Sólo 12 entidades del país cuentan con academias o institutos de formación policial con el equipamiento e instalaciones adecuadas y sólo 13 corporaciones estatales les proporcionan a sus policías prestaciones mínimas de ley.
¿Cómo podemos saber que algo se está haciendo bien o mal? En el caso de la violencia y criminalidad, México es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varias fuentes para medirlo. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la incidencia delictiva del fuero común en el país se ha reducido en un 11.79 por ciento[1] de 2019 a 2023, años de lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si nos centramos nada más en los datos de homicidios dolosos (un indicador mucho más aceptado internacionalmente, dado que tiene poca cifra negra), tanto el Secretariado como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) coinciden también en una reducción de 12.31 por ciento[2] entre 2019 y 2023 y de 12.11 por ciento [3] entre el mismo año de arranque y el 2022, respectivamente.
Cuando se habla de seguridad, no sólo el tema más complejo por el que ha atravesado nuestro país los últimos 16 años, los datos anteriores dan pie a analizar en dónde estamos parados en materia de política de seguridad a casi cinco años de haber iniciado el primer gobierno de la cuarta transformación. No sólo identificar en qué se avanzó y qué falta por hacer, sino cuáles podrían ser algunas de las acciones de la siguiente administración.
El cambio de modelo de seguridad en la 4T
Para empezar, hay que señalar y resaltar la diferencia de enfoques entre el gobierno federal actual y los pasados. En el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), por ejemplo, el énfasis fue operativo. Es decir, la seguridad se vio como un problema exclusivamente de fuerza. En la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el problema se agudizó: no sólo se abandonó la parte operativa que cualquier estrategia de seguridad debe tener, sino que se presentó un modelo de prevención que destinó miles de millones de pesos a este objetivo y que no tuvo ningún resultado, pues los programas carecieron de articulación; se atomizaron recursos y esfuerzos y, por supuesto, hubo una enorme opacidad, dado que los programas se implementaron por medio de intermediarios. Es resumen, se trató de un enfoque de la prevención muy limitado, sin visión de Estado sobre lo nacional y lo social; sobre las desigualdades, la exclusión y la falta de oportunidades.
La enorme diferencia que planteó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que ganó la presidencia de la república en 2018 y que hoy gobierna 22 de los 32 estados del país, fue, entre otras cosas, que se tenía que reconstruir y ampliar el Estado de derechos y que la violencia sólo podría ser combatida desde su origen y sus causas. Es decir, asumió —con todos los costos que esto puede significar— que si no se transformaba lo estructural, el problema nunca empezaría a solucionarse y cualquier logro inmediato quedaría rebasado pronto.
De esta manera, el concepto de seguridad dejó de ser visto o limitado sólo al uso de la fuerza y se consideró entonces como el pilar para el bienestar de las personas. Se partió del hecho de que, para sentirse seguras, para vivir en paz, las personas requieren tener sus necesidades y derechos primordiales satisfechos —educación, salud, vivienda, empleo, movilidad, por mencionar sólo los más importantes. Lo preventivo ya no se configura en programas aislados con poco alcance, sino que prácticamente toda la acción del gobierno se enfoca en la reducción de las desigualdades a través de garantizar derechos de forma universal. El rescate de los jóvenes ha sido central; se dejó de criminalizarlos o estigmatizarlos y son ahora uno de los protagonistas de las políticas públicas.
Los pendientes
Si bien este es el enfoque correcto, tiene una limitante, que es más evidente en las zonas del país que han sufrido más del abandono social y económico a causa del modelo neoliberal.
Aun cuando nadie esperaba que este problema tan complejo lograra resolverse en su totalidad en un solo sexenio, variables como el enorme territorio del país, sus diferencias de un extremo al otro, la población, la historia política y social a nivel local, son aspectos que también influyen de manera significativa en los resultados.
Así, mientras tenemos estados con índices delictivos muy por debajo de la media nacional, como Yucatán (con tasa anual de homicidios dolosos en 2022 de 1.69 por cada 100 mil habitantes) y Baja California Sur (con el mismo indicador en 4.66 casos) o con importantes disminuciones, como la Ciudad de México (51 por ciento en homicidios y 58 por ciento en delitos de alto impacto entre 2019 y 2023), hay otros estados, como Guanajuato, Colima o Michoacán, que no han logrado disminuir significativamente sus índices de violencia.[4]
A esto se suma el hecho de que durante los últimos años la discusión y el debate público sobre las instituciones de seguridad del país se centró únicamente en la Guardia Nacional; poco o casi nada en las policías estatales y municipales y mucho menos en las fiscalías o procuradurías de los estados, a pesar de que los delitos del fuero común —que son los que afectan directamente a las personas— representan el 82 por ciento[5] del total y son, por lo tanto, responsabilidad de los gobiernos estatales.
