El señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la neoliberalización y derechización de la UNAM no era desproporcionado: habría tendencias y elementos que confirmaban sus dichos.
Si por décadas nuestro país padeció las calamidades de un neoliberalismo salpimentado además con ciertas especificidades grotescas (como lo fue su vínculo con una corrupción exacerbada y el uso de métodos atroces para el enriquecimiento oligárquico), no nos debiera llamar a sorpresa que también expandiera sus secuelas sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, con impactos diferenciados según el subsistema que sufriera esos embates.
Una sumatoria de procesos como a) la retracción de derechos laborales disfrazada de reforma educativa en el nivel básico, b) las propuestas con un énfasis excesivamente técnico, que hasta desterraban los cursos de filosofía en la secundaria y la educación media superior, c) la interiorización de la ideología de la competencia y el acomodo a una cultura meritocrática como remedios falaces para el deterioro salarial en las universidades e institutos superiores; no eran sino expresión del nuevo modelo educativo neoliberal que desfiguraba algunas de las metas más preciadas del proyecto educativo posrevolucionario (con sus promesas de ascenso, movilidad social o, en unas palabras, con la idea de “dar mejor educación para más”), de tal modo que no sólo no se superaban viejos rezagos (como la insuficiente cobertura o el abandono escolar), sino que se logró doblegar el espíritu del artículo tercero constitucional, y hasta se incurrió en el lastimoso espectáculo de la denominada “estafa maestra”, que involucró a autoridades de varias instituciones de enseñanza superior, sin mencionar la proliferación de universidades patito por todo el país. El significado del neoliberalismo como adelgazamiento del Estado en su función social no ofreció nada bueno para las perspectivas de la “educación pública”, pero ello no implicó que su implementación corriera impune: hubo acciones de resistencia y luchas ejemplares, de manera que las demandas de cambio en el país siempre encontraron resonancia y proyección en los planteles educativos.
Por tales razones, aunque a algunos les resultara sorpresivo o hasta de cierta ingratitud, el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la neoliberalización y derechización de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no era desproporcionado: habría tendencias y elementos que confirmaban sus dichos. Acordar en eso tampoco significa aceptar por entero que las acciones que hasta ahora se han tomado son las suficientes para desandar aquel camino y para abrir un nuevo periodo del cambio educativo necesario para el país. También en política educativa habría que plantearse la pregunta sobre lo que significaría avanzar hacia un cambio de régimen y cómo enfocarse en una profundización de los procesos de transformación. Hay avances, es cierto, pero hay todavía mucho por hacer.
En momentos en que aquel diferendo parecía polarizar en mayor grado a las autoridades de la UNAM y al titular del ejecutivo, no pudo ser más sabio y oportuno el mensaje del exrrector Pablo González Casanova, en ocasión del homenaje por el centenario de su nacimiento y por su trayectoria intelectual, donde dijo:
lo más importante e interesante que pueda resultar de mis palabras tal vez sea vincular lo que nuestra universidad está haciendo a la cabeza de su rector con lo que está haciendo el presidente de la república y con lo que están haciendo numerosas organizaciones de tipo popular y social (…), esta es la lucha que ustedes van a vivir, principal, para ir resolviendo los viejos problemas del dolor de los pobres y los nuevos que les acarrea el propio desarrollo.[1]
En cierto modo, el llamado de don Pablo, que fue dicho en presencia de la adusta cara de otros exrrectores que seguían a distancia la transmisión, colaba en el propio campus la pregunta de hasta qué punto los y las universitarias seríamos capaces de ponernos al día en el propósito de que también en la universidad se despliegue y avance un proceso de transformación que la extraiga de ese uso de la noción de “autonomía” que más bien pareciera atarla a las usanzas del viejo esquema y privarla de una necesaria actualización y perfilamiento de sus fines en aras de que la autoproducción de conocimiento del más alto nivel que de ella se espera se reoriente hacia el más arraigado y sentido propósito de propiciar la autodeterminación de México como país independiente y soberano en el concierto de las naciones.
