La ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Ahlf, reveló que el personal de Grupo Salinas quiso extorsionarla a cambio de favores en un caso de impuestos.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común).- La ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Ahlf, reveló que algunos miembros del personal de Grupo Salinas se acercaron a ella para ofrecerle un servicio de imagen publicitaria y extorsionarla a cambio de favores en un caso de impuestos en el que estaba involucrada la empresa. Agregó que las empresas ofrecen entradas a eventos costosos o viajes para que los impartidores de justicia los beneficien con sus fallos.
“La honestidad no se compra con nada; quien es honesto, lo es por convicción, y eso no tiene un valor económico. En una ocasión trabajé en el sector bancario, como asesora del director general del Banco de México, y me ofrecieron otro puesto en el Gobierno con un salario de 400 mil pesos, que en ese entonces era muchísimo. Y yo me pregunté: ¿qué me van a pedir a cambio?”, relató.
En entrevista con el medio Telereportaje, Ortiz explicó que la reforma judicial beneficia la ratificación de jueces y magistrados del Poder Judicial, ya que permite contar con más elementos para evitar que aquellos que incurran en actos de corrupción continúen en sus cargos. Señaló que casos de tráfico de influencias, acoso laboral o violaciones dentro del Poder Judicial solo comenzaron a castigarse después de que el entonces ministro presidente Arturo Zaldívar impulsó reformas al mecanismo disciplinario.
En cuanto al proceso de aprobación de la reforma judicial, Ortiz afirmó que no observa ilegalidades. En cambio, sí calificó como ilegal el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que impide el acceso a la justicia.
“Si fueran tan preparados, revisarían el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana de San José, donde se establece qué derechos fundamentales pueden suspenderse y cuáles no. Ahí está claro que ni siquiera en tiempos de guerra se puede suspender el derecho a la legalidad y el acceso a la justicia”, concluyó.
