Tenemos la obligación no de buscar pretextos sino de atender los feminicidios, y en esa materia hemos hecho muchas cosas y que nos están dando resultados
En Coatepec, el 4 de julio, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas informó que logró la vinculación a proceso a Jaime “N” por los delitos de feminicidio y pederastia agravada. El 31 de enero de 2022, en Teocelo, Jaime “N” privó de la vida a su pareja sentimental, una adolescente que se encontraba embarazada con cuatro meses de gestación. El feminicida fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa
Este es uno de las decenas de casos que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presenta regularmente en los gabinetes de seguridad y en los informes mensuales de violencia contra las mujeres. Por más impresionante que parezca el caso, cualquier mujer que hayamos vivido violencia por el simple hecho de ser mujeres podemos intuir cómo y por qué suceden los feminicidios. Las experiencias que hemos tenido —que, además, coinciden con las estadísticas— nos hacen entender que un feminicidio es la cúspide de una serie de violencias sistemáticas en nuestra contra que generalmente son perpetradas por una pareja sentimental. Por eso, cuando un feminicidio sucede nos conectamos todas: pensamos y sentimos que pudimos haber sido nosotras, o nuestras sobrinas, amigas, o hijas.
Pero que muchas de nosotras lo entendamos no significa que la sociedad mexicana en su conjunto lo haga. La narrativa sobre un feminicida que llega a la casa de sus víctimas y que calculadamente viola y mata mujeres no corresponde a lo que nos dicen las estadísticas. Esto, sin lugar a dudas, le sirve a un sistema patriarcal que se niega a ver que, en mayor o menor medida, la violencia contra las mujeres es un problema que atraviesa a un gran porcentaje de las familias mexicanas. Contrario a esa narrativa, en la inmensa mayoría de los feminicidios el victimario es un hombre que es —o fue— pareja sentimental, familiar o conocido de la víctima, y suceden como consecuencia de violencias, generalmente no sólo físicas sino también psicológicas y económicas, que escalan a lo largo del tiempo hasta terminar con la vida.
Celia Amorós, filósofa feminista española dice que «conceptualizar es politizar», y estas narrativas erróneas sobre lo que nos estaba sucediendo a las mujeres mexicanas impidieron por mucho tiempo una correcta conceptualización.
La secretaria Rosa Icela Rodriguez se para de su silla y pide amablemente a su equipo que proyecten la línea de tiempo de los feminicidios. Explica que fue hasta 2005 que la antropóloga feminista Marcela Lagarde conceptualiza el feminicidio en México, más de una década después de los casos registrados en Ciudad Juárez.
el feminicidio se investiga, persigue
y castiga a nivel estatal: las autoridades federales contribuyen, pero la mayor parte del ejercicio de prevención y justicia recae en las autoridades de las entidades federativas.
Lagarde decide llamarlo feminicidio y no femicidio, como en otros países, para incluir la responsabilidad del Estado en la definición,[1] y gracias a ella hoy podemos entender, atender y prevenir de mejor manera la violencia extrema en contra de las mujeres.
La secretaria continúa explicando que, después de la conceptualización de Marcela Lagarde y de su inclusión en la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, fue hasta 2010 que se tipificó el primer caso de violencia como feminicidio en Guerrero. A partir de ahí, de manera gradual, los estados han ido tipificando —y contabilizando— el feminicidio.
En 2011, nueve entidades lo hicieron: Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Veracruz, Morelos, Durango y el entonces Distrito Federal. En 2012 se sumaron 14 más,[2] cinco en 2013,[3] Michoacán en 2014. Antes de que todos los estados lo tipificaran, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución histórica en la que aportó que los casos de muertes de mujeres se investiguen y juzguen con perspectiva de género. Hasta 2018 se crea la metodología homologada a nivel nacional para publicar cifras de incidencia delictiva y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública empieza a contabilizar los feminicidios con esa metodología. Sin embargo, no es hasta 2019 y 2020 que Baja California Sur y Chihuahua, respectivamente, tipifican el feminicidio.[4]
Lo anterior significa que no tenemos datos confiables previos a 2018. Debido a la falta de ellos, era complicado implementar políticas públicas encaminadas a la reducción de feminicidios. Incluso por esto se afianzó un dato impreciso sobre los feminicidios que a la fecha seguimos escuchando en medios de comunicación: “en México hay diez feminicidios diarios”. En realidad, se reportan aproximadamente diez homicidios de mujeres al día, pero no todos ellos son feminicidios.
