridad alimentaria. Este porcentaje es difícil de comprender si no se informa que durante tres sexenios, en pleno neoliberalismo, en el sector agropecuario se destinaba el 96 por ciento de los programas a grandes empresarios agroindustriales de todo el país, como Bachoco y Maseca, entre otros, y sólo un 6 por ciento quedaba para los pequeños productores.
Por eso el programa de Producción para el Bienestar es quizá uno de los más importantes, y sin embargo no es tan difundido, de la política de la economía moral que busca la cuarta transformación. La reducción drástica y el achicamiento de los programas ganaderos y de agricultura son difíciles de comprender sin el contexto debido.
A la vez, creo que con inteligencia, se han mantenido los créditos de la Banca de Desarrollo Rural (vía los Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura, FIRA; y Financiera Nacional del Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, FND) para que los productores grandes de aguacate, hortalizas, ganado mayor y menor, puedan hacerse de esos créditos. Dejar recursos públicos subsidiarios para los campesinos y pequeños productores del otro México, marginado y vapuleado, no es mucho pedir.
Tercera regla: un gobierno austero y eficiente
Quizá la más grande y sorprendente regla de la cuarta transformación, y que ha descolocado a la propia burocracia identificada como de izquierda, es la autoridad con la que el presidente define y lleva a la práctica el quehacer público. Por lo que se sabe, él propone personalmente una parte fundamental del gasto público. Ha hecho drásticas reducciones financieras y presupuestos en todo el gobierno y reclama para todos sus colaboradores un comportamiento equivalente. Que nadie gane más que el presidente es un buen principio de austeridad y de ahí uno de sus grandes enconos con los órganos autónomos (intermediarios), dados los altos sueldos de sus funcionarios y dados sus abultados presupuestos.
La austeridad republicana, emulada del presidente Benito Juárez, plantea que un funcionario público federal es ante todo un servidor a la patria y por lo tanto debe comportarse en la justa medianía, donde se da por sentado que se puede meter la pata, pero no la mano. Pero el criterio va más allá, su estrategia es asegurar los recursos suficientes para sostener los programas y proyectos estratégicos sin endeudar al país; todo lo que se salga de esta visión debe desaparecer y si no es posible reducirse a su mínima expresión, Este criterio ha eliminado subsecretarías completas o reducido a cero pesos muchos programas de las mismas.
Un gobierno rico en un país pobre es un fenómeno que va contra la ética de las cosas comunes.
El caso de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) es muy significativo. Durante muchos años, fue creciendo exponencialmente hasta llegar a presupuestos de cerca de 6 mil millones de pesos anuales. Después de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), era el subsector con más presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Al crearse el programa Sembrando vida, sobre la base de promover plantaciones forestales en terrenos ganaderos que antes fueron selvas, el gobierno redujo sustancialmente el presupuesto de Conafor hasta situarlo en poco más de mil 500 millones de pesos. El restante se transfirió a la bolsa de Sembrando vida con presupuestos que suman montos mayores a los 26 mil millones de pesos anualizados. La Comisión Forestal ha tenido que reinventarse y cancelar programas importantes, entre ellos el de reforestación o el de plantaciones forestales, de facto absorbidos por la Secretaria de Bienestar. Eso para la burocracia tradicional ha resultado casi una afrenta personal.
La revisión de los presupuestos y pedir cuentas a las universidades públicas estatales era y es una tarea obligada, pero al mismo tiempo el gobierno federal de la cuarta trasformación quiere asegurase de que cualquier joven con deseos de estudiar sea estimulado con una estrategia de acompañamiento, y no mediante una carrera de obstáculos. La creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez avanza lentamente y quizá en forma más que silenciosa, pero no necesariamente ineficaz.
Hay casos palpables: el gobierno de la Ciudad de México está impulsando este modelo de acceso a la educación a través de la creación del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Hoy en día cuenta con más de 26 mil alumnos y alumnas. Es decir, en menos de dos años reclutó la misma cantidad de estudiantes que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Xochimilco en casi 20 años. Los aspirantes han sido acompañados en su proceso de integración a través de estudios propedéuticos que atienden las debilidades de su formación bachiller, con acompañamiento mosivo para generar oportunidades justas de continuar su formación.
En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hay una verdadera revolución que ha demostrado, y eso ya ha molestado a muchos, que el Estado trabajaba en muchos rubros en beneficio de la iniciativa privada y no al revés. Es decir, grandes presupuestos de investigación e innovación subsidiaban las patentes que luego empresas privadas nos vendían ya a nosotros como pueblo o al mejor postor fuera y dentro de México. O sea, el mundo al revés.
Millones de pesos anualmente eran guardados en fideicomisos que en su conjunto acumulaban 190 mil millones de pesos, cuando se extinguieron hace algunos meses. Quizá hubiera valido la pena conservar algunos; no obstante, el criterio de selección podría pasar por muchos debates y convertirse en una verdadera pesadilla, si bien se conservaron algunos por circunstancias extremas. Claro que con esto se tocaron intereses, algunos legítimos, pero en muchos no se veía el sentido de una política educativa con sentido social que solicitara a los investigadores del país ayuda en la solución de los grandes problemas nacionales. En síntesis, ahora se busca ocupar nuestra mente e intelecto en encontrar soluciones y una distribución justa y de nuevas oportunidades educativas para toda la población, acompañadas con la capacidad de muchos intelectuales comprometidos con la cuarta transformación. Un gobierno rico en un país pobre es un fenómeno que va contra la ética de las cosas comunes.
