Históricamente, la Ciudad de México ha sido un oasis de libertades y derechos para las mujeres en nuestro país. Fue aquí donde una mujer ingresó a la universidad por primera vez; donde atestiguamos la conquista de nuestro derecho a votar y ser votadas; donde pudimos solicitar el divorcio sin necesidad de demostrar nada más que nuestra voluntad; donde fue posible asistir a un hospital público para interrumpir de manera segura y gratuita un embarazo no deseado, ejerciendo así absoluta soberanía sobre nuestro cuerpo y vida.
El resultado más relevante hasta
el momento es que desde 2020
se han reducido en un 27 por
ciento las muertes violentas
de las mujeres.
Sin embargo, ese faro de derechos no siempre ha arrojado luz a todas las mujeres por igual. Si bien la población resistió los embates del régimen autoritario y neoliberal —gracias a la lucha de movimientos sociales organizados y a las administraciones progresistas que gobernaron desde 1997—, en la Ciudad de México también se manifestaron las graves consecuencias del régimen autoritario y neoliberal que vivimos durante décadas: el incremento de la violencia, el abandono de los servicios públicos, la privatización de derechos y la ampliación de las desigualdades económicas y sociales. De ese periodo, el sector de la población que resultó más agraviado fueron las mujeres más empobrecidas.
El logro de la igualdad y la ampliación de derechos han sido la guía del actual gobierno capitalino. Las políticas implementadas en los casi cuatro años de esta administración han tenido un especial impacto positivo en la vida y autonomía de niñas, adolescentes y mujeres, algunas de las cuales destacaré a continuación.
En primer lugar, se han realizado acciones que buscan transformaciones culturales. La designación de un gabinete paritario (el segundo a nivel estatal en la historia del país, el primero fue el de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno en el 2000), la creación del Paseo de las Heroínas sobre Reforma, la modificación a la ley para que las licencias de paternidad sean por el mismo periodo que las de las mujeres, y la iniciativa “Uniforme neutro”, con la que se permitió a dos millones de niñas y niños en educación básica elegir el uso de falda o pantalón, son acciones que no sólo han buscado trastocar sesgos y estereotipos de género, elementos que sostienen la sociedad sexista y patriarcal, sino que deben entenderse como actos de justicia en términos de representación y toma de decisiones.
La inversión en educación ha ido de la mano con el fortalecimiento de la infraestructura de los servicios públicos de cuidados, que benefician principalmente a las mujeres más pobres. Desde 2019 se eliminaron las cuotas de inscripción de las guarderías públicas —los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) y Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (Cadis)—, y las que se encontraban en franco deterioro fueron rehabilitadas y remodeladas.
Las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes son las más beneficiadas de las políticas educativas en la ciudad. Representan el 49.2 por ciento de estudiantes que reciben “Mi Beca para Empezar”, con la que se busca eliminar los motivos económicos de la deserción escolar; el 63 por ciento de la población que está continuando o concluyendo sus estudios en las Ciberescuelas de los Pilares son mujeres; además, representan el 63 por ciento de la matrícula actual del Instituto Rosario Castellanos y el 70 por ciento de la Universidad de la Salud.
En las acciones orientadas al desarrollo económico se observa también el impacto diferenciado. El 64 por ciento de los 141 mil 909 créditos que se han otorgado a micro y pequeñas empresas ha sido destinado a mujeres emprendedoras, mientras que las mujeres representan el 63 por ciento de las personas participantes en los programas de capacitación para la autonomía económica de los Pilares.
De la misma forma, los programas “Altépetl Bienestar”, “Jardines para la Vida”, “Mujeres Polinizadoras” y “Cosecha de Lluvia” están contribuyendo al empoderamiento de las mujeres beneficiarias a partir del desarrollo de su autonomía económica y de toma de decisiones.
Por último, el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia ha sido prioridad máxima para este gobierno. La Ciudad de México es la única entidad en el país que ha decretado su propio mecanismo de alerta por violencia contra las mujeres, y como en ninguna otra demarcación se han implementado acciones de emergencia con la celeridad y efectividad como aquí. Esa decisión permitió acelerar transformaciones en los procesos de atención y acceso a la justicia para las víctimas de violencia, crear y mejorar la infraestructura para la investigación, para la atención con dignidad y calidez y para la prevención de la violencia y su protección en el espacio público y el transporte. El resultado más relevante hasta el momento es que desde 2020 se han reducido en un 27 por ciento las muertes violentas de las mujeres, es decir, los feminicidios y homicidios dolosos.
La Ciudad de México es la única entidad en el país que ha decretado su propio mecanismo de alerta por violencia contra las mujeres
También se crearon la estrategia Abogadas de las Mujeres, de la fiscalía especializada en feminicidios, y el banco de adn para investigación forense. Se han fortalecido las “Lunas”, es decir, 27 Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia ubicadas en las 16 alcaldías, desde donde se implementó una estrategia de detección temprana del riesgo de violencia feminicida, con resultados prometedores. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana se creó la Unidad Especial de Género y se está transformando el modelo de formación en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México (Unipol) para incorporar la perspectiva de género en toda la oferta educativa y garantizar una cultura institucional no sexista. Además, con los “Senderos seguros” se han realizado intervenciones urbanas con criterios de seguridad para las mujeres y niñas en 710 kilómetros de vías primarias; porque si una niña se siente segura en el espacio público, todas las personas se sentirán seguras.
Finalmente, destaca el programa de liberación de mujeres creado en 2022 como una acción de justicia para las más olvidadas de la sociedad. Hoy son 70 mujeres las que han salido de los Centros de Reinserción Social debido a padecimiento de enfermedades crónicodegenerativas o en fase terminal, son originarias de pueblos y comunidades indígenas, no tuvieron una defensa adecuada, compurgaban penas irrelevantes para los fines, o bien porque sus confesiones fueron extraídas mediante tortura.
Hoy la Ciudad de México vuelve a ser el faro de las libertades y derechos de las mujeres. Esta vez, con la lucha por la justicia social y la paz como horizonte.