La falta de datos confiables previos a 2018, sin embargo, no nos impide saber que estamos en un grave problema de violencia sistemática en nuestro país en contra de las mujeres, el cual, si bien tenemos registro que inició en los años 90 en Ciudad Juárez, se acrecentó con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Sabemos también que somos el noveno país con más feminicidios por cada 100,000 mujeres en América Latina y el Caribe, y el segundo si lo medimos como número absoluto.[5]
“Tenemos la obligación no de buscar pretextos, sino de atender los feminicidios, y en esa materia hemos hecho muchas cosas y que nos están dando resultados”, dijo la secretaria mientras pedía una nueva presentación con los datos y las acciones concretas de lo que se está haciendo.
Con una gráfica, Rosa Icela Rodríguez explicó que de diciembre de 2018 a julio de 2022 se reporta un decremento del 46.5 por ciento en los feminicidios. Si vemos la tendencia, que suele ser la mejor manera de evaluar la incidencia delictiva, observamos una alza de 2018 —cuando se empiezan a contabilizar los feminicidios bajo la metodología mencionada— hasta agosto de 2021, y a partir de agosto del año pasado una disminución de 51.7 por ciento.
Hay varias acciones que explican esta importante disminución, muchas de ellas a nivel local, pues recordemos que el feminicidio se investiga, persigue y castiga a nivel estatal: las autoridades federales contribuyen, pero la mayor parte del ejercicio de prevención y justicia recae en las autoridades de las entidades federativas. Es por esto que es importante analizar a fondo las estrategias de seguridad en las entidades federativas donde ha habido disminuciones importantes, como es el caso de la Ciudad de México. Sin embargo, es claro que la coordinación entre gobiernos estatales, fiscalías locales y gobierno federal ha dado resultados.
En las Mesas de Construcción de Paz, encabezadas por la SSPC del gobierno federal pero donde participan las autoridades locales y otras agencias, por ejemplo, se han creado decenas de miles de acuerdos para la atención de la violencia contra las mujeres, donde se da atención a casos actuales y para que se dé seguimiento a casos con rezago en el proceso. Además, se creó un cuerpo especializado de mujeres en la Guardia Nacional para coadyuvar con las fiscalías estatales en la investigación de feminicidios y se ha colaborado estrechamente con el Instiuto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para implementar capacitaciones y buenas prácticas en todos los niveles, entre otras acciones.
No cabe duda que aún hay mucho camino por recorrer y que las autoridades tienen la obligación de seguir trabajando hasta garantizar la paz y la tranquilidad, pero es irresponsable afirmar que no se ha avanzado en esta materia y, peor aún, exigir un cambio de estrategia cuando por primera vez se ve una disminución importante en la incidencia de este delito. El feminicidio acaba con la vida de miles de mujeres mexicanas al año, destroza las de decenas de miles de familiares y seres queridos cercanos a las mujeres a quienes les arrancaron la vida y nos recuerda a todas las demás que pudimos ser nosotras. Por eso este crimen nos lastima a todas las mujeres.
Hasta que la consigna «ni una más» se haga realidad.
Renata Turrent es Subdirectora de Sentido Común, profesora de Desarrollo económico y género en la UNAM
[1] Lagarde y de los Ríos Marcela (2005) “¿A qué llamamos feminicidio?. Disponible en línea: https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pdf
[2] Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Campeche, Zacatecas, Yucatán, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Baja California, Coahuila y Puebla.
[3] Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Nuevo León y Sonora.
[4] Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2022) “Línea de tiempo de feminicidio”.
[5] CEPAL, Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe. “América Latina, el Caribe (21 países): Feminicidio o femicidio, último año disponible (En números absolutos y tasas por cada 100.000 mujeres)” (2020).
Disponible en línea: https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
