La cuarta transformación de nuestro país tiene
como base una perspectiva de ruptura que
busca establecer la educación como un derecho
humano.
*María de los Ángeles Gordillo Castañeda, directora de Educación Intercultural de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública
En diferentes lugares del mundo, en especial en Abya Yala, esa que José Martí llamaba “nuestra América”, comunidades y pueblos han demandado su derecho a existir y, por tanto, a reivindicar sus lenguas, sus prácticas culturales, sus modos de organización, sus instituciones y autoridades, la historia que reconocen, las personas que las y los educan, los ideales de su presente y de su futuro.
Estos movimientos se presentan bajo una concepción territorial de existencia, por lo que no sólo son una lucha por los derechos individuales y comunitarios, sino que incluyen de manera holística sus espacios de poder y cosmovisiones. Estos grupos excluidos, los “olvidados”, los “sin rostro”, levantaron la voz e impusieron con su presencia la diversidad, la resistencia de naciones y aún más, de otros mundos posibles.
Esta efervescencia social ha tenido efectos importantes para generar discursos y políticas multiculturales que sirvieron, por lo menos, para colocar en la mesa de discusión la existencia de la diversidad, pero también fueron el inicio de una discusión sobre la educación propia, comunitaria o alternativa en muchos países, principalmente en Latinoamérica. Esta política multicultural sirvió también como mecanismo del propio sistema y de los estados para dar salida a la presión social, sin resolver la relación colonial, la visión hegemónica, occidental, racializada y de imposición epistémica existente.
Las respuestas oficiales a este paradigma fueron diplomáticas, administrativas, evasivas, discriminatorias y racistas, creando instituciones que generaron escuelas indígenas para indígenas, pero el resto del sistema educativo no fue trastocado ni perturbado por la aparición y existencia de estos espacios “especiales”.
En el caso mexicano, el multiculturalismo y la fundación de las Universidades Interculturales, ocurrido durante el gobierno de Vicente Fox, fueron producto de un manejo paternalista y folclorizante, dotando de una forma particular de inclusión al sector indígena, pero que no alcanzó a llegar al fondo real del problema, mientras que a estas escuelas ni siquiera se les dio el peso de cualquier otra institución de educación superior, pues quedaron fuera de la Subsecretaría de Educación Superior (SES).
En el sentido hegemónico de la multiculturalidad, la interculturalidad fue entendida más como un tipo de asistencialismo o de prebenda social que realmente como la oportunidad para un cuestionamiento crítico y de fondo del sentido estructural de la imposición epistémica, de la exclusión y la desigualdad social fundantes que nos han impuesto un sentido de vida sobre los otros, siendo esta imposición una de las principales causas de la pérdida de las diversidad cultural y sus múltiples expresiones de existencia social.
A partir en este gobierno de la cuarta transformación, con una perspectiva crítica de la interculturalidad, fue urgente que las universidades preexistentes fueran refundadas, yendo más allá de la inclusión, conservación y supuesta “tolerancia”, sino que dieran cabida, en igualdad, a otras formas de existir y ser en un sentido de totalidad posible.
Se presenta un breve recuento de la situación de las Universidades Interculturales y de su actual paradigma de transformación.
Las Universidades Interculturales son instituciones de educación superior (IES) con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscritas a los gobiernos de los estados en los cuales están instaladas.
Su creación fue impulsada a partir del año 2003, a través de la hoy extinta Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta dependencia era la encargada de asesorar, evaluar e impulsar propuestas educativas interculturales en todos los niveles del sistema educativo nacional, cuya población objetivo eran los estudiantes indígenas.
La cuarta transformación de nuestro país tiene como base una perspectiva de ruptura que busca establecer la educación como un derecho humano. En el artículo tercero constitucional se establece que en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. La interculturalidad es para todas y todos o no es interculturalidad. Esto implica el reconocimiento de una sociedad diversa, pero con desigualdad. Asumir esto nos permite evidenciar el nudo donde convergen las desigualdades o la interseccionalidad de estas: género, raza, etnia y clase.
