Si bien se han derrumbado ciertos elementos del dogma neoliberal, para la viabilidad de la continuación de la 4T es vital reconocer los espacios en donde una alternativa al neoliberalismo no ha sido articulada ni implementada.

Varios factores se conjugaron para hacer que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder en 2018. El discurso obradorista sacó ventaja de asuntos incrustados en lo más profundo de la vida pública mexicana, como la corrupción y la marginación de grandes grupos sociales, así como de eventos más de coyuntura, como las desapariciones en Ayotzinapa y el incremento en los precios de la gasolina. Pero de forma más profunda, el viraje político mexicano se forjó a partir de la crítica sobre cómo el neoliberalismo había fallado en brindar prosperidad y, en cambio, había generado un proceso de desigualdad y exclusión económica y social.

Este desencanto con el neoliberalismo no ocurrió en aislamiento. Desde la crisis de 2009, diversos movimientos alrededor del mundo —tanto en la izquierda como en la derecha— apelaron al pueblo buscando respaldo para su crítica antineoliberal, con mezclados niveles de éxito al presentar alternativas viables.

La 4T ha mostrado sus propuestas para lidiar con los dogmas neoliberales, a veces con éxito, a veces con tropiezos. El discurso y las acciones de gobierno de López Obrador en materia económica balancean la crítica al Estado de nuestro capitalismo con un apego a las reglas básicas del juego capitalista. A continuación, elaboramos cómo se han desafiado algunos de estos dogmas, planteando dilemas que quedarán sin resolver y que serán ineludibles para quienes aspiran a dar continuidad a la 4T.

Estabilidad macroeconómica y política tributaria

El delicado juego de la 4T con el mercado tiene su expresión más clara en la forma en que se ha conducido la política fiscal y el cuidado a la estabilidad macroeconómica. Con la elección del tabasqueño como presidente, liderando un movimiento constituido principalmente por sectores de izquierda, podría preverse que se expandiría el gasto, posiblemente recurriendo al endeudamiento y aumentando los ingresos vía una reforma fiscal. Sin embargo, la forma de financiamiento de los grandes proyectos del gobierno ocurrió sin más deuda, pero tampoco sin incrementar los impuestos.

La austeridad republicana buscó reducir los gastos superfluos del gobierno e incrementar la eficiencia del gasto. Sin embargo, la pandemia de covid-19 expuso rápidamente las limitaciones de la estrategia, llevando al límite las capacidades institucionales del Estado. Con miras a incrementar los ingresos, se redoblaron esfuerzos para que quienes tenían adeudos los pagaran y para que efectivamente se cobraran impuestos a empresas que habían gozado de beneficios fiscales. Esta estrategia significó un incremento de más del 90 por ciento en los ingresos por fiscalización a partir de grandes contribuyentes.

El cuidado del balance entre los gastos y los ingresos permitió hacer frente a la recuperación postpandemia en una posición financiera más favorable que varios países de América Latina. Esta estabilidad macroeconómica se ha reflejado, por ejemplo, en la cotización del tipo de cambio observada durante 2023.

Sin embargo, incluso manteniendo la misma estructura del gasto actual, sería imposible financiar nuevas iniciativas de política social, productiva o de inversión en infraestructura con más recortes al gasto o con mejoras en el margen de la capacidad recaudadora. El incremento de impuestos resulta casi siempre impopular, pero delimitar los objetivos en términos de gasto de tales incrementos podría mejorar sus posibilidades de éxito. La discusión de los porqué y para qué de una reforma fiscal deberá estar en los planes de gobierno de quienes aspiren a continuar la 4T.

La estabilidad macroeconómica ha descansado en tres pilares: la no interferencia en la política monetaria del Banco de México, el dejar a los ciudadanos la elección de la política fiscal por medio del voto y que el gobierno la implementa acotándose a una restricción de recursos que no comprometa los ingresos y gastos del futuro. Una reforma fiscal que acerque más recursos para financiar nuevas acciones, programas y proyectos es perfectamente compatible con esa triada y las opciones merecen discutirse, desde el incremento en la tasa marginal del impuesto sobre la renta hasta el gravar las grandes herencias.