Del mismo modo, la persistencia en el reclamo por sacar a nuestra universidad de su inusitada condición de letargo, de cimbrarla en sus certezas que la acomodaron en “zonas de confort” y que pretenden poner a buen resguardo ciertos privilegios obtenidos por los grupos de poder que la han administrado en las últimas décadas, seguirá siendo una enunciación a ratos explícita y otra veces retumbando hasta en los instantes de silencio, y que ahora, a casi un año de que sea renovado el cargo de responsabilidad más importante dentro de nuestra máxima casa de estudios, se revela como más pertinente y urgente en el horizonte temporal más inmediato. De estar a la altura de ese reto, nuestras comunidades sabrán dar salida a situaciones que de otro modo no aseguran sino la continuación de esa condición de desazón, la prolongación del desánimo. Encaminarse hacia las nuevas condiciones que nos reactiven en el anteriormente indiscutido papel de ser el espacio en el que reside la conciencia del país, tal vez nos está exigiendo leer y recuperar, con renovado sentido, el acomodo de los viejos procesos con las nuevas exigencias.
Sin duda, un aporte muy significativo para la construcción de la fuerza política que logró la derrota del Pacto por México en 2018 y que llevó a López Obrador a la presidencia le correspondió a la fuerza de movilización y a la memoria histórica combativa de los contingentes de lucha estudiantil, magisterial y universitaria, y al modo en que estos pudieron enlazar sus exigencias a un reclamo más amplio por la democratización del país. De ahí que uno de los catalizadores para registrar el grado de avance, el estado de ánimo o hasta el carácter de la así denominada cuarta transformación sobre el resto de la sociedad se ubica en las nervaduras profundas de las comunidades educativas, pues son ellas, en el cultivo de sus tensiones y en el arqueo de sus conflictos, entidades privilegiadas del registro societal de que algo importante está pasando o no en una sociedad. Así como el pasado nos proporciona lecciones, el presente nos plantea urgencias y tareas.
Repertorio de luchas
Un somero recuento del proceso experiencial y formativo de la lucha no podría dejar de mencionar los siguientes procesos. En primer término, la histórica gesta que arrancó en abril de 1986, que se alzó en respuesta a la política sintetizada por la autoridad universitaria en el documento Fortalezas y debilidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentado por el entonces rector Jorge Carpizo, que pretendía, entre otras cosas, la derogación del pase automático del bachillerato a la licenciatura y aumentar las cuotas de ingreso y reinscripción a la universidad.
En sesión del Consejo Universitario, se llegó hasta la aprobación del Reglamento General de Pagos el 11 de septiembre de 1986, con lo que avanzaba un trecho el plan que pretendía privatizar la educación impartida en la UNAM; luego de lo cual el movimiento estudiantil alcanzó su mayor convocatoria, entre septiembre y octubre de ese año, cuando se fundó el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), desplegando impresionantes marchas por toda la ciudad que culminaron con la huelga universitaria que estalló el 29 de enero y fue levantada el 17 de febrero de 1987, luego de alcanzar el acuerdo para desarrollar un diálogo público y el posterior Congreso Universitario, aunque se llevó a cabo hasta tres años después de aquella huelga.
El congreso acordado por las partes en conflicto ratificó el rechazo a la imposición de cobros. Protestas equivalentes llevaron a paros estudiantiles en diferentes planteles de la UNAM durante 1992, cuando el entonces rector José Sarukhán también se planteó imponer cuotas estudiantiles. Durante ese mismo mandato universitario, en 1995, estallaron huelgas en los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) por la propuesta de modificación de su plan de estudios y la disminución de cuatro turnos a dos. En esta lucha también estuvo presente la resistencia frente a la desaparición del pase automático.
Aunado a esto, hay que recordar el conflicto universitario del quiebre del siglo XX, que arrancó con la primavera de 1999, cuando los estudiantes agrupados en el Consejo General de Huelga (CGH) comenzaron el 20 de abril de ese año una huelga que, después de nueve meses, fue “disuelta” por la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la universidad, con más de mil estudiantes encarcelados (algunos por varios meses). Ese prolongado cierre de las instalaciones inició porque el rector en turno, Francisco Barnés de Castro, al igual que en administraciones anteriores, pretendía, mediante cuotas (que incluían pagos de inscripción por mil 360 pesos en el nivel bachillerato y 2 mil 040 para licenciatura), avanzar sobre la anhelada privatización de la educación pública universitaria.
