La instrumentación de una política migratoria con perspectiva de género se ha vuelto, desde hace tiempo, un imperativo no sólo por una razón humanista, sino también porque de ello depende que las mujeres y niñas en situación de movilidad, grupo que representa el 49.5 por ciento del universo de personas migrantes en México y el 70 por ciento de personas desplazadas internas, puedan alcanzar los objetivos económicos y sociales que en sus lugares de origen les fueron arrebatados, así como un trayecto digno a sus lugares de destino.
Pero este desafío no sólo es exclusivo de México. En efecto, la falta de una política diseñada específicamente para mujeres en movilidad continúa acumulándose a esa deuda histórica que, en ocasiones, parece más bien platónica. Un ejemplo de ello es que sólo el 4 por ciento de los programas de la Organización de las Naciones Unidas se destina a niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Siendo claros, ¿por qué requerimos una política migratoria con perspectiva de género? Porque las mujeres y niñas, incluyendo a personas integrantes de la comunidad LGTBIQ+, corren mayores riesgos que los hombres, inhibiendo su capacidad no sólo como personas en movilidad, sino, incluso, su desarrollo emocional, social e identitario.
Para el caso mexicano, de acuerdo con un análisis publicado por la Secretaría de Gobernación en 2022, y que tomó como referencia un estudio realizado por el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. y Women’s Refugee Commission en ese mismo año, la violencia que viven las mujeres y niñas en movilidad durante su paso por México incluye secuestros, violaciones y trata de personas. Hechos deleznables como estos fueron los que vivieron Martha, de 31 años, y Emilia, de 16: fueron, violadas en la frontera de Nogales el 1 de marzo por sus traficantes en una casa de seguridad, para después cruzarlas al otro lado de la frontera.
Las mujeres y niñas en movilidad también enfrentan otros desafíos menos visibles que el de la seguridad humana, pero no menos relevantes para el goce pleno de sus derechos humanos, a saber, la falta de políticas en materia de salud sexual y reproductiva. A Jessica, una adolescente de 14 años, le diagnosticaron una fuerte y dolorosa infección debido a la falta de toallas sanitarias durante su trayecto entre Guadalajara y Tijuana, algo prevenible pero poco previsto por las autoridades de todos los niveles.
Cierta es la existencia de programas en México que atienden a personas menstruantes en movilidad mediante organizaciones como Plan International, pero estos se circunscriben a áreas muy acotadas y, por tanto, con un alcance igualmente limitado. En otras palabras, no es parte de una política de Estado, como tampoco lo ha sido para el caso de atención a personas embarazadas, por mencionar otro ejemplo en donde se ha llegado al extremo de registrar muertes maternas.
La urgencia sobre la atención a mujeres y niñas en movilidad no sólo deviene por su condición de personas altamente vulnerables, sino como parte de un problema recurrente en cualquier país que presenta una movilidad de personas especialmente en situación irregular, invisibilizado o, cuando menos, opacado por narrativas xenófobas y patriarcales.
Nuestra nación se ha constituido como muy vocal y promotora de políticas para la igualdad de género ante foros y mecanismos internacionales de derechos humanos, sin embargo ese enfoque no ha desembocado en iniciativas que permitan disminuir la incertidumbre de mujeres y niñas en movilidad y, por tanto, su nivel de vulnerabilidad.
Este hecho es notorio y al mismo tiempo lamentable por los datos que dan cuenta de que, en materia de movilidad humana, continúa ausente tan necesaria perspectiva.