Política social

A pesar de un gasto masivo en programas y estrategias de combate a la pobreza, la condición de precariedad que alcanza a millones de familias en México poco se modificó en las últimas décadas. La pobreza por ingresos se ha mantenido en el orden del 40 por ciento de la población, mientras que la pobreza extrema por ingresos oscila alrededor del 17 por ciento, sin que se logren cambios sostenidos a la baja en estas proporciones. No es que todas las políticas fueran fallidas, sino que su marco de acción fue muy reducido, contribuyendo en poco al objetivo mayor. Muchos esfuerzos atomizados a lo largo del tiempo acabaron diluyéndose.

Los principales aciertos en la redefinición de la política social de la 4T fueron el rompimiento de inercias en los presupuestos para los diversos programas de desarrollo y su enfoque en grandes grupos sociales a través de transferencias directas, contrario al modelo de focalización, con énfasis en los méritos individuales. Una situación parecida ocurría con los programas productivos del campo, en muchos casos altamente regresivos y, en otros, con esfuerzos dispersos en múltiples programas e instituciones.

Los programas sociales más amplios, como la pensión para adultos mayores, las transferencias para personas con discapacidad o las becas para educación básica se conciben con un enfoque de reconocimiento de los derechos de los grandes grupos a los que van dirigidos.

Sin embargo, debe señalarse que el principal punto negativo en la redefinición de la política social fue la eliminación de programas y estrategias que, con todos sus defectos, ayudaban a contener algunos problemas públicos y que no fueron sustituidas con otra oferta de política. Diversas son las razones por las cuales se dejaron de atender grupos y demandas específicas, pero se deben destacar tres.

La primera es que no se tomó en cuenta que a pesar de contar con mayores ingresos por transferencias directas los hogares tendrían que contar con la oferta de bienes y servicios para materializar su acceso efectivo al bienestar. La segunda es que los esfuerzos iniciales de cobertura, basados en el Censo del Bienestar, implicaron la exclusión de un no trivial número de hogares con carencias y que, por diversas razones, no fueron alcanzados por los diversos programas.

La tercera es que, a la fecha, no tenemos información sólida sobre cómo la reorientación de la política social y productiva ha impactado distintas dimensiones del bienestar. Es un pendiente urgente incluir estrategias de evaluación que involucren la concepción de la 4T del bienestar y que permitan tomar decisiones de manera más ágil. Esto no se limita al cumplimiento de indicadores y metas, sino al entendimiento de si la política social actual cumple los objetivos más amplios de reconstruir el tejido social, promover la gestión de las comunidades y la retribución a grupos históricamente excluidos.

La continuación de la 4T deberá incluir por tanto una reflexión crítica sobre lo que debe permanecer, lo que debe expandirse y lo que debe ser modificado. Más aún, incluso antes de ser candidato la gente ya sabía que el hoy mandatario buscaría implementar una política para acercar a los jóvenes al mercado de trabajo y que habría un programa para sembrar árboles maderables, con un énfasis en la organización comunitaria. Es de esperar entonces que quienes aspiren a dar continuidad a la 4T establezcan un juicio sobre la situación de la política social actual y aclaren sus planes propios, en miras de cerrar los frentes que han quedado abiertos a raíz de la reorientación de los programas iniciada en este sexenio.

Trabajo y relaciones laborales

Otra dimensión en la que la 4T rompió paradigmas e inercias tiene que ver con las relaciones laborales. Aquí también la doctrina neoliberal había afianzado sus preceptos, basados en la idea de que cualquier intervención en el mercado de trabajo representaría una pérdida para los trabajadores en términos de empleos existentes y de salarios pagados. Bajo esa línea, los gobiernos panistas y priistas implementaron una serie de reformas laborales encaminadas a desregular el trabajo y a legalizar figuras contractuales que resultaron en la pérdida de derechos para los trabajadores.

Un acierto en esta administración de la 4T en materia laboral fue ir contra lo establecido como verdad en relación con el trabajo. Como sucede en otros casos, las prescripciones de la economía neoclásica sólo son válidas en contextos muy particulares, alejados de la realidad de las relaciones laborales de nuestro país. Así, la reforma laboral promulgada en 2019 tuvo dos repercusiones principales. Primero, trasladó las disputas laborales al poder judicial, priorizando la conciliación. Segundo, se rediseñó la manera en que funcionan los contratos colectivos y la representación sindical, con lo que los trabajadores ahora deben validar sus contratos, mientras que los líderes sindicales deben someterse a elecciones democráticas.