En el periodo comprendido entre aquellas dos huelgas también se registraron otras movilizaciones estudiantiles, de otras entidades y escuelas que integran el subsistema de educación superior, las que igualmente centraban su demanda y su lucha en la defensa de la universidad pública y gratuita. Estas reivindicaciones se esgrimieron en respuesta a la “histórica” contrarreforma del artículo tercero constitucional, que en 1993 eliminaba la gratuidad de la educación en el nivel medio superior y superior. Al respecto, el artículo ya modificado indicaba que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —Federación, Estados y Municipios— impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias” (Cámara de Diputados, 2003).[2] En este sentido, el Estado mexicano sólo asumiría la responsabilidad de impartir educación gratuita en el nivel básico. El mensaje era claro y se inscribía en la forma del Estado neoliberal: “el que quiera educación, que la pague”, como si fuera una mercancía, obviando su condición de derecho.
Cabe agregar que es hasta la actual administración gubernamental, después de casi tres décadas, que el artículo tercero. constitucional fue nuevamente reformado con el fin de instituir, en términos constitucionales, la gratuidad en todos los niveles. De manera expresa se estableció que: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios— impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior” (Cámara de Diputados, 2019).[3]
Nuevas dimensiones y escalas de los conflictos
Como lo señaló, entre otros, el propio González Casanova, “en su comportamiento práctico, el movimiento estudiantil descubrió contradicciones”,[4] las que no eran sino expresión de una muy compleja forma de articulación de voluntades que, sin embargo, por su propia lógica de funcionamiento, impedían madurar organizativamente o a escala de proyecto a un nuevo tipo de sujeto estudiantil, pero que aun a ese nivel alcanzó sus objetivos: se logró el propósito de que la universidad no se privatizara mediante el cobro de cuotas. La UNAM sigue siendo pública y gratuita.
Por el lado de las autoridades, el empate catastrófico al que se llegó se expresaba en que los estudiantes volvieran a sus planteles aun cuando otras y otros, por cientos, fueran represaliados, indiciados y encarcelados; e incluso al costo de trasladar hacia adelante la resolución de contradicciones, como si pudieran esconderse bajo lujosas alfombras. Desde el gobierno federal se había dado curso a una clara línea represiva, y con la “pedagogía del escarmiento” se creyó sepultar en el olvido o el miedo las razones más profundas de la inconformidad. Por un tiempo el movimiento estudiantil quedó desarticulado.
No obstante, las asambleas, plantones y mítines reaparecerían ante la coyuntura del relevo de gobierno de 2012, cuando se advertía una resurgente operación fraudulenta por parte del régimen prianista, y esto generó otro asomo de rearticulación nacional cuando primero jóvenes estudiantes de algunas universidades privadas y luego de numerosas instituciones públicas de educación superior se agruparon en el autodenominado movimiento #YoSoy132. Sin embargo, al igual que en el resto del país, estos acontecimientos concurrían en el marco de un contexto de conflicto más amplio, que también acercó a las instalaciones universitarias episodios de violencia que se comenzaban a sentir con mayor frecuencia y que antaño no eran habituales.
De hecho, uno de los grandes dramas nacionales, la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el clamor por la obtención de justicia, envuelve por entero las cuestiones de la educación pública y la falta de oportunidades para nuestra juventud, más aún en las zonas rurales, empobrecidas y desfavorecidas.
