El sábado 18 de marzo, con motivo de la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso potente y emotivo. Al respecto, quiero resaltar su afirmación en cuanto a que la política no sólo es racionalidad, sino que necesita de mística y convicciones.
Las mujeres y las feministas sabemos muy bien que la política, más que mística, implica emociones y sentimientos. Es por esto que desde hace unos años la rabia y la indignación frente a las injusticias por la impunidad ante las violencias de género que sufren las mujeres se están convirtiendo en una consigna y han sido un importante motor de movilizaciones y acciones políticas de un movimiento amplio que cada día se hace más fuerte: las movilizaciones de mujeres universitarias.
Poco antes del 2020, año que nos llevó al confinamiento forzado durante la pandemia, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) las estudiantes iniciaron protestas y paros por la falta de mecanismos institucionales efectivos para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género.
Derivadas de las exigencias de las alumnas, se lograron, en pleno confinamiento forzado, algunas de las reformas estructurales y cambios a la legislación universitaria de la universidad, así como la actualización y revisión de su protocolo de atención a la violencia de género.
La situación se ha repetido en otras instituciones de educación superior, que han estado elaborando o mejorando sus protocolos, o creando áreas específicas que diseñen políticas para la prevención.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fue una de las primeras instituciones educativas que, junto con la UNAM, contaron con protocolos y directrices para sancionar en el ámbito de sus obligaciones la violencia de género en contra de las mujeres como una violación a sus derechos humanos. Sin embargo, a pesar de que se cuenta con las normativas, procedimientos, protocolos y directrices para sancionar a quienes cometan violencia de género, existen muchas dudas, confusiones y reticencias por parte de las autoridades universitarias sobre cómo investigar y sancionar estas conductas.
El 10 de marzo, alumnas de la UAM Cuajimalpa, hartas de la impunidad frente a la violencia sexual, iniciaron un paro motivado, como gota que derramó el vaso, por la respuesta insuficiente ante un caso de violación a pesar de que el agresor había admitido su responsabilidad. Este hecho, además, implicó una revictimización debido a que las autoridades no protegieron los datos personales de la víctima y los expusieron en una plataforma pública de video.
Los argumentos para evadir la sanción a las personas que transgreden la normativa universitaria se repiten, como sucedió en la UNAM hace unos años y como sucede en otras universidades públicas. Quiero centrarme en dos de esos argumentos, que considero los más utilizados por diversas autoridades universitarias: la autonomía y la falta de capacidades de una investigación que acredite la violencia de género.
Sobre el primer punto, es frecuente malentender la autonomía como un ámbito de impunidad, cuando, por el contrario, implica un umbral alto de responsabilidad. La autonomía no coloca a las universidades e instituciones de educación superior en un ámbito extralegal, mucho menos en cuanto a la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Ante el segundo argumento, existe una recurrente confusión entre la investigación de una conducta que transgrede la normativa universitaria y la investigación de la comisión de un delito. Efectivamente, la universidad no tiene la facultad de investigar delitos, lo que se indaga es la posible transgresión a la normativa universitaria que define, prohíbe y sanciona actos que puedan constituir diversos tipos de violencia de género, en tanto que violación a los derechos humanos.
Debido a esta confusión las autoridades universitarias tienden a solicitar pruebas de alto estándar como si se tratara de la investigación de un delito, dificultando la aplicación de una sanción proporcional a la falta cometida.
Agudizan el problema la falta de capacitación, de comprensión de lo que es e implica la violencia de género, el desconocimiento de las diversas vías jurídicas que ya existen para sancionarla, y, sobre todo, la falta de voluntad política de todas las autoridades, universitarias o no.
Las mujeres y las jóvenes universitarias estamos hartas de la impunidad y de que se nos criminalice por exigir el reconocimiento y la protección de nuestros derechos. La rabia y la indignación les han permitido encausar su enojo en acciones políticas encaminadas a la transformación de las conciencias, como también lo propone la 4T, sólo que esta transformación no se limita a aquellas conciencias que legitiman las injusticias producidas por las desigualdades materiales, sino que también pugna por la transformación de las consciencias que justifican las desigualdades de género.
La justicia en todas sus dimensiones es un indispensable para lograr un verdadero cambio democrático. Las mujeres somos pueblo, las mujeres universitarias somos pueblo. Es necesario para la materialización del proyecto que se plantea la 4T que haga de su prioridad los reclamos y protestas de las mujeres, sobre todo de las más necesitadas.
