La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) Ana J. Villagrán alardeó hace algunos días su iniciativa para que el gobierno de la Ciudad de México otorgue facilidades fiscales a constructoras y bancos. ¿El objetivo?, hacer frente a la crisis de vivienda que no permite a los jóvenes comprar un departamento. La solución, argumenta la diputada, está en otorgar más créditos hipotecarios. María Antonieta lanzándonos pasteles.
Lo que la iniciativa de Villagrán olvida —aunque pitorrearse es una palabra más pertinente— es la historia de las políticas de vivienda que se han implementado en este país y las limitaciones de los créditos hipotecarios para solucionar tal crisis.
En México, desde que nos creímos que el mercado por sí solo podría satisfacer todo tipo de necesidades de forma justa y sobrada, despojamos al Estado de su papel como principal productor de vivienda. Así, el derecho humano a acceder a una vivienda de calidad le fue entregado en las manos a un puñado de desarrolladores. La estrategia nos dejó en la calle. La especulación voraz, el acaparamiento y el incremento descontrolado y no regulado de precios son los factores que hoy tienen a la gente sin casa; no es al revés.
La iniciativa de Villagrán confía en que incrementar los créditos hipotecarios es la solución a la crisis de vivienda que atraviesa la capital del país. Las limitaciones del razonamiento son evidentes. Primero, excluye a los que menos tienen porque no cuentan con empleo formal ni ingresos suficientes para acceder a estos créditos. Segundo, un mayor número de créditos hipotecarios en el mercado incrementa la demanda de vivienda, por tanto, su precio. Tercero, su otorgamiento a personas sin estabilidad laboral o económica las coloca en condiciones de vulnerabilidad que, más frecuentemente de lo que imaginamos, termina en la pérdida del inmueble (es decir, más ganancia para los bancos). En todos los casos, los más afectados son quienes menos tienen.
La iniciativa de la diputada es, como todas las blanquiazules, ciega a las necesidades de la mayoría. No es sorpresa para nadie: está centrada en la especulación, en los aspectos comerciales y en los intereses financieros. Se trata de una política inmobiliaria que beneficia exclusivamente a desarrolladoras y bancos. A los accionistas. A sus viejos amigos.
Una paradoja. La oposición suele ser buena brújula para entender lo que necesita la gente: basta escuchar sus propuestas y voltear al lado opuesto. Como muestra, este botón. Lo que requiere la Ciudad de México en materia de vivienda no es una política inmobiliaria, es una política de vivienda. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las políticas de vivienda ponen en el centro del discurso la provisión de viviendas adecuadas para toda la población; buscan garantizar que todas las personas, empezando por las que menos tienen, tengan acceso a una vivienda de calidad y asequible. ¿Cómo lo hacen? A través de incentivos fiscales, subsidios, programas asistenciales y programas de vivienda pública. Detrás de la propuesta de la diputada panista no hay sino más de lo mismo: una estructura ideal para hacer más ricos a los ricos. Tengamos memoria y escuchemos la voz de los expertos: por el bien de todos, no más políticas inmobiliarias.