Súmese a eso otro cruce problemático que abona al caldo de cultivo de tensiones que pudieran estallar en cualquier momento. En unas semanas ganadas por las marchas normalistas y de otros sectores, por la exigencia de justicia y la obtención del castigo a los responsables de lo sucedido en Ayotzinapa, se agregó el pedido de incrementos presupuestales, y esto se plasmó en la siguiente demanda estudiantil, que ya ilumina también hacia otro flanco muy sensible entre la comunidad educativa: “Alto a la criminalización, la represión y el espionaje. Exigimos el desmantelamiento de los grupos de choque y porriles contra el movimiento estudiantil y contra quienes se organizan para defender la educación” (Segunda Asamblea Interuniversitaria, 2022).[5] La ecuación no podría resultar más contrastante: mientras en Tlaxcala se protesta aún por el fallecimiento de Beatriz Rojas Pérez, una estudiante de la Escuela Normal de Panotla, agredida por policías de una entidad gobernada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), días después, en su conferencia mañanera, el presidente detallaba las bondades del proyecto de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), justo en su intención de ofrecer y acercar opciones educativas a nuestras comunidades más alejadas y con los menores niveles socioeconómicos.
La coyuntura más reciente: la lucha de las mujeres
Durante las últimas semanas y meses, diversas escuelas de la UNAM, de bachillerato y nivel superior, hasta más de una decena, han realizado paros de labores académicas impulsados mayoritariamente por las estudiantes. A diferencia de años anteriores, donde los paros o las huelgas estudiantiles se activaban en defensa de la universidad pública y por la gratuidad de la educación frente a un avasallante proceso de privatización, hoy esto ocurre por otras razones, en un país donde se perpetran 11 feminicidios al día.
Ha tocado el turno protagónico a las luchas de las mujeres, que han tomado el espacio político de las reivindicaciones con sus denuncias de situaciones que giran alrededor de las violencias de género, a las que se suman otros eventos violentos con saldos fatales y que sorprendentemente han ocurrido dentro de las instalaciones universitarias, entre ellos la balacera cerca de la Facultad de Contaduría y Administración, en 2018, donde murieron dos personas; o unos años antes el caso de un trabajador de la Facultad de Química que en 2016 fue asesinado al interior de la propia facultad. Se han reportado también balaceras y personas heridas por conflictos entre comerciantes a las afueras del auditorio que permanece tomado en la Facultad de Filosofía y Letras.
Sin pretender ser exhaustivos en el recuento, ya se están activando señales de alerta, basta recordar el caso del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, de 22 años, ocurrido en mayo de 2017: una estudiante de la UNAM que fue encontrada sin vida y con el cable de una caseta telefónica enredado en el cuello, dentro de Ciudad Universitaria. En un principio fue presentado como un “suicidio” y después se reconoció como lo que verdaderamente fue, un feminicidio. O el caso de un estudiante de derecho que fue encontrado, igualmente en 2017, en el estacionamiento de la Facultad de Medicina frente a un pozo de absorción, donde supuestamente se ahogó para suicidarse, pero su familia y los peritajes señalaban que tenía golpes y quemaduras en el cuerpo. Otro incidente fatal se registró el 13 de junio de 2017, cuando el cuerpo sin vida del estudiante de odontología Víctor Manuel Orihuela Rojas fue hallado a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras, muerto por caída desde el segundo o tercer piso del edificio. También figura el misterioso caso de Aideé Mendoza, de 18 años, quien en abril de 2019, durante su clase en el CCH Oriente, perdió la vida en el salón al ser herida de bala.
Estos asuntos no se pueden encuadrar meramente como lamentables acontecimientos. Desde hace años, quinquenios, se comenzó a vivir un “nuevo” escenario en diversas universidades, donde la UNAM no es la excepción. Se empezaron a registrar intensas denuncias por violencia de género. Al respecto, el Informe sobre la implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, que abarca la valoración del primer cuatrienio de aplicación del protocolo, indica que “en este periodo, 1486 personas presentaron una queja por posibles hechos de violencia de género ante el Subsistema Jurídico de la UNAM, a partir de las cuales se identificaron a 1311 personas presuntas agresoras” (Oficina de la Abogacía General de la UNAM, 2020).[6] Del total de las personas que presentron quejas, el 98.2 por ciento son mujeres. Por su parte, del total de las personas presuntas agresoras, el 94.9 por ciento son hombres. Del total de las quejas por violencia de género, 79.2 por ciento fueron presentadas por alumnas. Del total de las denuncias de violencia de género, en cerca del 50 por ciento existía una relación académica con el agresor (Oficina de la Abogacía General de la UNAM, 2020).
