¿Por qué la FGR no logra una sola victoria en casos tan importantes?, ¿todo depende del poder judicial o las investigaciones no son exhaustivas y certeras?

Durante la noche del 28 de marzo de 2023, fallecieron 39 personas migrantes y 27 más resultaron heridas en un incendio ocurrido en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en lo que constituye sin duda alguna la tragedia migrante más reciente acaecida en México.

De forma inmediata, las autoridades del país tomaron las medidas procesales necesarias y, dentro de las primeras 24 horas después de sucedido el hecho, rindieron información que dio a conocer que dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de una empresa de seguridad privada fueron detenidos y serán investigados por su involucramiento en lo sucedido.

Si bien las autoridades inmediatas actuaron con celeridad y dentro de sus responsabilidades, también es cierto que el reto que se enfrenta es mayúsculo, en el entendido de que este evento tiene que ser el detonante para modificar la estrategia migratoria, así como al propio INM, que en sus casi 30 años de existencia ha mantenido un esquema que reproduce la violación de derechos de las personas migrantes, además con base en actitudes racistas, clasistas y xenófobas.

Pero para este caso no sólo existen los retos propios del suceso, sino los que también provienen de un órgano público autónomo que —a cuatro años de la renovación de su titular— continúa teniendo pendientes todos los casos emblemáticos que podrían sentar las bases para combatir y erradicar la corrupción proveniente de sus servidores públicos.

La Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero ha sufrido considerables reveses ante tribunales mexicanos, los cuales han llegado a paralizar casos de profunda relevancia para la impartición de justicia.

El más reciente de ellos es el relacionado con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuya orden de aprehensión fue cancelada por un juez federal el pasado 28 de febrero. La Fiscalía investiga al exgobernador del Partido Acción Nacional (PAN) por posible enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, pero el juez que la anuló sostuvo que la orden de aprehensión se había brindado por la imputación de un delito distinto al que investiga la FGR y que la autoridad investigadora habría sesgado información y ocultado datos de prueba al juez de control, esto con la supuesta finalidad de aparentar «hechos lícitos como un complejo esquema de lavado de dinero» a fin de engañar a la autoridad judicial para girar su orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca.

Esta no es la única ocasión en la que el exmandatario estatal ha burlado a la Fiscalía.

Durante el proceso electoral pasado, el actual gobernador de la entidad, el médico Américo Villarreal Anaya, fue perseguido políticamente junto a su familia para impedir que contendiera por la gubernatura y que ganara la elección. En la entidad se accionaron diversos mecanismos de persecución en su contra —provenientes incluso de la Fiscalía estatal— ante los que la FGR fue prácticamente omisa.

Siendo eminente su derrota, Cabeza de Vaca dejó de aparecer en los eventos públicos a los que se encontraba obligado como gobernador e incluso evitó ir a la toma de protesta del nuevo mandatario, con lo que rompió todo protocolo, bajo la excusa de que no había sido invitado. Desde esa fecha no se le ha visto, pese a que en su momento el propio INM publicó una ficha para impedir que el exgobernador saliera del territorio nacional.

Otro caso también grave y en el que se logró configurar un nivel perfecto de impunidad es el de la llamada Estafa Maestra.

Rosario Robles Berlanga, quien fue secretaria de Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenida el 13 de agosto de 2019 por presuntamente haber cometido el delito de ejercicio indebido del servicio público y desvío de recursos públicos, lo que derivó en que estuviera presa en el penal de Santa Martha Acatitla, Ciudad de México, durante tres años.

El 19 de agosto de 2022 un juez de control cambió la prisión preventiva a medidas cautelares, quedando en libertad condicionada y obligada a firmar cada 15 días ante la FGR, además de que tiene prohibido abandonar el país. Seis meses después llegó su exoneración absoluta, lo que implica que no se reconoció nunca su participación en la Estafa Maestra —desvío millonario de recursos públicos— y que ella puede volver a ocupar un cargo público cuando lo desee, pues ni siquiera fue inhabilitada pese a los testimonios, pruebas y rastros de dinero existentes en su contra.

Un caso más es el relacionado con Emilio Lozoya Austin, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex), también en el sexenio de Peña Nieto. El extitular de la empresa petrolera está en prisión preventiva tras haberse descubierto un entramado de contratos y desvíos de recursos millonarios a través de la firma brasileña Odebrecht, así como por la sobreventa de una planta de Agronitrogenados durante su periodo como funcionario.

Hasta el momento, es el único detenido por esta serie de malversaciones que han exhibido a funcionarios públicos no sólo mexicanos, sino de América Latina.

Aunque Lozoya no está prófugo como Cabeza de Vaca y tampoco ha sido exonerado como Rosario Robles, su proceso ha sido bastante irregular a raíz de las múltiples prórrogas que una y otra vez han conseguido sus abogados. Este equipo legal le ha ganado a la FGR en todas y cada una de las ocasiones en las que ha logrado aplazar las audiencias de Lozoya; la última ocasión fue la cuarta, cuando lograron posponer una audiencia intermedia hasta el 27 de abril, por la compraventa de la planta de Agronitrogenados.

En todas las batallas perdidas de la Fiscalía, la dependencia publica emite comunicados en sus redes sociales para señalar que iniciará investigaciones en contra de los jueces que toman determinaciones contrarias a la indagatoria. Y si bien es cierto que existen juezas y jueces que caen en manos de la corrupción y que aceptan pagos y sobornos a cambio de sus determinaciones, ¿por qué la FGR no logra una sola victoria en casos tan importantes?, ¿todo depende del poder judicial o las investigaciones no son exhaustivas y certeras?

En mi opinión, uno de los grandes problemas que enfrenta la Fiscalía reside en que pretende hacer cosas distintas con el mismo personal. Actualmente existen responsables del procesamiento de casos que pertenecieron a la otrora Procuraduría General de la República (PGR), que tuvo al frente a Jesús Murillo Karam, Arely Gómez o incluso Rafael Macedo de la Concha. Es decir, hablamos de un problema estructural que ejecutan las mismas personas que ayer y hoy filtraban los expedientes a la prensa, alertaban a los abogados de las personas procesadas o violaban los derechos de las víctimas desde los medios.

Esto se vuelve evidente incluso con las filtraciones que en esta administración se han dado, que han involucrado incluso a su propio titular, como sucediera con las grabaciones donde se escucha a Gertz Manero en llamadas privadas con el padre de Emilio Lozoya, o entre este último y el subprocurador Juan Ramos para «agradecerle las atenciones».

Hay que recordar que el 15 de septiembre de 2022, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, presentó su renuncia al cargo tras posibles conflictos internos en la FGR, entre ellos diversas órdenes de aprehensión que fueron solicitadas sin su conocimiento, así como la filtración de información sobre el caso sin testar, muestra de que la «sangre nueva» que llega a la Fiscalía con una forma distinta de realizar las investigaciones —incluyendo el acompañamiento de las víctimas— encuentra reticencias para actuar conforme a un nuevo esquema de investigación.

Como es notorio, la FGR se ha transformado en nombre, pero no en los hechos, además de que pareciera aprovecharse de la autonomía que le otorga la ley para ser omisa, investigar a medias y retrasar la impartición de justicia, especialmente en casos paradigmáticos en donde la participación de actores políticos clave de regímenes anteriores es más que evidente.