El mayor reto para México es transformar su modelo de crecimiento, de uno basado en la abundancia de recursos, especialmente mano de obra barata, a otro centrado en la alta productividad e innovación.

El próximo gobierno en México heredará una situación económica favorable, caracterizada por un manejo responsable de las finanzas públicas, un nivel de deuda controlable, soberanía energética, infraestructura en expansión y estabilidad social. Estas condiciones constituyen una base sólida para cualquier nueva administración, cuyo principal desafío será impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar y la esperanza de la población mexicana.

Para fomentar un crecimiento sostenido y mejorar el bienestar general, el país debe centrarse en la adopción y desarrollo de nuevas tecnologías, así como en la innovación. Esto requiere la creación de sistemas que promuevan el intercambio de información y tecnología entre actores clave, como empresarios, instituciones educativas, institutos tecnológicos y gobierno. Establecer estos sistemas de innovación es fundamental para transformar ideas creativas en procesos, productos o servicios que puedan comercializarse efectivamente.

Es vital para México contar con una estructura industrial propia. La historia demuestra que los países desarrollados o con un desarrollo exitoso se construyeron sobre una base de industria nacional. Ellos progresaron tecnológicamente, empezando por la imitación y avanzando hacia la obtención de licencias tecnológicas, para luego realizar su propia investigación y desarrollo, lo que abrió su camino hacia la innovación.

El sector manufacturero es el epicentro de gran parte de la innovación y el origen del cambio tecnológico hacia otros sectores. Los países con un sector manufacturero sólido y significativo tienden a mostrar altas tasas de crecimiento y balances comerciales positivos, como Japón, Alemania, China y Corea del Sur. En contraste, países donde este sector ha disminuido, como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Brasil y, lamentablemente, México, enfrentan déficits comerciales y estancamiento económico. El nivel de vida de un país está más vinculado a su grado de industrialización que al volumen de comercio. Por lo tanto, es crucial para el futuro económico de México desarrollar un sector manufacturero nacional dinámico y competitivo, que pueda ser el motor del crecimiento y promover la competitividad y el nivel de vida.

El mayor reto para México es transformar su modelo de crecimiento, de uno basado en la abundancia de recursos, especialmente mano de obra barata, a otro centrado en la alta productividad e innovación. Esto requiere un Estado que dirija el desarrollo, como en los países de Asia oriental, y la creación y fortalecimiento de un sector manufacturero nacional robusto, respaldado por inversiones en infraestructura y un sistema educativo que fomente la creatividad y apoye avances en ciencia y tecnología estrechamente vinculados al sector productivo.

Además, es importante reconocer el fenómeno de la llamada trampa del ingreso medio, que describe la dificultad de los países con ingresos medios para alcanzar un estatus de ingresos más altos. El crecimiento económico, según esta teoría, depende más de la innovación que de la acumulación de capital, desafiando la visión tradicional centrada en la acumulación de habilidades y capital físico, enfoque que no tuvo éxito en la Unión Soviética ni Europa del Este. De 1994 a 2022, México experimentó un crecimiento promedio anual de su producto interno bruto (PIB) per cápita de sólo 0.43 por ciento, lo que implica que, a esta tasa, se necesitarían 98 años para duplicar este ingreso. En 2022, México se ubicó en el puesto 70 de 187 países en términos de ingreso per cápita. Actualmente, más del 55 por ciento del empleo en el país es informal y el promedio de escolaridad es de sólo nueve años, pero de escasa efectividad, como lo demuestran las pruebas estandarizadas. Esto refleja una necesidad crítica de mejorar la calidad de la educación básica para lograr éxito en estos aspectos.

Históricamente, entre 1940 y 1970 México experimentó un impresionante crecimiento anual promedio de su PIB, en un periodo caracterizado por una disciplina fiscal sólida y baja inflación, acompañado de una estrategia económica centrada en la sustitución de importaciones. Con el tiempo, este modelo mostró deficiencias, particularmente en términos de exportaciones limitadas. En respuesta, se implementaron reformas y leyes para modernizar y hacer más eficiente y competitivo el sector productivo nacional en las exportaciones. Durante los sexenios de 1970 a 1982, en lugar de realizar los cambios necesarios, el gasto público se expandió excesivamente, llevando a México a una crisis de deuda y coincidiendo con el surgimiento del neoliberalismo a nivel mundial.

A partir de 1983, México inició reformas estructurales que incluyeron la privatización de activos públicos, que no lograron impulsar significativamente el crecimiento económico. Las autoridades económicas observaron que la expansión del gasto público generaba déficits en la cuenta corriente y, sin suficientes reservas internacionales, esto llevó a ciclos de devaluación, inflación y fuga de capitales. Por tanto, se decidió que atraer inversión extranjera directa (IED) era la única vía posible para el crecimiento, ya que el endeudamiento adicional no era una opción. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se diseñó principalmente para crear condiciones atractivas para la inversión extranjera directa, más que para promover un mayor comercio. Antes de las negociaciones del tratado, el país ya había reducido significativamente sus aranceles, al ingresar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986, y las exportaciones mexicanas arribaban a Estados Unidos bajo el régimen de maquila y el Sistema Generalizado de Preferencias. En este contexto, el término Tratado de Libre Comercio puede resultar engañoso.

