Implementar una nueva visión sobre el derecho a la vivienda ha implicado enfrentar resistencias e intereses en todo el país.

La vivienda es un derecho que potencia el ejercicio de otros, pues la ubicación de una casa pone a la persona en un contexto social, político y económico distinto respecto de otra posibilidad.

Los satisfactores alrededor de la vivienda hacen que sea más fácil ejercer el derecho a la educación si hay una escuela cerca, por ejemplo. Esta visión de derechos entrelazados no era la que predominaba en las primeras décadas del siglo XXI; por el contrario, se creó el concepto de “ciudades dormitorio”, donde se planteaba a la vivienda como un lugar de dormir y no de crear comunidad y vivir con bienestar.

Implementar una nueva visión sobre el derecho a la vivienda ha implicado enfrentar resistencias e intereses en todo el país. Pero en estos años se ha avanzado en la disminución del rezago habitacional, de políticas urbanas que garantizan una mejor relación entre la vivienda y su entorno, y políticas de crédito que facilitan el acceso a la vivienda y garantizan la salud financiera de las familias.

Inicia la transformación

El camino de la transformación inició con ponerle final a las deudas impagables y evitar los desalojos de vivienda. Durante décadas, muchos trabajadores que invertían sus ahorros en una vivienda no terminaban de pagarla aun depositando, puntualmente, su mensualidad durante 30 años. Quien tenía dificultades para hacerlo acababa amenazado por cobradores y, en el peor de los casos, fuera de su casa. La transformación ha significado reestructurar o apoyar la liquidación de más de 4.8 millones de créditos otorgados a principios de este siglo; darles una nueva oportunidad a las familias de consolidar su patrimonio ha permitido la paz y el bienestar.

Para no repetir la historia, debíamos diseñar esquemas de crédito flexibles y acordes a la realidad laboral que enfrentan la gran mayoría de los obreros del país. Buscamos con la gente el mejor esquema a través de entrevistas y grupos de enfoque, las personas nos decían que valoraban que en un crédito los pagos fueran fijos y que cada abono significara una disminución de la deuda. Eso hicimos, hoy los esquemas de crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) cuentan con las tasas más bajas de su historia reciente. En el caso del Infonavit se diseñó un esquema para que la tasa de interés sea acorde al salario del trabajador y progresiva, de manera que quien gana el salario mínimo tenga la menor tasa. Lo anterior ha tenido como resultado que, en conjunto, todos los organismos de vivienda hayamos otorgado tres millones de créditos.

Estos créditos se han diversificado: si antes únicamente podías adquirir una vivienda nueva que te asignaban, hoy cada persona puede elegir cómo y en qué puede gastar sus recursos. Es una política basada en la confianza hacia las personas y en la convicción de que nadie mejor que uno mismo sabe sus necesidades. Esa fue la razón para reformar las leyes del Infonavit y Fovissste, gracias a lo cual hoy el crédito se puede utilizar para mejoras, ampliaciones, terrenos, compra de vivienda nueva o existente, o para esquemas de autoproducción. Lo anterior ha estado acompañado de un trabajo en conjunto de todas las instituciones del sector para atender el rezago habitacional, que como resultado pasó de 27.5 al 24.3 por cientro entre 2018 y 2022, por lo que se puede afirmar que más familias viven en mejores condiciones que antes.

Para el caso de la vivienda nueva, se buscó un nuevo enfoque en materia de sustentabilidad. Nos dimos cuenta de que las comunidades fragmentadas y periféricas derivaban en mayores problemas de impago de créditos. Intuitivamente, si la vivienda estaba lejos del trabajo y no tenía los servicios adecuados, era poco atractivo seguir pagándola. Para eso creamos las reglas de crédito con perspectiva urbana. Hoy cada casa que se vende con un crédito Infonavit es evaluada por su ubicación y contexto, cada vivienda debe contar con todos los servicios básicos completos, con una escuela, un consultorio o centro de salud, un parque, un mercado, una vía primaria de comunicación y acceso a transporte público a un radio de 2.5 kilómetros, y debe estar fuera de cualquier zona de riesgo. Con esto se fomentan comunidades caminables y compactas que contribuyen a que las personas vivan con bienestar, a la vez que se disminuye el abandono de las viviendas y los créditos.

Trabajamos, también, en acciones afirmativas que permitieran nivelar el acceso al crédito para poblaciones que enfrenten inequidades. Por ejemplo, sabemos que las mujeres ingresan más tarde al mercado laboral o, de forma injusta, ganan menos que los hombres por desempeñar trabajos iguales. Impulsamos el programa Mujer Infonavit, con el cual ellas cuentan con mayor monto y más plazo para pagar sus créditos en comparación con los hombres, además de esperar menos tiempo para hacerlo. Gracias a estas acciones, se incrementó en 10 por ciento el número de créditos otorgados a mujeres respecto a periodos anteriores.

