Noroña denunció que cabilderos de la industria de vapeadores han ofrecido “de todo y sin medida” para evitar la aprobación del dictamen en materia de protección a la salud.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, denunció que cabilderos de la industria de vapeadores han ofrecido “de todo y sin medida” para evitar la aprobación del dictamen en materia de protección a la salud, que también regula el uso de estos dispositivos para consumir drogas sintéticas.
El senador detalló que no se realizarán modificaciones al dictamen, con el objetivo de aprobarlo en el presente periodo y evitar que sea devuelto a la Cámara de Diputados. Fernández Noroña criticó los argumentos de legisladores opositores, quienes sostienen que prohibir los vapeadores no contribuirá a que las personas dejen de fumar. A pesar de ello, se mostró confiado en que la medida será avalada.
Asimismo, recordó que esta iniciativa se originó durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, subrayando su continuidad como parte de las políticas de salud pública.
Sobre la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF)
En otro tema, Fernández Noroña informó que alrededor de 50 juzgadores en funciones buscan hacer uso del pase directo para participar en la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF). Sin embargo, señaló que aún no se define si es posible otorgarles una prórroga para inscribirse.
El diputado abogó por que el plazo se extienda hasta el 15 de diciembre, considerando que una parte de la convocatoria contempla la posibilidad de que aquellos juzgadores activos que inicialmente decidieron no participar puedan reconsiderar su decisión y ejercer su derecho al pase directo. No obstante, reconoció que la redacción actual del documento genera confusión, aunque aseguró que no contraviene el espíritu de la Constitución.
Finalmente, Fernández Noroña destacó que en la segunda parte del acuerdo sobre inscripciones se plantea reubicar, hasta 2027, a al menos 20 juzgadores que enfrenten circunstancias especiales, como enfermedades terminales o condiciones de salud que requieran atención constante. También se considerarán casos de mujeres en condición de maternidad, lactancia o embarazo, priorizando su bienestar.
