En México, abortar legalmente sin riesgos, como un servicio sanitario, es un derecho que existe hoy en 10 entidades federativas, mientras que en las 22 restantes sigue siendo materia de una disputa política en la que intervienen, además de les legisladores, representantes de las iglesias y varios grupos ciudadanos.
Desde la primera vez que, en 1938, se habló públicamente de sacar del código penal el castigo a quien abortara y, en vez, incluir esa práctica como un servicio de salud, hasta que se legalizó en la Ciudad de México, pasaron siete décadas. El 24 de abril del 2007, el pleno de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó la interrupción legal del embarazo (ILE) con una mayoría de 46 votos a favor (PRD, PRI, PT, Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza), 19 en contra (PAN y PVEM) y una abstención (PRI). Como el Partido Acción Nacional (PAN) no contaba con el 30 por ciento de diputados necesarios para una acción de inconstitucionalidad, el entonces presidente Felipe Calderón instó a Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a que presentara ese recurso, e igualmente se lo pidió a José Luis Soberanes, entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Así, el 24 y 25 de mayo del 2007 ambas instituciones interpusieron, respectivamente, una acción de inconstitucionalidad que impugnaba lo aprobado por el legislativo capitalino. Después de un año y cuatro meses de audiencias públicas e intensa deliberación sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, el 28 de agosto de 2008, que la despenalización del aborto voluntario antes de las 12 semanas aprobada por la asamblea legislativa era constitucional.
Vendría entonces la reacción de la derecha: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN, con el apoyo de la jerarquía católica, reformarían las constituciones estatales para “proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”. En ningún país del mundo la protección a la vida es un valor absoluto, pues admite restricciones y limitaciones, como la legítima defensa, el aborto, la eutanasia, incluso la guerra. De ahí que los países que tienen despenalizado el aborto (como los de Europa) también consagren la protección a la vida en sus constituciones, pues ambos valores no son excluyentes. En México la reforma de “protección a la vida desde el momento de la concepción” que se legisló en 16 de las 32 entidades federativas tuvo el objetivo de “blindarlas” ante el avance de la ILE. Se trató de una argucia política que generó incertidumbre jurídica al introducir la creencia de que ya no se podrían interrumpir embarazos por las causales existentes, y provocó que mujeres que llegaron a las instituciones de salud con abortos en curso, algunos espontáneos, fueran remitidas a la justicia en lugar de recibir atención médica.
Pasaron once años entre la primera legalización, que se logró en la Ciudad de México en 2007, a la siguiente en Oaxaca, en 2018. Desde entonces, a la fecha de entrega de este texto, se han sumado ocho entidades federativas más: Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022) y Quintana Roo (2022). Todas ellas realizadas con la mayoría legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y, en algunos casos, con la participación del tricolor.
Además de la voluntad política de Morena en los recientes procesos de despenalización, desde septiembre de 2021 se cuenta con un marco jurídico progresista: las resoluciones de tres acciones de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte, y que establecen los parámetros jurídicos que corresponde acatar en nuestro país en relación a la disputa en torno al aborto. La primera resolución consiste en la no criminalización de las mujeres que abortan; la segunda argumenta que un congreso local no tiene facultades para definir constitucionalmente el momento en que inicia la vida, pues además así afecta derechos de las mujeres; y la tercera es la relativa a que, si bien la objeción de conciencia es un derecho individual (¡jamás institucional!), el personal médico no podrá utilizarla cuando se trate de una urgencia médica que ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer. Los argumentos utilizados por les ministres se basan tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos (1981) como en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012), además de nuestra propia reforma constitucional del artículo primero en 2011. Con esas resoluciones la Suprema Corte pasó, en catorce años, de debatir si era legal despenalizar el aborto en la Ciudad de México a considerar hoy que es ilegal penalizar a quien aborta.
Y aunque los avances legislativos y jurídicos son notables, ¿por qué todavía hoy genera tanto rechazo la decisión de una mujer de interrumpir un embarazo cuando no ha sido elegido? ¿Qué se juega en el aborto para que exista esa oposición? En la Grecia antigua el aborto era una práctica ampliamente difundida, moralmente aceptada y jurídicamente permitida, y puesto que el embarazo ocurría exclusivamente en el cuerpo femenino, se le consideraba un asunto básicamente de mujeres. Solamente se castigaba el aborto cuando representaba una afectación al interés masculino en términos de la pérdida de un heredero. Con el cristianismo cambió la valoración social y el aborto se volvió un pecado contra Dios, pues se concibió que Dios es quien da la vida y el aborto es la destrucción de una de sus criaturas. Los cristianos debatirán sobre el momento en que el alma entra al cuerpo, y el aborto empezará a ser tema de discusión en los concilios, de modo que la Iglesia irá estableciendo nuevas bases para su regulación o prohibición. Todavía hoy hay personas que ven a las mujeres como recipientes de la voluntad divina: “ten todos los hijos que Dios te mande”.
Aunque el peso simbólico de la narrativa cristiana es apabullante, en la actualidad se ha ido fortaleciendo cada vez más una perspectiva con argumentos acerca del respeto a la pluralidad de creencias y de lo indispensable que resulta la laicidad. Así, en sociedades democráticas, a pesar de la negativa eclesiástica, ha sido posible sacar al aborto voluntario del código penal y transformarlo en un componente de la política de salud pública. Un caso extraordinario es el de Argentina, país de cultura católica donde hasta 1993 el presidente debía ser, por ley, católico. La movilización impulsada por la Marea Verde, un movimiento feminista y ciudadano, fue instrumental para que en diciembre de 2020 se aprobara el proyecto de ley que legaliza el aborto voluntario antes de las 14 semanas, ante el estupor de los grupos conservadores que confiaban en la influencia del papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio.
En los últimos años, en el resto de América Latina a la ya vieja guerra que ha impulsado la Iglesia católica contra el anhelo de las personas de tomar ciertas decisiones sobre sus cuerpos, se han sumado otras organizaciones eclesiásticas, en especial, las evangélicas. Esto ha llevado a un atraso criminal, especialmente en Centroamérica, donde países que aceptaban el aborto por ciertas causales (El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras) han echado atrás sus legislaciones por presiones religiosas y prohíben el aborto incluso para salvar la vida de la mujer. Ante la cerrazón de los gobiernos, las colectivas feministas han construido redes de apoyo y mecanismos puntuales para enfrentar la criminalización del aborto, y circulan la información acerca de cómo provocar un desprendimiento embrionario con pastillas, además de llevar a cabo un acompañamiento solidario.
En Estados Unidos, la decisión conservadora de la Corte de cancelar la resolución que sostenía el derecho al aborto como una cuestión de la intimidad de las mujeres, ha detonado un proceso de movilización ciudadana. Muchas estadunidenses recurren hoy a las activistas mexicanas para que las instruyan acerca del aborto con medicamento, e incluso hay grupos mexicanos que las están enviando a Estados Unidos. El periódico The New York Times hizo un reportaje en el que se entrevista (y se filma en video) a Las Libres en el proceso de envío de las pastillas. Como ya se sabe, el Estado no logra ejercer control sobre la ingesta de unas pastillas.
El aborto siempre ha existido. Las mujeres lo han practicado en todas las épocas y en todas las culturas como medio para librarse de ese destino impuesto que es una maternidad no deseada. Lo verdaderamente novedoso es que hoy cientos de miles de mujeres salen a la calle, con su pañuelo verde, a exigir, sin vergüenza ni culpa, que el gobierno haga del aborto un servicio de salud seguro y gratuito. Carlos Monsiváis repitió una y otra vez: «Si no se gana la batalla cultural, no se gana tampoco la batalla política». Tenía razón, y la movilización de la Marea Verde latinoamericana está ganándole la batalla al fundamentalismo religioso, pues está transformando las mentalidades.
