Las empresas estatales son particularmente efectivas en liderar la transición energética porque tienen la capacidad de responder a una visión de largo plazo y flexibilidad para apostar por nuevas alianzas industriales.
El sector energético depende en todo momento de decisiones estatales, a través de legislación, regulación y un sinnúmero de intervenciones sobre inversión y operación.
En México, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son la columna vertebral del ejercicio del poder del Estado en materia energética. Debido a su posición como operadores industriales ocupan espacios que en otros países se reservan las empresas privadas. Aunque la existencia de firmas estatales dominantes no es de ninguna manera una excepción, Pemex y CFE han sido objeto de las críticas de formadores de opinión y centros de análisis, así como del gobierno de nuestro más relevante socio comercial, Estados Unidos. Sus argumentos, si bien se han construido en círculos binacionales, se ven amplificados desde Washington. Y vale la pena destilar el programa político de los argumentos públicos con los que nos encontramos cotidianamente en medios de comunicación.
Texas y la promesa de liberalización
Durante las últimas dos décadas no hay referencia que haya tenido más impacto entre en la cultura política de la coalición neoliberal que el ascenso de Texas como gran productor de gas natural, junto al petróleo, y como símbolo del ascenso de Estados Unidos como exportador energético global.
Ese país tiene un modelo de gobernanza en hidrocarburos excepcionalmente privado. En el sector eléctrico, la historia es más complicada, porque hay muchos modelos de organización a nivel estatal, e inclusive empresas estatales. Pero esto no ha evitado que la agenda dominante de discusión en Estados Unidos sobre México haya ido por completo en la vía de promover la liberalización. Pero la referencia más notoria en ambos lados de la frontera es el boom del shale gas texano, mientras que México experimentaba los efectos de la escasez de capacidad para importar gas y la reducción de la producción nacional. Las “alertas críticas” por falta de este combustible en el gobierno de Felipe Calderón marcaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto. La referencia fue casi natural: si Texas se beneficiaba de la bonanza petroleras, ¿por qué México no? Podríamos ser un nuevo Texas —sólo tras la liberalización.
El llamado a la reforma energética liberalizadora y la reforma misma se volvieron la piedra angular de la aprobación de think tanks estadounidenses. Los reformadores destacaron que las empresas no se habían privatizado (como en las décadas de 1980 y 1990), pero las empresas estatales se usaron como mecanismo para absorber riesgos que pudieron ser del sector privado, maniobra de gestión de riesgos conocida como el Consenso de Wall Street.
Por ello no fue tampoco una sorpresa que la propuesta de un cambio de régimen energético en 2018 recibiese una dura y constante crítica desde Estados Unidos. La suspensión de rondas petroleras y los intentos de modificar las leyes del sector eléctrico fueron caracterizadas no sólo como un rompimiento con el modelo liberal (lo que es cierto), sino también como un error técnico y un anacronismo económico. Desde el Woodrow Wilson Center, en Washington, el Institute for the America, en San Diego, y el Baker Institute, en Houston, se fomentaron las voces críticas de expertos que participaron del proceso de liberalización. Los argumentos evocaron la oportunidad perdida de volver a México un gran exportador de petróleo, además de gas, y campo fértil de la inversión eléctrica privada.
Pero estas narrativas críticas convenientemente olvidaron que las promesas de inversión privada son inmateriales, por eso instruyeron y aplaudieron que CFE orquestara la mayor expansión de transporte de gas en la historia del país. Y en cuanto al petróleo, argumentaron que dejaríamos de percibir grandes beneficios fiscales, pero olvidaron que se planeó reducir la carga impositiva para privados porque, para ser realmente Texas, lo que se necesita es ser un estado que abandona la recaudación de la renta petrolera.
Estos argumentos están cada vez más en desuso público debido a la creciente importancia del cambio climático. Ahí, es políticamente menos atractivo hablar del México petrolero, lo que no les impide prometer riqueza en hidrocarburos, al tiempo que se crítica la expansión de infraestructura de refinación con argumentos climáticos.
La crítica climática
La crítica sobre los efectos climáticos de la política energética ha sido feroz. El argumento es que el cambio de rumbo en diciembre de 2018 representó un retroceso del camino pavimentado hacia la transición. Y aquí vale la pena distinguir a quienes argumentan que México no hace suficiente en materia de cambio climático, pues están quienes sostienen que no lo hacía antes, mientras tampoco lo hacen nuestros socios norteamericanos, y quienes argumentan que el giro en la política energética de 2018 es, en esencia, una traición a la política climática. La primera es la crítica ambiental, la segunda la ostentan quienes usan el argumento ambiental para defender el modelo liberal de 2013 con base en virtudes ambientales que no tiene.
