Enfoquémonos por un momento en el poder judicial y, específicamente, en el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Garante de vigilar la constitucionalidad de las leyes y de las políticas públicas, este tribunal se ha visto envuelto en cuestionamientos y críticas por una gran parte de la población, que asegura que sus ministros actúan de manera tendenciosa, arbitraria y pronta para favorecer intereses de empresas extranjeras antes de ayudar a quienes más lo necesitan. Todo esto sin rendir cuentas absolutamente a nadie.
Recientemente, la Suprema Corte dio un fuerte golpe al pueblo de México. Con una votación de nueva a dos, decidió echar atrás la propuesta de la 4T de reducir los fastuosos costos de operación del Instituto Nacional Electoral (INE) para poder destinar el dinero a becas para estudiantes, pensiones para adultos mayores y obras públicas en las comunidades más pobres de nuestro país. Como suele ser su costumbre: discutiendo formalidades y sin tocar el fondo del problema, los ministros tomaron su decisión.
La Corte tiene una deuda no sólo con el pueblo de México, sino con la justicia misma, y de no corregir el rumbo me temo que su valoración en la opinión pública seguirá desplomándose.
La justicia es un término estrechamente vinculado a la transparencia, la rendición de cuentas y la ayuda a las personas más desfavorecidas. Sin embargo, existe una tendencia en el derecho que considera que la justicia es la simple aplicación de las leyes, sin criterio y con una visión obtusa donde simplemente se persigue una aplicación a rajatabla, bajo el principio de que la ley es la ley. Una perspectiva que justificaría que a Rosa Parks la hayan detenido en 1955 por violar la ley que la obligaba a ceder su lugar en el transporte público a un hombre blanco o que Iberdrola no pague a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las tarifas de porteo que corresponden.
Hace algunos días discutía con un reconocido abogado acerca de la lejanía y el desconocimiento de los y las ministras de la Corte sobre las condiciones en las que viven las personas más pobres de nuestro país. Mi perspectiva se centraba en que conforme más conocieran estas condiciones sus argumentos responderían cada vez más a las necesidades de nuestra sociedad, ya que la constitución y las leyes no existen en lo abstracto. Mi argumento: si los ministros conocen las condiciones del sistema de salud, de vivienda o de agua en la sierra de Guerrero, sus sentencias podrían ayudar, cada vez más, a resolver un problema y no a perpetuar una histórica injusticia. Su respuesta: “la labor de los ministros no es conocer el país ni sus condiciones, los ministros sólo deben interpretar la constitución”. Como si una cosa fuera excluyente de la otra. Y remató: “sólo falta que quieras imponerles un examen de geografía”. Su postura me pareció representativa del gremio jurídico, pero sobre todo peligrosa en una institución que suele tener la última palabra acerca.
La Suprema Corte se encuentra en una terrible crisis de legitimidad, no sólo por las decisiones que ha tomado en los últimos años, sino por distintos hechos que la describen de cuerpo entero, como el caso de Eduardo Medina Mora, mano derecha de Genaro García Luna, acusado de vínculos con el narcotráfico; o Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien, como funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fue artífice de múltiples condonaciones de impuestos a grandes empresas. Y cómo olvidar la violación por parte de los 11 ministros y ministras al artículo 127 constitucional, que les prohíbe ganar más que el titular del ejecutivo.
¿Con qué cara se atreven a juzgar qué acto es constitucional o no si ellos mismos violan la constitución al ganar cuatro veces más de lo que gana el presidente?
¿Cómo lograr que los ministros de la corte se acerquen a las problemáticas de la gente?
¿Por qué tenemos que pagar con dinero del pueblo las camionetas lujosas, pensiones millonarias y seguros de gastos médicos privados de las y los ministros?
¿Cómo garantizar que la Corte sea independiente de los otros poderes, pero que también pueda colaborar en combatir la atroz desigualdad de nuestro país?
¿Cómo hacemos para que la Corte no sea cooptada por intereses económicos en detrimento del pueblo de México?
¿Cómo hacer para que la Corte pague esa deuda histórica que tiene con la justicia?
Son algunas preguntas que dejo en el aire.
