Como parte de las normas secundarias de la reforma judicial, en el Senado de la República se propuso eliminar las pensiones vitalicias de los ministros de la Suprema Corte.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- Como parte de las normas secundarias de la reforma judicial, el pasado 18 de septiembre, el senador Saúl Monreal propuso eliminar las pensiones vitalicias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que esta prestación excede las que cualquier ciudadano percibe.
“Monreal Ávila expuso que la modificación al artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación busca armonizar la norma secundaria con las recientes reformas a la Constitución sobre el Poder Judicial”.
Asimismo, se detalló que, en caso de fallecimiento durante el ejercicio de su cargo o después de concluirlo, su cónyuge, hijos menores y dependientes con alguna incapacidad para trabajar podrán tener derecho a una pensión equivalente al 50% de la remuneración mensual que corresponda al titular.
También se busca reformar el artículo 129 del mismo ordenamiento para determinar que ningún integrante del Poder Judicial de la Federación (PJF) pueda recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
“Lo que propongo es que bajo ninguna argucia o pretexto de especialización, los juzgadores y servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación (PJF) puedan ganar más que el presidente de la República. Esta reducción no solo busca equilibrar las finanzas públicas, sino también generar una percepción de mayor equidad y justicia en la distribución de recursos”, dijo Monreal.
Agregó que la reducción de las pensiones vitalicias de los ministros “es un paso necesario para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones” y contribuir a que el Poder Judicial sea más austero y cercano a la realidad social, además de comprometerse con los principios de equidad y transparencia.
“Mantener esta pensión vitalicia a un número reducido de funcionarios no solo genera una carga económica considerable para el Estado, sino que también perpetúa una desigualdad que ha mantenido una burocracia dorada a costa de quienes menos tienen y más necesitan”, concluyó.
