El presidente presentó su iniciativa para que las empresas particulares no puedan tener prevalencia ni privilegios sobre la empresa pública del Estado en el mercado energético nacional
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común). – El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó sus iniciativas de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para defender la soberanía y asegurar un mercado eléctrico con precios accesibles para el pueblo mexicano.
“Nosotros hicimos un compromiso que estamos cumpliendo, el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz; como hicimos el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel; hicimos el compromiso de no aumentar los impuestos; hicimos el compromiso de no endeudar al país y todo se está cumpliendo, pero hacia adelante, como sigue el afán privatizador, siguen queriendo que el gobierno sea un comité al servicio de una minoría, no al servicio de todo el pueblo de México, pues hay que reformar la Constitución para fortalecer las empresas públicas tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex y no permitir que regrese la política neoliberal”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa matutina el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, expuso sobre el contenido de la reforma propuesta por el Ejecutivo que tienen el objetivo de priorizar la soberanía nacional y reforzar a la empresa pública para que no aumenten los precios de la energía eléctrica.
“La visión de que la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano, por depender de ello el desarrollo de la vida y la economía del país, debe estar incluido como principio básico en el texto de la Constitución Política”, enfatizó el funcionario, al tiempo que detalló en qué consisten las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales:
Artículo 28, cuarto párrafo
Se modifica para preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación mediante la empresa pública del Estado y proveer al pueblo de electricidad al menor precio posible, evitando el lucro. El añadido aclara que el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano, adicionando a sus funciones la atención a toda la población.
El principio de planeación y control bajo la responsabilidad estatal, así como los objetivos específicos, deberá reflejarse en la legislación secundaria.
Se plantea, además, que es estratégico el servicio público de internet que presta la empresa del Estado mexicano al evitar que las personas, por razones económicas, carezcan de este instrumento fundamental para la educación, la cultura, la economía y la información.
Actualmente la ley estipula que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional no constituyen monopolios, sino actividades que el Estado debe ejercer de manera exclusiva como área estratégica. Sin embargo, al no tener objetivos claros, el sistema eléctrico se desarrolla en ausencia de la atribución del control del Estado. En ese vacío las leyes secundarias son las que regulan el sistema.
El actual sistema eléctrico nacional fue construido a partir de permisos ajenos a cualquier planeación concedidos sin tomar en consecuencia las necesidades de las diversas regiones del país, por lo que se concentraron en las zonas de mayor capacidad económica y abandonaron a las de menos recursos.
Artículo 27
En lo que respecta a las empresas particulares, la propuesta determina que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado por ser garantía de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Actualmente, el sistema derivado del periodo neoliberal da preferencia al interés privado. Las leyes determinan la forma en la que los particulares pueden participar en las demás actividades de la industria eléctrica. A falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social.
Artículo 25, quinto párrafo
Se elimina el concepto de “empresa productiva del Estado”, el cual fue incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y, por tanto, reduciendo la finalidad a la mera obtención de utilidades sin función social.
El planteamiento descarta la obligación de empresas públicas de guiarse por el concepto de las “mejores prácticas” porque, de acuerdo con la definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo constituido por accionistas e inversionistas.
Reforma garantiza uso racional y eficiente de recursos energéticos
El director general de CFE indicó que la soberanía energética implica garantizar el acceso a recursos energéticos y tener la capacidad de decidir cómo se utilizan en beneficio de la población.
La experiencia demuestra que la dependencia excesiva a fuentes energéticas externas o privadas expone a las naciones a vulnerabilidades geopolíticas y fluctuaciones en los precios internacionales.
La falsa competencia establecida en la reforma energética del 2013 daba ventajas a las empresas privadas en contra de la CFE, obligada a adquirir electricidad a las empresas privadas y garantizándoles rentabilidad, explicó.
Las reglas de despacho económico otorgan todas las ventajas a las empresas privadas. Existen esquemas como el auto abasto ilegal en el que se concentran los grandes consumidores que quedan fuera del mercado, monopolios con despacho automático, que impiden a la Comisión Federal de Electricidad el acceso a grandes consumidores.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, agregó que este argumento constitucional responde los constantes amparos otorgados a empresas privadas. Incluso hace unas semanas la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 y la declaró inconstitucional para beneficiar a empresas particulares.