La austeridad republicana ha llevado a todos los ámbitos de la vida nacional a una disciplina macroeconómica y una acción microeconómica de decantación de los temas urgentes estructurales que sea congruente con una nueva visión de país, conducida por la economía moral, enfocada en brindar atención urgente en un México de abismales. La 4T es sobre toda una propuesta pragmática en torno a esta regla fundamental.
Algunas reflexiones finales y de alcance de este esfuerzo
Dejé para el final algunos temas transversales que ameritan una perspectiva diferenciada. Por ejemplo, la política exterior mexicana, medio ambiente o bien las organizaciones de la sociedad civil y los organismos autónomos, considerados por la cuarta transformación como intermediados excesivos.
La nueva política exterior mexicana se basa en el respeto a la autodeterminación de los pueblos (parecida a la doctrina Estrada) y se traduce en la consigna de que la mejor política exterior es la política interior. Con la lectura de A la mitad del camino, libro de López Obrador, se puede confirmar su capacidad de estadista, una perspectiva reiterada en la habilidad de exponer un nuevo capítulo de la política exterior durante su discurso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El presidente llevó al ámbito internacional una crítica y una propuesta de solución a la ya desgastada e inoperante diplomacia mundial. Es más loable un llamado a la paz mundial por la invasión de Rusia a Ucrania que planear una condena exacerbada contra Moscú, promovida por la también irresponsable actitud de Estados Unidos y sus aliados en la geopolítica mundial. Ese discurso del mandatario incomoda a propios y extraños, pero es diferente, claro y soberano, y no alienado conforme a lo que el bloque occidental esperaría de México.
Igualmente, y como otro ejemplo, lidiar con el entonces presidente Donald Trump requirió de una habilidad peculiar, decir que no de buena manera, tensar sin conceder y mostrar nuestra soberanía era algo que ya se extrañaba. La misma izquierda tradicional y alineada urgía el rompimiento con un presidente racista y soberbio. AMLO logró apaciguarlo hasta que definitivamente se fue de la Casa Blanca, esperó pacientemente.
Ahora el Estado considera que muchos temas de la sociedad civil son tareas que recaen en su responsabilidad pública. Quizá un esfuerzo colaborativo haría falta.
Ahora bien, el medio ambiente, los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos autónomos son un asunto muy delicado. El fortalecimiento de la sociedad civil se constituyó por décadas como un movimiento plural de contrapesos al poder público. La ahora llamada sociedad civil se conformaba antes por las organizaciones no gubernamentales (ONG), es decir, se definían en contraposición a lo gubernamental. La defensa de los derechos humanos, la atención ante desapariciones forzadas, el respaldo a víctimas de violencia de Estado e intrafamiliar, la ayuda al migrante, fueron su agenda más importante. Mas adelante, y primero marginalmente, pulularon organizaciones para el desarrollo local rural y el medio ambiente. Los logros fueron múltiples y contribuyeron también a la trasformación que ahora vemos, pero no podemos soslayar que muchos grupos y corporaciones empresariales usaron estos mecanismos para expiar culpas, evadir impuestos y autofinanciar objetivos personales y de ego (cómo olvidar, por ejemplo, a la señora Martha Sahagún y sus finos hijos) y ahora actúan para golpear franca y directamente a la cuarta transformación, algo que AMLO percibe. Y de ahí su encono y la dificultad de separar entre distintos tipos de intermediarios.
Ahora el Estado considera que muchos temas de la sociedad civil son tareas que recaen en su responsabilidad pública. Quizá un esfuerzo colaborativo haría falta.
En materia ambiental se antoja una conservación con cara humana como salida para involucrar a los verdaderos dueños de nuestra biodiversidad; las comunidades originarias pueden ser los grandes guardianes de nuestras áreas protegidas con nuevas legislaciones, incluyentes, de categorías de manejo y conservación social comunitaria. Una gobernanza social de los territorios rurales es posible, urgente y congruente con la cuarta trasformación.
Así mismo, una política inclusiva de aprovechamiento de energías alternativas debe plantearse más decididamente. Cuando se explota un territorio rural, cuando se engaña a una comunidad indígena con contratos leoninos e injustos, la energía así producida no tiene nada de limpia. Una economía de baja emisión de carbono requiere de una transición para su financiamiento. Las energías no fósiles se pueden soportar en el uso de los tradicionales gas y petróleo, al menos por un tiempo. Se requiere de un proceso de amortiguación al menos de 20 años, que no será fácil. Sin embargo, ofrecer al pueblo de México una clara hoja de ruta es algo que creo todos merecemos.
Entre todo esto, sólo sabemos indirectamente que, en promedio, más del 65 por ciento de la población mexicana está de acuerdo con la gestión del presidente.