A partir de estos resultados, la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad (CIGU), creada el 2 de marzo de 2020, señaló que, en el lapso referido en el informe, las “denuncias por violencia de género en la UNAM incrementaron 1300% durante los últimos 4 años” (CIGU, 2020)[7].
A esto se agregaron las denuncias de la violencia que se vive tanto al interior como en las inmediaciones de los planteles. En torno a la salida de los espacios universitarios, las denuncias de asalto, secuestro y violación empezaron a ser cotidianas. Las estudiantes hacen peticiones por alumbrado, transporte y traslados seguros cerca de los planteles. Las colectivas universitarias y otras agrupaciones de mujeres en pie de lucha han desplegado reclamos semejantes, cuando no han emprendido acciones de cancelación o señalamiento sobre sus presuntos agresores.
Diversas denuncias, entre ellas las que apuntó la reciente asamblea interuniversitaria, expresan parte de este escenario vivido al interior de algunos planteles y sus alrededores. De ahí la firme exigencia de contar con “escuelas y universidades libres de todo tipo de violencia, en particular una educación que combata la violencia de género, transfóbica y la violencia contra la comunidad LGBTT+” (Segunda Asamblea Interuniversitaria, 2022). En el marco de este contexto general de brotes de violencia, que ya de por sí configura elementos de un problema de grandes proporciones, recientemente una estudiante del CCH Sur fue violada en uno de los baños de la institución.
Aunque las autoridades señalan que van a atender estos problemas, pareciera que los códigos ocultos del poder patriarcal en que se sostiene la malla organizativa de la institución son el verdadero obstáculo, muy difícil de modificar porque los responsables se cierran a afectar a la capa funcionarial, lo que impide avizorar nuevas propuestas que vayan en la línea de propiciar un nuevo arreglo que transforme las relaciones al interior de la casa de estudios, que haga no sólo seguro el discurrir de la vida universitaria, sino democrático, inclusivo y libre de violencias.
La cuestión de las formas de gobierno: ¿para cuándo una mayor democratización de la UNAM?
Es necesario llevar esta reflexión hacia otros ámbitos que están concatenados. En días recientes parece que se han “sincronizado”, en varios planteles, actitudes que nos advierten un cierto rumbo en que persisten las lógicas de conflicto más que la búsqueda de soluciones, algunas ya enunciadas por las propias comunidades. Un ejemplo de esto es que frente a las denuncias por violencia de género se nombre a directores u otras autoridades que han sido señaladas por incurrir en tales actos o por situaciones de maltrato y acoso; tampoco se siguen en coherencia los protocolos indicados frente a una agresión sexual; o no se da respuesta a los miles de denuncias de las distintas violencias o, de darse, no es la adecuada desde la perspectiva de las víctimas.
Proceder con dilación; ser deliberadamente omisos por nombrar en cargos de responsabilidad a personal con antecedentes de denuncias: o extremadamente obstinados, dejándoles en la oportunidad de seguir actuando sin que asuman las consecuencias de actos inadecuados (hay quejas, por ejemplo, de que algunos profesores acusados de acoso sólo son suspendidos unos días o simplemente removidos a otros puestos) o de que hasta puedan usar represalias contra sus denunciantes, es atizar la mecha del conflicto, dejar latente el posible estallido de problemas que pudieran ser redituables políticamente en momentos que sean valorados como oportunos por la cúpula universitaria.
