El proyecto del Tren Maya busca fomentar el turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar un desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida de la región. Además, pretende brindar oportunidades dignas a aquellos que huyen de la pobreza. Un retorcido plan para cambiarle la vida a la gente. La obra de un tipo perturbado. Dicen.
Para escoltar obras de esta envergadura y garantizar su culminación, el 22 de noviembre 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un primer decreto en el Diario Oficial de la Federación, donde se declaraba la realización de proyectos del gobierno de México como asuntos de seguridad nacional. El posicionamiento del ejecutivo federal no sólo comprendía al Tren Maya, sino a todos los proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura.
El jueves 18 de mayo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional aquel decreto de 2021. Los argumentos son dos. Primero, que violenta las funciones del INAI —el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales—. Segundo, que el decreto es muy general, ambiguo: al referirse a todos los proyectos de infraestructura a cargo del ejecutivo, la Corte sostuvo que no se permite que la ciudadanía tenga acceso a la información de ninguna de las obras del gobierno. Una suposición generosa, por decir lo menos.
El primer argumento —el relativo a la transparencia— es esquizofrénico. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula la información reservada; es decir, aquella que temporalmente está fuera del acceso público debido al daño que su divulgación causaría a un asunto de interés público o seguridad nacional. En ese sentido, la fracción I del artículo 113 de la ley señala que podrá (énfasis añadido) clasificarse como información reservada aquella que comprometa la seguridad nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.
No podemos dejar de resaltar que la sola existencia del decreto presidencial no implica automáticamente la reserva de información, sino que abre la posibilidad de considerarla. No es igual. Existen requisitos claros y previstos por la ley que deben cumplirse para que esta posibilidad se materialice: el gobierno debe demostrar que la divulgación representaría un riesgo para la seguridad nacional, ese riesgo debe superar el interés público de su difusión y la limitación debe ser proporcional y lo menos restrictiva posible Los ministros no tomaron en consideración ninguno de estos matices. Su resolución es paranoide.
Horas después de aquel fallo fundado en el pánico de algunos ministros, el presidente publicó un nuevo decreto. Y toda vez que se llama igual que el anterior —decreto— se asumió rápidamente que era un revire por parte del mandatario a la Corte, un desacato, una burla. Sin haber si quiera leído el nuevo decreto, la oposición y sus opinadores se lanzaron a matar. Aviones kamikaze.
El nuevo decreto presidencial difiere del primero en dos aspectos fundamentales. Primero porque ha dejado de ser general, no se refiere a todos los proyectos prioritarios de infraestructura, sino al Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Además, en él se fundamentan y motivan cuidadosamente las razones por las cuales estos proyectos deben ser considerados de seguridad nacional, teniendo en cuenta el bienestar colectivo, la prosperidad y el desarrollo sostenible de la nación. Que estas razones se encuentren englobadas en el concepto de seguridad nacional no lo decidió el presidente, lo determinó democráticamente el Senado a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El objetivo de este nuevo decreto no es reservar información, sino blindar los proyectos más importantes del sexenio de la lluvia de amparos que buscan ralentizarlos. Basta con observar la cantidad de recursos judiciales y la decena de organizaciones detrás de ellos. Una batalla desigual: los pocos poderosos contra los muchos necesitados.
Lo que busca el presidente es claro: concluir las obras prioritarias de su gobierno. Con ellas pretende garantizar empleo, educación, salud y bienestar en las regiones aledañas. Una revisión rápida del Plan Nacional de Desarrollo —disponible para los interesados desde 2019— podrá dejarles más claro a los comentócratas hacia dónde está llevando el mandatario al país. Quien avisa no traiciona.
