Juicio a García Luna: Fiscalía y defensa presentan alegatos finales

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Al exponer el caso punto por punto, la fiscalía declaró que conscientemente García Luna se había involucrado con el crimen organizado e incluso liderado una especie de cártel integrado por 15 personas.

Imagen tomada de la conferencia de prensa del Gobierno de México.

CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común). – El pasado 15 de febrero, durante el treceavo día de audiencias en el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que se lleva a cabo en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus alegatos finales.

El juicio contra el también exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI), durante el sexenio de Vicente Fox, ha concluido, quedando por delante únicamente la deliberación del jurado, por lo que la fiscal Saritha Komatireddy se tomó tres horas para conectar todos y cada uno de los testimonios de los 25 testigos que participaron en el juicio. Explicó el caso punto por punto y declaró que conscientemente García Luna se había involucrado con el crimen organizado. Posteriormente, colocó una pizarra con fotos de los que acusó, eran parte de un cártel de 15 miembros encabezados por García Luna, mismo que se mantuvo operando durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Fue así como la fiscalía aclaró al jurado que el acusado no era un cómplice más del Cártel de Sinaloa, sino un aliado estratégico que propició su acelerada expansión. Sin su ayuda, aseguró, no habría sido posible el crecimiento del cártel ni todo el poder que acumuló en México y en el continente.

Por otro lado, Komatireddy señaló que los nueve testigos colaboradores, sin tener contacto entre sí, coincidieron en todas las declaraciones relativas a García Luna y en la relevancia que éste tuvo para el cártel. Afirmó que esto se probó más allá de cualquier duda razonable y reiteró que de acuerdo con todo lo presentado, el Cártel de Sinaloa había gozado en México de protección al más alto nivel, en referencia al expresidente Felipe Calderón y al propio García Luna. También hizo énfasis en el dinero que recibió el acusado y mencionó que para los políticos el dinero no significa algo para gastar, sino poder para comprar gente, para comprar medios, para comprar aliados y para corromper. Con esto, coligió que buena parte del dinero se encontraba en las propiedades de García Luna, en bienes a nombre de otras personas, en campañas políticas o en sobornos a medios de comunicación.

La fiscal también pidió al jurado que no se dejara engañar por la defensa y que no permita que se le indique lo que es o no es evidencia. La evidencia real, continuó, es la que el juez admite en la Corte, incluidos, por supuesto, los testimonios bajo juramento. Finalmente, insistió en que la ley debe ser aplicada y que García Luna debe ser encontrado culpable.

Por su parte, la defensa reiteró que los testigos presentaron versiones contrastantes de los mismos hechos, entre los que destacan el decomiso de Manzanillo, la historia del secuestro o la entrega de sobornos en el restaurante Champs Élysées, por lo que estas afirmaciones no son confiables. Si lo que la fiscalía dice es cierto, continuó de Castro, García Luna habría recibido personalmente 274 millones 300 mil dólares. ¿Y dónde está ese dinero? – Preguntó. Afirmó que no existe evidencia documental de que el dinero haya sido gastado, compartido o invertido en propiedades a nombre de otras personas, aseguró que la fiscalía sólo puede corroborar los decomisos, pero no la supuesta cooperación y colaboración de García Luna. César de Castro, declaró que todos y cada uno de los testigos tienen más de una razón para mentir, toda vez que son asesinos y secuestradores que buscan reducir sus sentencias o incluso quedar libres a cambio de sus testimonios para llevar a García Luna a la cárcel.

Luego, la defensa describió a García Luna como una persona honorable, trabajadora y como la cara de la lucha contra las drogas en México, por la que ahora todos buscan venganza. También dijo que su esposa es una aliada trabajadora y emprendedora. Para concluir, César de Castro propuso una salida rápida, desechar todos los cargos bajo el argumento de que García Luna no forma parte desde 2012 de ninguna conspiración criminal porque desde ese año no es funcionario público y el tiempo para procesar cualquier delito anterior ha concluido.

Tras este alegato, la fiscalía tomó la palabra para rebatir algunos puntos y pidió al jurado no tomar salidas rápidas, pues afirmó que la conspiración criminal de García Luna sigue tan vigente que el Cártel de Sinaloa se mantiene más fuerte que nunca. Respecto a lo que supuestamente son diferencias entre las versiones de los decomisos, la fiscalía repitió que son los mismos hechos, simplemente, relatados por diferentes personas, con diferentes puntos de vista. También dijo que es falso lo que de Castro mencionó sobre la venganza criminal en contra de García Luna, pues éste no arrestó a los testigos, ni les decomisó drogas, sino que fueron otras autoridades como el Ejército, la Marina y en algunos casos, autoridades estadounidenses.

El alegato de la fiscalía concluyó diciendo que la constante insistencia de la defensa por pruebas físicas es apenas una distracción, ya que desde el principio se mencionó que el presente no es un juicio de ese tipo, sino uno de conspiraciones secretas donde si alguien graba algo, como lo señaló el “Grande”, podría ser asesinado.

Adicionalmente, ayer se reveló la transcripción de la conversación privada entre la fiscalía, la defensa y el juez durante la audiencia del martes tras la objeción de la fiscal cuando el abogado César de Castro preguntó al “Rey” Zambada si había entregado siete millones de dólares a Gabriel Regino para una supuesta campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox.

En la transcripción, ante la pregunta directa del juez, el abogado defensor acepta que la información en la que basó su pregunta no se encuentra en ningún testimonio que el testigo hubiera proferido, sino en una nota anónima que pudo haber sido escrita por cualquiera. La fiscalía objetó que se mencionara el nombre del actual presidente de México argumentando que era una distracción, además de ser difamatorio. El juez Cogan respondió que si esto existiera en algún testimonio podría hablar de la credibilidad del testigo, pero que como el “Rey” Zambada lo negó, ese era el final de la historia y la defensa debía cambiar el tema.

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