Mirada la cuestión desde esta perspectiva, se puede hacer interconexión con otra serie de procesos en dirección a resguardar y blindar el proceso de la toma de decisiones dentro de la institución (lo que incluye, por ejemplo, los procedimientos de contratación y apertura de plazas, de entrega de premios y reconocimientos, que debieran ser más equilibrados y transparentes). Pareciera que hay un acuerdo preexistente para no poner en entredicho los modos tradicionales de funcionamiento, aunque en estos ya se pueda percibir una cierta recaída en un sesgo elitista y clasista (fraguado en las divergencias de salarios y remuneraciones, o en el “uso de influencias”), que expresaría un subrayado tono pigmentocrático (ya señalado por algunos especialistas) como criterio para la obtención de puestos de la más alta dirección, y que funcionarían a modo de garantía para no modificar, ni por descuido, las formas de gobierno. Sólo en la exacerbación de esas tramas puede entenderse cómo se ha operado para sostener algunas muy cuestionables y hasta erráticas recientes designaciones en la Junta de Gobierno,[8] que fueron rápidamente procesadas para evitar que se colara alguna voz disonante.
Aquí hacen su entrada elementos de índole política que ni con la 4T se han modificado. Baste recordar que las décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las dificultades para superar al régimen y la cultura política a él asociado, tuvieron y tienen su réplica en los sistemas de gobierno de las muy diversas instituciones de educación superior: es el caso de algunas universidades de las entidades federativas y de otras autónomas de la federación (donde hace unos años se calificó al estamento dirigente como la “burocracia dorada”) que son conducidas verdaderamente por camarillas o mafias que se han beneficiado con la disposición de tajadas importantes de los presupuestos estatales, recursos con los que se han permitido todo género de dispendios.
Con sus particularidades, no es muy distinto lo que ha ocurrido con la UNAM, y eso se reedita en las ritualidades propias de la ocasión en que se ha de designar el cargo de rector (lo decimos intencionalmente en masculino, pues nunca ese cargo le ha correspondido a una colega universitaria en nuestra institución), lo que acontecerá exactamente dentro de un año.
La UNAM no estaba fuera de la órbita e incidencia del viejo régimen. Por el contrario, este espacio académico de gran importancia a nivel nacional y en América Latina siempre había sido asumido como un territorio que extendía los dominios del otrora partido hegemónico, espacio incluso de recepción de políticos que habrían caído en desgracia, y casi por naturalidad se aceptó que el puesto de rector general recayera en algún miembro afín o militante confeso del PRI. Quizá no sea ninguna casualidad que la ley orgánica de la institución, en su artículo 9, defina al rector como “el Jefe nato de la Universidad”.
Si algunos de los procesos de conflicto como los que hemos aquí enumerado se extienden o escalan, podrían quedar atrapados en la coyuntura sucesoria de la rectoría, que en cualquier momento nos dará señales de haber comenzado (aunque los tiempos formales aún no lo decreten). Y con ello, de sentirse amenazados, la élite gobernante o algunos sectores “interesados” incurrirían en la tentación, como ya antes ha acontecido, de ligar esos procesos problemáticos, esos “instantes de peligro”, con los tiempos electorales del país.
A los y las universitarias compete no sólo que esto no ocurra y que no se abra un ambiente o la percepción de un ambiente de ingobernabilidad, sino que se comiencen a orientar mejor las decisiones y designaciones de los puestos de más alta responsabilidad, para que con ello se dé comienzo a la muy necesaria democratización de la UNAM que se reclama para poner a tan importante institución en sincronía y acuerdo (y no en independencia y lejanía) con los procesos que la nación demanda.
[1] Mensaje disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=HHW0D65XRQQ. En especial, el fragmento del segundo 1:12:36 al 1:21:30.
[2] Véase: https://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polint/cua2/evolucion.htm#:~:text=%22Art.,imparta%20en%20los%20establecimientos%20particulares.
[3] Véase: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
[4] Pablo González Casanova, La universidad necesaria en el siglo XXI, Ciudad de México: Era, pág. 91.
[5] Véase: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=107443305484400&id=100086561918693
[6] Véase: http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/2020-11/Cuarto%20Informe%20sobre%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20Protocolo.pdf
[7] Véase: https://coordinaciongenero.unam.mx/2020/10/denuncias-por-violencia-de-genero-en-la-unam-incrementaron-1300-durante-los-ultimos-4-anos/#:~:text=Del%209%20de%20junio%20de,Casos%20de%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero
