El 26 de julio, el presidente de Níger, Mohamed Bazoum, fue arrestado y depuesto mediante un golpe de Estado encabezado por el general Abdourahamane Tchiani, quien estableció una junta militar y un nuevo gobierno de transición que busca corregir la incompetencia política y económica de pasadas administraciones, y la corrupción que aqueja a uno de los 10 países más pobres del mundo.
Como ya es común en una realidad internacional altamente interconectada por medio de los intereses económicos y geoestratégicos contemporáneos, diferentes actores se pronunciaron a favor y en contra del episodio.
Ante ello, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) —que conforman la propia Níger, Nigeria, Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Cabo Verde, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea Bisáu, Togo, Senegal, Malí, Liberia y Sierra Leona—, ante breves e infructuosas medidas diplomáticas para lograr la paz, advirtió que si para el 6 de agosto el orden constitucional y el presidente nigerinos no eran restablecidos, sanciones internacionales serían impuestas, además de que no descartaron como posible solución una intervención militar de la comunidad, encabezada por el poder regional, Nigeria.
Sin embargo, esto último no podría resultar tan sencillo, como en ocasiones previas, pues Malí y Burkina Faso declararon que cualquier intervención militar sería vista como una declaración de guerra a sus países; y, de manera paralela, Argelia ha rechazado cualquier resolución bélica del conflicto.
De manera más amplia, Francia, cuya actitud de expolio desde tiempos coloniales ha generado una imagen negativa en sus antiguos territorios de dominio, ha condenado el golpe, pero aún no se decanta por apoyar totalmente una intervención por medio de la Cedeao.
Mientras tanto, Estados Unidos, policía mundial del siglo XXI, igualmente se ha limitado a rechazar el evento, pero sin hablar de su posible involucramiento militar, directo o indirecto.
Sea como fuere, y a pesar de la gravedad de la situación en la región en que se emplaza Níger debido a la persistente violencia intertribal y al fundamentalismo islámico, me parece que todo esto abre un nuevo punto de inflexión en la historia y la independencia política en África.
Por un lado, se puede sucumbir a las pulsiones de conflicto y autodestrucción características de los Estados africanos modernos altamente militarizados, con el riesgo de transformar cualquier operación militar en un problema de magnitudes no solamente nacionales, sino regionales e internacionales, debido a los posibles desplazados y al involucramiento de potencias externas, que actualmente parecen estar revitalizadas por un neocolonialismo empecinado en ejercer guerras indirectas, en una carrera por la primacía geopolítica mundial.
O por el contrario, el gobierno actual nigerino y todos los actores regionales involucrados pueden renunciar al papel de peones militares en el tablero conflictivo del ajedrez internacional, asumir un papel de independencia verdadera y establecer canales de negociación que permitan, además de solventar este episodio de inestabilidad política, inaugurar una hoja de ruta para una nueva forma de hacer política regional.