El otro tema en materia laboral donde la 4T desafió paradigmas es en lo relativo al salario mínimo. Mucho se escribió respecto a los posibles efectos negativos en el empleo que su incremento podría tener, pero los resultados están a la vista. En cada año del gobierno de López Obrador, el monto del salario mínimo ha aumentado a doble dígito, acumulándose así un incremento nominal de casi 100%. Por su parte, los efectos en términos de inflación y desempleo que se pueden atribuir a esta medida son prácticamente nulos.

Los avances en relación con el trabajo son muy notables, sobre todo tomando en cuenta los retrocesos en la protección de los derechos del trabajador en las décadas recientes. Pero la materialización de estos beneficios tomará varios años más. La profundización de estos cambios radicará en el acompañamiento de la organización de los trabajadores, sin incurrir en las prácticas que viciaron el sindicalismo. Quienes aspiren a continuar la 4T se encontrarán con un margen menor para posibles incrementos en el salario mínimo general, por lo que es deseable conocer su visión para el fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores.

Desarrollo económico y política industrial

La 4T tuvo el acierto de poner sobre el tablero de las opciones de política el replantear el papel del Estado en proyectos críticos de desarrollo económico en regiones que se rezagaron durante décadas. Entre los más destacados se encuentran el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. Estos planteamientos desafiaron las visiones de la economía de los derramamientos y de que las decisiones de inversión en sectores estratégicos deberían obedecer a la lógica del mercado.

Más aún, tres importantes eventos precipitaron lo inminente. La pandemia de covid-19 y las consecuentes disrupciones de las cadenas globales, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y la invasión rusa en Ucrania forzaron tanto a economistas como a políticos a tomarse en serio que las formas de producción e intercambio se habrían de modificar radicalmente. Surgió la oportunidad del nearshoring, concepto que se refiere a la relocalización de algunas partes o de procesos completos de producción de mercancías desde los lugares en donde se encontraban antes de los eventos antes mencionados hacia lugares con ventajas en términos de la estabilidad del abasto de insumos.

Esta relocalización se presenta en un contexto en el que se cuestiona el paradigma de que el sector privado debería liderar los procesos de desarrollo e innovación y que, para lograrlo, bastaba con garantizarle un ambiente competitivo, unos costos bajos y la protección a sus procesos creativos. Si bien la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico han sido clave para el progreso material de las sociedades, la realidad es que el Estado se ha encontrado detrás de los más grandes desarrollos científicos y técnicos, asumiendo riesgos y proveyendo capital inicial. El nearshoring es una nueva oportunidad para que el Estado se involucre en la generación de riqueza, pero no como un actor pasivo que espera a que suceda, sino como uno que elige sectores, regiones y actores ganadores con objetivos públicos de antemano establecidos.

Pero la relocalización de la producción no implica de inmediato que México deba resultar beneficiado. Por el contrario, es necesario plantear una estrategia amplia para sacarle ventaja a este proceso, lo que incluye inversión en infraestructura, el asegurar el abasto de insumos para la producción —como el agua y la electricidad—, así como el entrenamiento de una suficiente cantidad de personas calificadas para tomar los trabajos demandados.

Quien busque dar continuidad a la 4T deberá tener una estrategia activa y no sólo reactiva para sacarle provecho a un proceso global que puede durar varios años. La forma en que se afronte este proceso debería permitir la transferencia de tecnología, el desarrollo regional, la generación de encadenamientos productivos y la creación de empleos formales y bien pagados.

Sin zigzagueos

Por mucho tiempo el movimiento encabezado por López Obrador se encontró en la oposición política, desde donde la crítica solía ser tan sofisticada como utópica. La posición de hoy es muy distinta, convertida ya en la primera fuerza política y buscando refrendar en 2024 la preferencia de la mayoría para continuar y profundizar la 4T. En materia económica, si bien se han derrumbado ciertos elementos del dogma neoliberal, para la viabilidad de la continuación de la 4T es vital reconocer los espacios en donde una alternativa al neoliberalismo no ha sido articulada ni implementada.

Para los nostálgicos, lo que ocurre en México y en otras latitudes podría ser sólo una anécdota en la historia del neoliberalismo como ideología predominante. Los nostálgicos buscarán una ruta de regreso, tanto en la conducción de la economía como a cargo del poder político. Para detenerlos es imperante continuar desmantelando el dogma neoliberal, sin zigzagueos. Y para ello es indispensable contar con el respaldo del pueblo, que ocurrirá siempre y cuando se profundicen las mejoras en la vida material que el neoliberalismo le negó por décadas.