En la crítica a Pemex y a la política petrolera mexicana con referencia al cambio climático se olvida que las empresas que hemos invitado a participar en el mercado son internacionalmente conocidas por su obstruccionismo climático. Estas mismas voces no concederían un gramo de virtud a la estrategia de contener el crecimiento de la inversión en exploración y producción de petróleo —aunque se trate de una posición recomendada por países como Colombia, que apoyan el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
Además, en la crítica a la CFE olvidan que celebraron convertirla en una empresa de combustibles fósiles en el sexenio anterior, cuando asumió el riesgo de mercado en transporte de gas que los privados no querían tomar, y que la ha puesto entre la espada y la pared frente a la necesidad de descarbonización de largo plazo. También olvidan que la reforma energética no incluyó la que después se llamaría la Ley de Transición Energética, y que había tantas dudas sobre las energías renovables que los reformadores decidieron que fuera potestad de la Secretaría de Energía la realización de las subastas de largo plazo, con la virtud de suspenderlas. Pero no cabe duda de que los medios estadounidenses equipararon las reformas del 2013 a un nuevo régimen de acción climática en México.
Esta narrativa es especialmente insustancial por anacrónica. A diferencia de la década de 1990, ahora sabemos que las empresas estatales son particularmente efectivas en liderar la transición energética porque tienen la capacidad de responder a una visión de largo plazo y flexibilidad para apostar por nuevas alianzas industriales.
Claro que nos encontramos frente a medios, no sólo en Estados Unidos sino también en México, que miran poco o nada fuera de la región: también donde no había empresas estatales gobiernos como el de Reino Unido han tenido que crearlas para implementar sus grandes programas de energías renovables. La evidencia es abrumadora: la intervención estatal es necesaria para garantizar el retorno a la inversión a las tecnologías de bajas emisiones, que los mercados libres no pueden o no quieren ofrecer. Pero en la narrativa norteamericana la única forma de intervención legítima es la de los beneficios y subsidios fiscales.
Es cierto que México no ha dado un giro estructural hacia la descarbonización de su economía, pero no hay realmente evidencia de que esto pueda hacerse sin una altísima intervención estatal —algo que reconocen para sí mismos, pero no para otros.
En el horizonte: cadenas de producción y cooperación
En el futuro, el papel de la inversión china en el sector energético mexicano crecerá como tema de la agenda estadounidense sobre México —especialmente en la electricidad. Las críticas de Washington a que la primera gran planta solar de CFE articulada en el margen del Plan Sonora fue ganada por una compañía china, fueron seguidas por el compromiso de México de que las siguientes fases fuesen desarrolladas por empresas de América del Norte y para producir energía cuyo consumo final pudiera tener su mercado en California. En cambio, faltan más discusiones sobre la expansión de infraestructura en territorio mexicano que sí existe en la cadena de valor automotriz.
En el horizonte se vislumbra también la oportunidad de cooperación técnica para resolver problemas concretos de la transformación energética, por ejemplo en lo relativo a retos técnicos de integración de energías renovables y sistemas de almacenamiento en la red eléctrica, o sobre la reducción del impacto ambiental del sector hidrocarburos. Del lado de Estados Unidos, esto supone reconocer el modelo energético estatal como legítimo y efectivo. No soy muy optimista, pero hay voces dentro de Estados Unidos que podrían apoyarlo, como la del Roosevelt Institute. En tanto, México debe fortalecer sus capacidades de colaboración internacional a través de sus institutos estatales de investigación.
La revisión del tratado comercial de América del Norte en 2026 será ocasión para intentar limitar la demanda estadounidense de armonización institucional bajo un modelo enteramente liberal. No cabe duda de que un giro más ambicioso hacia energías de bajas emisiones en la CFE, y en general en México, dejará a la opinión editorial estadounidense sin sus más atractivos argumentos.
Referencias
Tood Tucker. (2024). “Moving Past Global Neoliberalism”. Democracy: A Journal of Ideas (72).
Valenzuela, J. M. (2023). State ownership in liberal economic governance? De-risking private investment in the electricity sector in Mexico. World Development Perspectives, 31.
Viscidi, Lisa & Vereen, MK. (2021). “Here’s How Mexico Can Clean Up Its Dirty Energy Industry”. The New York Times. Noviembre 11.
Wood, D. (2018). Mexico’s New Energy Reform. Wilson Center.
Zarco, Jorge. (2022). “Participarían sólo empresas de México, Estados Unidos y Canadá en la construcción de infraestructura del Plan Sonora de Energía”. PV Magazine México. Noviembre 15.
