La gran mayoría de los mexicanos mantiene la percepción de que la justicia es una maquinaria opaca, corrupta, lenta e ineficaz que, lejos de producir verdad, sirve para castigar la pobreza y proteger al poderoso.

Tras décadas de soportar un sistema político y económico profundamente injusto, en 2018 nuestro país apostó por un rumbo distinto. Una senda popular y democrática en la que las instituciones estatales sirvieran con rectitud a todas las personas, sobre todo a las más vulnerables, para consolidar bienestar, prosperidad y desarrollo.

Sin embargo, la justicia mexicana no se transformó. La gran mayoría de los mexicanos desconfía de sus ministerios públicos y poderes judiciales, no puede costear un largo litigio, no conoce los recursos legales a su alcance, no tiene acceso a una defensa jurídica gratuita y de calidad, y mantiene la percepción de que la justicia es una maquinaria opaca, corrupta, lenta e ineficaz que, lejos de producir verdad, sirve para castigar la pobreza y proteger al poderoso. En muchos casos, la abogacía, contraria a aportar a una cultura de legalidad, contribuye al problema mediante la creación de redes de influencia y corrupción. A medida que hemos sido incapaces de atender la impunidad, la inseguridad y la violencia que afectan a nuestra sociedad, las fracturas de la justicia mexicana emergen como un reclamo impostergable.

Hoy más que nunca México demanda un ejercicio profundo de autocrítica en materia de justicia. Se trata de un reclamo añejo que no ha sido atendido eficazmente. La gran mayoría de las reformas que se han planteado hasta ahora se han diseñado y empujado verticalmente: desde las mesas de “expertos” y la llamada “sociedad civil” hacia abajo, sin escuchar a quienes sirven en la primera línea de atención; a fiscales, policías, defensores, activistas; a las personas más pobres y marginadas de la sociedad, y, sobre todo, a las víctimas y los sobrevivientes. 

Lo cierto es que las respuestas tradicionales no son suficientes. Es necesaria una reingeniería profunda de nuestro sistema de justicia, que parta de una reflexión a conciencia sobe sus fallas desde la perspectiva de las víctimas. Debemos escuchar a los expertos, pero sobre todo a quienes padecieron el horror de los feminicidios, la desaparición forzada, el secuestro, la tortura, las detenciones arbitrarias y los malos tratos. Debemos voltear hacia los especialistas, pero sobre todo hacia los operadores jurídicos: a quienes enfrentan condiciones laborales indignas, sobrecargas de trabajo, formación insuficiente y amenazas del crimen organizado. Debemos repensar el modelo de raíz, a partir de la experiencia cotidiana de la gente: de las barreras que enfrentan, de las violencias que padecen, de su dolor y sufrimiento.

Se trata de transformar a la justicia desde abajo. Sólo así podremos desterrar las viejas inercias, dignificar nuestro aparato de justicia y convertirlo en un sistema capaz de generar verdad, reparación, paz y bienestar.

Con ese propósito, durante enero y febrero tienen lugar los diálogos para una reforma nacional de la justicia, en el marco del encuentro con diversos sectores de la sociedad al que convocó la doctora Claudia Sheinbaum. El objetivo es generar un debate participativo, incluyente y plural que siente las bases de una justicia real para el pueblo de México.

El 10 de enero iniciaron los diálogos, con el foro: “Fallas en el sistema de justicia”, con la Universidad Iberoamericana como anfitrión, en la Ciudad de México. En el encuentro, con más de 200 personas en el recinto y alrededor de 30 mil en línea, tuvimos el privilegio de escuchar de viva voz a las víctimas y sobrevivientes de tortura, detenciones arbitrarias, feminicidio, fabricación de delitos, extorsión, detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia vicaria, despido por embarazo, corrupción inmobiliaria, entre muchas otras violaciones a sus derechos humanos.

Con enorme fortaleza y generosidad, los participantes nos compartieron relatos potentes y desgarradoras sobre la crueldad y el desprecio de muchas autoridades, pero también el testimonio de servidores públicos que, con arrojo y sensibilidad, hicieron la diferencia. Ante todo, las suyas fueron historias de personas y familias con una dignidad extraordinaria: de su lucha contra las inercias de un sistema roto y de su búsqueda insaciable por justicia. A todas ellas y ellos les debemos un sistema mucho más digno, humano y eficaz.

En los próximos días sostendremos tres foros adicionales enfocados en construir una reforma integral a la justicia. Escucharemos a las mujeres y a los jóvenes de este país, pues cualquier planteamiento sobre el futuro de nuestras instituciones se debe construir de la mano de todas ellas y ellos. Así, abordaremos los avances y pendientes de la justicia federal, de la justicia local, de las fiscalías y defensorías públicas, de la justicia familiar, de los medios alternativos de solución de controversias, de las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas; todo ello desde una perspectiva de acceso a la justicia.

Vamos, por primera vez en la historia, por una reforma integral a la justicia mexicana, pensada desde abajo y que contemple todos los ejes de su funcionamiento, a efecto de construir un sistema de justicia real. Un modelo eficaz, transparente, accesible, gratuito, profesional y honesto. Una justicia en la que las personas se sientan vistas y escuchadas, y en la que encontremos como sociedad la paz y la certeza que anhelamos.