Juicio a García Luna: En espera del veredicto

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Tras 15 audiencias y el testimonio de 26 testigos, el juicio de García Luna se encuentra a punto de terminar, únicamente resta el veredicto de los doce miembros anónimos del jurado.

Imagen tomada de la conferencia de prensa del Gobierno de México.

CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común). – Luego de 15 días de audiencias y de las declaraciones de 26 testigos, el juicio en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, ha llegado a su fin, restando únicamente el veredicto del jurado, quien continuará deliberando este martes 21 de febrero.

El también exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI), enfrenta cinco cargos, tres por narcotráfico de drogas, uno por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. Los doce miembros del jurado, cuya identidad se mantiene anónima por razones de seguridad, decidirán la culpabilidad o inocencia de Genaro García Luna, quien de ser declarado culpable, será sentenciado por el juez Brian Cogan.

Los testigos de la fiscalía se dividieron en dos grupos:

  • Agentes o exagentes gubernamentales de los Estados Unidos de Norteamérica y México.
  • Testigos cooperantes, criminales que purgan sentencias o enfrentan juicios en los Estados Unidos.

El primer testigo que llamó la fiscalía fue Sergio Villarreal Barragán, alias “el Grande”, lugarteniente de los Beltrán Leyva, quien reveló la existencia de un fondo financiado por diversos líderes del Cártel de Sinaloa dedicado específicamente a sobornar a García Luna.

Luego declaró Tirso Martínez Sánchez, “el futbolista”, quien era el encargado de los cargamentos de cocaína transportada en tren a Los Ángeles, Chicago y Nueva York, lo cual después fue confirmado por varios agentes de diferentes cuerpos de seguridad como la DEA y el Servicio de Inmigración y Aduanas.

Óscar Nava, “el Lobo Valencia”, fue el tercer testigo cooperante, quien explicó la manera en que la cocaína de Sudamérica entraba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual era controlado por Arturo Beltrán y Jesús “el Rey” Zambada. Lo anterior fue confirmado por el expolicía federal Raúl Arellano, quien señaló directamente a Ramón Pequeño, exjefe antidrogas de dicha corporación, y al entonces director de Aeropuertos, Óscar Moreno.

Luego, Israel Ávila, contador de los hermanos Pineda Villa, reveló la existencia de un libro de contabilidad en el que se llevaba registro de gastos, pagos, drogas, pagos de renta y pagos a funcionarios públicos a nivel municipal, estatal y federal. Ahí se registró el nombre de Genaro García Luna bajo el apodo de “el Tartamudo” o “el Metralleta”, con sobornos que oscilaban entre uno, tres y cinco millones de dólares.

Por otro lado, el narcotraficante colombiano, Harold Mauricio Poveda Ortega, alias “el Conejo”, aseguró que Arturo Beltrán Leyva entregó a García Luna 300 mil dólares para sobornar a medios de comunicación. Asimismo, Héctor Javier Villarreal, extesorero de Humberto Moreira en el Estado de Coahuila, reveló que cuando Moreira fue gobernador de esa entidad, estableció con García Luna esquemas de pagos triangulados vía Coahuila al periódico El Universal.

El expolicía federal ministerial, Francisco Cañedo Zavaleta, declaró haber visto a García Luna reunido con los narcotraficantes Arturo Beltrán Leyva y Édgar Valdez, alias “la Barbie”.

Otro de los testigos fue Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit condenado en Estados Unidos por narcotráfico, quien aseguró que Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa, le pidieron al exgobernador Ney González que apoya a Joaquín Guzmán Loera, alias “el Chapo”, en la disputa que sostenía con los Beltrán Leyva.

Finalmente, Jesús “el Rey” Zambada, último testigo de la fiscalía, aseguró que pagó personalmente cinco millones de dólares a García Luna por información, protección y el control del AICM.

Como Genaro García Luna se negó a declarar, la defensa únicamente llamó a una testigo, Linda Cristina Pereyra, esposa del acusado, quien intentó explicar la forma en que el matrimonio se hizo de lujosas propiedades y posesiones con el salario de un funcionario público.

Ahora sólo resta esperar la decisión del jurado.

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