La interculturalidad, entonces, rebasa la idea de que es específica para la población indígena y afromexicana, supera el sentido segregacionista en que se construyó la interculturalidad y se coloca como un principio fundante de las sociedades con raíces diversas. Así, la interculturalidad para todas y todos permite confrontar la idea de una sociedad homogénea para buscar construir un nuevo sentido de sociedad desde la diversidad y desde lo nacional-popular. Se trata de descolonizarnos.
Para este gobierno de transformaciones, la interculturalidad tiene que ser crítica, que repiense las estructuras de gobierno, que fomente la participación social comunitaria, que dé sentido a la educación y a su relación con la transformación social. Para ello, las universidades interculturales y la interculturalidad que plantean estarían siendo no sólo espacios de visibilidad e inclusión de grupos históricamente discriminados, sino también ámbitos capaces de replantear y cuestionar, con su quehacer, los esquemas institucionalizados e institucionalizantes, los procesos administrativos, financieros y normativos.
Las nuevas Universidades Interculturales están acompañadas desde su creación de acciones conjuntas que generan espacios de discusión y toma de decisiones en coordinación con comunidades, pueblos, campesinos, migrantes y barrios. Enfrentan la más rigurosa vigilancia colectiva, asumen las más estrictas responsabilidades, se someten a los más complejos ejercicios dialógicos asamblearios y asumen construir una educación que sirva para la vida.
Por su parte, en el marco de las consultas, la participación en la toma de decisiones y respeto a la libre determinación de los pueblos, así como en lo relativo a las propuestas diferenciadas en lo académico y administrativo, las principales acciones realizadas han sido: a) la creación de Comités de seguimiento y planeación de las universidades con representatividad local; b) estudios de factibilidad basados en metodologías de participación comunitaria para registrar las necesidades y expectativas sociales, pero sobre todo la propuesta educativa de y para los pueblos; c) construcción de instrumentos normativos inclusivos que señalan la creación de órganos de gobierno con fuerte representatividad de los pueblos y comunidades; d) reconocimiento e inclusión en igualdad de las profesoras y profesores comunitarios; e) consideración de espacios de enseñanza no sólo en la universidad, rompiendo con la concepción áulica, y f) el establecimiento de la interculturalidad como transversal en el ámbito financiero, jurídico y administrativo.
La configuración institucional, conforme se ha establecido en los convenios de colaboración entre los gobiernos de los estados y la federación, incluye dentro de sus figuras de gobierno la participación de las comunidades, quienes no sólo son un ente consultivo, sino que son parte viva del gobierno universitario, con voz y voto. Esto incluye participar en la propuesta, junto a los sectores académico y estudiantil y a autoridades, de una terna de candidatos, entre los que la gobernadora o gobernador elige quién detentará la rectoría.
Se ha duplicado el número de Universidades Interculturales, algunas en el marco de los planes de justicia para los pueblos indígenas, como el caso de la Universidad del Pueblo Yaqui y la Universidad Intercultural del pueblo Wixárika. Otras han surgido por solicitud de los propias comunidades, como el caso de los migrantes jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California; los pueblos mayas de Campeche; las comunidades campesinas defensoras del maíz criollo de Tlaxcala y Colima; los pueblos negros de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, con la Afrouniversidad, y las comunidades chichimecas y ñañhús de Guanajuato. Además están en proceso la Universidad para la Mujer, con una perspectiva intercultural, en Aguascalientes; la Universidad Intercultural de Nayarit y varias universidades politécnicas y tecnológicas que están trabajando en incorporar la perspectiva intercultural para todas y todos.
Estamos ante la oportunidad histórica de trabajar por un “muy otro gobierno” que trastoque los cimientos del poder. Sin embargo, reconocemos que falta mucho más. No puede ser sólo una tarea de planeación académica, tampoco se puede personificar en encomiendas a funcionarias o funcionarios que se consideren con mayor “sensibilidad”: hay que generar un cambio de paradigma en las concepciones y estrategias para gestionar de manera integral la educación. Necesitamos reorientar prácticas institucionalizadas; desburocratizar los procedimientos de gestión educativa; replantearnos como personas y como colectivos la formación, la experiencia profesional, nuestras conductas y emociones; avanzar en la revolución de las conciencias, y sabernos parte de una realidad social que con la lucha activa logre una educación intercultural para todas y todos.