Dos datos para ejemplificar el estado que guardan las instituciones policiales locales de acuerdo a un reciente estudio en la materia:[6] sólo 12 entidades del país cuentan con academias o institutos de formación policial con el equipamiento e instalaciones adecuadas y sólo 13 corporaciones estatales les proporcionan a sus policías prestaciones mínimas de ley como a cualquier otro trabajador.
Es verdad que, como cualquier institución nueva, la Guardia Nacional tiene que seguirse consolidando y profesionalizando; sin embargo, no hay Guardia Nacional —en su momento, Policía Federal—, ni Marina o Ejército que sea suficiente si los estados no asumen su obligación constitucional y política en materia de seguridad.
Seguridad 2024-2030
En seguridad, lamentablemente la mayoría de las veces cada administración empieza de cero. La buena noticia en este sentido es que hay muy pocas probabilidades de que sea así en el 2024 si se tiene un segundo periodo presidencial emanado de la cuarta transformación.
En materia de atención a las causas, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, publicada por el Inegi este julio de 2023, muestra datos por demás alentadores sobre el incremento del ingreso en los hogares y los efectos que tendrá en la disminución de la pobreza y la desigualdad. Sin duda han sido claves el aumento en el gasto social, los programas universales, el incremento del salario mínimo y los cambios en la política laboral. El siguiente paso será seguramente consolidar los programas existentes y ampliarlos.
Si bien habrá continuidad y fortalecimiento en este sentido, ¿qué podemos esperar del resto de los elementos de la estrategia de seguridad? Como ya se señaló, uno de los aspectos que menos ha avanzado y en donde deberán enfocarse los esfuerzos en un segundo gobierno de la transformación, es en la consolidación de las instituciones de seguridad y justicia a nivel local: prevenir los hechos delictivos, disminuir la violencia, pero también reducir la impunidad. En ese sentido, vale la pena tomar en cuenta buenas prácticas que han tenido logros históricos, como en el caso de la Ciudad de México de 2019 a la fecha.
Adicionalmente al eje base de la estrategia de seguridad, que es la atención a las causas, en la Ciudad de México hay otros tres elementos fundamentales para el logro de los resultados mencionados. El primero es el fortalecimiento de su policía: se reclutó a más de 7 mil nuevos uniformados; se implementó la carrera policial meritoria; se fortaleció el modelo de profesionalización; se triplicaron los incentivos al personal y se aumentó el salario en 54%, por mencionar sólo algunas medidas.
El segundo elemento clave del éxito fue darle a la policía preventiva facultades de investigación que cambiaran por completo la forma de operar; de ser una policía completamente reactiva, pasó a ser una corporación mucho más operativa, que basa gran parte de su actividad en datos e inteligencia; que puede dar seguimiento a los casos y denuncias que recibe y que ha ayudado a robustecer el actuar de su Fiscalía General de Justicia.
El tercer componente tiene que ver con la coordinación, que incluye por supuesto los trabajos con las instancias del gobierno federal pero, sobre todo, la colaboración entre la policía, la Fiscalía e incluso el poder judicial local. Es importante resaltar esto último porque en gran número de entidades la autonomía de las fiscalías se ha malentendido, lo que las convierte en instancias que no rinden cuentas, que no se coordinan y que actúan completamente aisladas.
Los resultados de la Ciudad de México es posible replicarlos en las demás entidades. Se requerirá de la directriz e impulso del gobierno federal, pero también de la voluntad política de los gobiernos estatales, a fin de que fortalezcan sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, y fomenten la coordinación entre las diversas corporaciones y distintos poderes.
[1] Periodos comparados enero-junio 2019 y enero-junio 2023, conforme al Informe de seguridad disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/838186/CPM_Informe_de_Seguridad__11jul23.pdf
[2] Ídem.
[3] Comparación entre 2019 y 2022 con base en el boletín del Inegi disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/DH/DH2022.pdf
[4] Todos los datos de acuerdo al SESNSP.
[5] Datos de enero a junio de 2023, de acuerdo al SESNSP.
[6] Índice de Transparencia Policial, elaborado por la organización Causa en Común. Consultado en: https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2023/06/INTRAPOL_VF.pdf