Para atraer esta inversión extranjera se eliminaron los requisitos de asociación con empresarios mexicanos, se flexibilizaron las restricciones de contenido nacional en las exportaciones y se otorgó trato de nacional a las empresas extranjeras, dificultando la implementación de políticas enfocadas en empresas mexicanas. Además, se otorgaron amplias ventajas a las empresas extranjeras para proteger sus derechos de propiedad intelectual, y las entidades federativas empezaron a competir entre sí para ofrecer condiciones cada vez más atractivas. A pesar de estas medidas, el crecimiento económico con el TLCAN y el ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido limitado.

El estancamiento económico se debe principalmente a la falta de un sector manufacturero mexicano robusto, ya que las empresas extranjeras dominan el ámbito. La innovación y el crecimiento de un país dependen en gran medida de su sector manufacturero. En México, en la industria automotriz, no existe ninguna empresa armadora nacional, y sólo seis de las 30 principales empresas de autopartes son mexicanas. En la industria electrónica, sólo una empresa es de origen mexicano; y en maquinaria y equipo, dos.

La ausencia de un sector manufacturero mexicano robusto ha limitado significativamente la capacidad del país para innovar. Las empresas extranjeras no invierten en investigación y desarrollo en el país porque cuentan con sistemas de innovación y cadenas de suministro en otras naciones. Para motivar a los empresarios mexicanos a participar en la manufactura se requieren incentivos, dado que las inversiones son considerables y los riesgos altos. Sin apoyo gubernamental, los empresarios mexicanos se enfocan en actividades no comerciables, especulativas o en proyectos de construcción pública.

La falta de una política industrial que fomente el crecimiento del sector manufacturero mexicano ha resultado en un crecimiento económico limitado. La entrada de más inversión extranjera directa debido al llamado nearshoring, o reducción de las cadenas de suministro, puede generar empleos formales y aumentar las rentas de las naves industriales en la frontera, pero es poco probable que esto resulte en incrementos significativos en los salarios, especialmente cuando una gran parte de la fuerza laboral trabaja en la informalidad. Tampoco se espera que se logren mayores ingresos fiscales o avances sustanciales en innovación.

Para alcanzar un desarrollo económico sostenido es crucial que México implante una política industrial que refuerce su sector manufacturero local. Esto implica revisar tratados como el TLCAN y el TMEC, que actualmente restringen la habilidad del país para alcanzar tal objetivo. Una estrategia efectiva sería reinstaurar requisitos de asociación con empresas locales y brindar soporte a las firmas mexicanas, sin temor a represalias estadounidenses por supuestas prácticas comerciales desleales. De no adoptarse tales medidas, México seguirá experimentando beneficios limitados, lo que obstruirá el avance hacia la disminución de la pobreza. 

Desde el 1 de diciembre de 1982, con la adopción del modelo neoliberal, México dejó de lado el liderazgo estatal. Esto condujo a una liberalización excesiva y a la eliminación de programas sectoriales, lo que redujo la participación de la manufactura en el PIB e incrementó la influencia extranjera en este ámbito. En la actualidad, las manufacturas del país, mayormente controladas por entidades extranjeras, están integradas en las cadenas globales de valor del mercado del TLCAN, enfocadas en procesos de mano de obra intensiva pero de baja tecnología. Esta situación ha creado una dependencia de inversiones foráneas y una concentración en la exportación de ciertos sectores, con escasa inclusión de empresas nacionales.

La causa de este panorama es la falta de incentivos para que los empresarios mexicanos compitan en el mercado internacional, optando en su lugar por sectores protegidos o concesionados. Este fenómeno ha frenado en México el desarrollo de un sector científico y tecnológico robusto.

Para remediar esto, el país necesita fortalecer la colaboración entre las instituciones académicas y el sector productivo.

Entidades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían fomentar cadenas de suministro nacionales y apoyar la formación de nuevas industrias, en alianza con el ámbito científico y tecnológico. Asimismo, el gobierno federal debería incentivar inversiones en la manufactura local de sus proyectos de infraestructura. Es también vital promover el espíritu emprendedor entre los graduados de instituciones tecnológicas, tomando inspiración de modelos exitosos, como las “granjas de empresas” chinas. Estas acciones podrían establecer sistemas innovadores en sectores clave. Adicionalmente, se debería motivar a conglomerados nacionales integrados horizontalmente a incursionar en nuevos sectores, como el electrónico, ofreciéndoles incentivos adecuados.

De no planificarse adecuadamente el crecimiento y permitirse la entrada descontrolada de empresas extranjeras, sin un desarrollo paralelo de firmas nacionales en la manufactura, México seguirá enfrentándose a tasas de crecimiento reducidas y estancamiento en ingresos por varias décadas más.