Se asentará en la ley que la Comisión Federal de Electricidad tendrá el objetivo de preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, además de proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común). – El presidente Andrés Manuel López Obrador insistirá con sus reformas en devolver a la CFE su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional.
De acuerdo con el texto enviado a la Cámara de Diputados, el esquema actual de generación de energía eléctrica, desde la reforma de Peña Nieto, no garantiza el abastecimiento de electricidad para el pueblo mexicano, sino que obedece a un sistema supuestamente de competencia, cuyo único objetivo es apropiarse de los recursos e infraestructura de un servicio público esencial del Estado para convertirlo en fuente de beneficios privados, ajenos a las necesidades del pueblo y del desarrollo nacional.
Se propone añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, vigente en nuestra Constitución, tengan un objetivo explícito:
Por lo tanto, se asentará en la ley que la generación eléctrica del Estado tenga el objetivo de preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública: Comisión Federal de Electricidad.
Para evitar lagunas legales que ha aprovechado los privatizadores, se aclara que el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano, adicionando las funciones que debe tener: la atención a todos los estratos sociales y acceso a todo el pueblo de México.
Este principio de planeación y control bajo responsabilidad estatal, así como los objetivos específicos que lo deben guiar, deberán verse reflejados en la legislación secundaria.
En la exposición para fundamentar la iniciativa de reforma también se lee:
“El sistema actual se construyó a partir de permisos ajenos a cualquier planeación de un sistema eléctrico nacional ordenado; permisos que se concedieron sin tomar en consideración las necesidades de las diversas regiones del país, concentrándose en las de mayor capacidad económica y abandonando las de menores recursos”.
El artículo 27 establece que las leyes dejarán claro a los privados cómo podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, pero para evitar malas interpretaciones, la iniciativa del presidente agregará: “que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social. De la misma forma, en lo que respecta a las empresas particulares, se propone establecer que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garante de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