Finalmente, en esta administración hemos seguido la lógica de trabajar con y para las personas, lo que nos ha llevado a mejorar nuestros esquemas de atención. Específicamente, expandimos la presencia territorial del Infonavit a través de 16 nuevas oficinas; logramos reducir el tiempo de atención a derechohabientes mientras se facilita el acceso a la banca digital, y promovimos esquemas de crédito para trabajadores del Estado en condiciones financieras sin precedentes.

Desde el Infonavit, la combinación de estas políticas ha contribuido a que atendamos, en promedio, 11.7 millones de asuntos al mes a través de todos nuestros distintos canales de atención.

En suma, hemos trabajado por darle un rostro más humano y cercado al Infonavit como protagonista de la política de vivienda. 

Profundizar

En este primer gobierno de la transformación se ha avanzado en abatir el rezago de vivienda, es decir, en mejorar las condiciones de las existentes. Asimismo, si bien creció el parque habitacional de 34.1 a 36.9 millones de viviendas, el déficit habitacional se mantuvo en 8.1 millones. El segundo piso de la transformación tendría que atender los siguientes aspectos que permitan consolidar una visión humanista en materia de vivienda.

1. Trabajar con los gobiernos locales y ampliar los instrumentos de planeación urbana. Durante estos años la federación ha invertido en cerca de 400 planes de desarrollo urbano municipal. Sin embargo, más del 60 por ciento de los municipios del país no cuentan con uno. Los instrumentos de planeación ayudan a señalar dónde sí y dónde no desarrollar vivienda, comercio, industria y otros equipamientos urbanos. Invertir más en planeación podrá detonar nuevos proyectos de vivienda de forma ordenada en todo el país.
2. Avanzar en el reconocimiento de distintas formas de la propiedad. Hasta ahora la mayoría de los programas de crédito y subsidio para vivienda parten de que el beneficiario sea propietario del inmueble. Sin embargo, la mitad del territorio nacional es propiedad social, mientras existen retos de regularización. Además, las nuevas formas de trabajo que fomentan la movilidad entre ciudades hacen necesaria una regulación del arrendamiento. Ha habido avances: en 2020 el Infonavit lanzó el primer crédito que puede beneficiar a posesionarios ejidales, mientras que los programas de vivienda social y reconstrucción de la Comisión Nacional de Vivienda han contribuido a la regularización de propietarios. Falta avanzar en una discusión profunda sobre vivienda en renta, que representa el 16% de los hogares.
3. Reducción de costos financieros a la producción de vivienda. La construcción hecha bajo mecanismos de libre mercado implica que los productores se enfrenten a volatilidad de tasas de interés y restricciones en el acceso al financiamiento. Para incrementar el número de viviendas se requiere garantizar el acceso al financiamiento, a tasas bajas para que no se traslade ese costo financiero al propietario de la vivienda. Ampliar los programas de la banca de desarrollo en esta materia será fundamental para diversificar una oferta de vivienda incluyente. La idea central es que el crédito de la persona alcance para la casa que quiera.
4. Políticas fiscales y presupuestales a favor de la vivienda asequible. La construcción de cada casa depende del municipio en que se ubique, las regulaciones locales inciden sobre el costo y la facilidad de producir nueva vivienda. Algunos municipios en el país han implementado incentivos fiscales para la vivienda económica, como la reducción o condonación de impuestos de adquisición, o han realizado programas de subsidio al suelo para disminuir los precios finales. Una combinación de políticas fiscales y presupuestales acordes a las capacidades de cada municipio podría detonar proyectos.
5. Diversificar los esquemas financieros para todos. El futuro de la atención se debe concentrar en la población no afiliada a la seguridad social. Durante mucho tiempo se consideraban como trabajadores de primera a quienes su patrón registraba ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de segunda a quienes laboraban en el sector que erróneamente se denomina informal. En este sexenio dejamos de destinar presupuesto federal en beneficio de unas pocas empresas para reorientarlo hacia donde está concentrado el rezago habitacional; sin embargo, es necesario incrementar el alcance, para atender a los 5.5 millones de trabajadores con un ingreso menor a los cuatro mil pesos y que no están afiliados a la seguridad social.

El arquitecto Óscar Hagerman dijo: “ahora me doy cuenta de lo importante del entorno en el que vivimos; cuando hay armonía entre nuestro entorno y nosotros, tenemos paz, estamos contentos”. Eso es precisamente en lo que consiste la transformación que hemos iniciado en materia de vivienda. Que las personas vivan en la casa que les guste y que la puedan adaptar conforme cambian sus necesidades.

Con estas bases, y fortaleciendo el acceso a vivienda de calidad y bajo costo, ampliando los programas de autoproducción, incluyendo esquemas para el arrendamiento, y ampliando la base de beneficiarios de los programas en la materia, vamos a avanzar en la construcción de un país donde nadie se quede atrás, ni nadie se quede afuera.