El juez de amparos instruyó que se asegure la capacidad del penal del Altiplano, para tratar los posibles padecimientos de José Luis Abarca, no obstante, seguirá en la cárcel por su sentencia de 92 años
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- El ex presidente municipal José Luis Abarca, implicado en el caso Iguala, obtiene amparo de un juez federal “por enfermedad” para continuar su proceso en libertad, aunque permanecerá preso.
A pesar de que a Abarca le fue concedida dicha prerrogativa por el juez Tercero de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a fin de que enfrente su juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero en libertad si se le acreditaran padecimientos graves, no podrá abandonar la prisión.
Lo anterior debido además de otros cargos, purga 92 años por la por el secuestro de seis activistas, tales como el dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona.
El juzgador federal ordenó investigar si las “distintas enfermedades” del ex edil, pueden poner su vida en riesgo:
“Ordene oficiosamente la recabación, preparación y desahogo de todas las probanzas que estime necesarias, idóneas, pertinentes y suficientes (periciales oficiales, reportes médicos, bitácoras, expedientes clínicos, inspecciones, inventarios, etcétera) para establecer: a) La verosimilitud y, en su caso, la certeza, de los padecimientos aducidos por el quejoso, para determinar si se trata de enfermedades mortales, graves, terminales o crónicas degenerativas complejas; o si sólo se trata de padecimientos o enfermedades que por su naturaleza sean controlables y no representen un riesgo potencial de pérdida de la vida, o de menoscabo o limitación a alguna función orgánica a través del tratamiento adecuado; b) El grado de afectación y avance respectivo; y, c) Si la enfermedad o enfermedades pueden complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por falta de capacidad institucional de atender la situación, o por negligencia de las autoridades penitenciarias encargadas del quejoso”.
Asimismo, el juez instruyó que se asegure la capacidad del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México para tratar sus posibles padecimientos:
“Esto es, dichas probanzas no sólo deben estar relacionadas con el estado de salud del impetrante y con su expediente clínico, sino también con la capacidad técnica y operativa del centro penitenciario en el que se encuentra, para apreciar objetivamente si cuenta con los elementos humanos y técnicos necesarios para hacer frente a los eventuales padecimientos del quejoso, a fin de salvaguardar su integridad física y su vida”.
