Juez que detiene los libros de texto, también obstruyó la investigación en caso Ayotzinapa

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El 5to juez de Distrito de Aguascalientes, Guillermo Baltazar y Jiménez, concedió un amparo contra los Libros de Texto Gratuitos de la SEP, promovido por el “Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes A.C.”.

Archivo.

CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común). – El pasado 30 de agosto, el 5to juez de Distrito de Aguascalientes, Guillermo Baltazar y Jiménez, concedió un juicio de amparo contra la distribución de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en esa localidad.

El citado procedimiento jurídico ha dejado en la incertidumbre a miles de estudiantes, maestros, madres y padres de familia, quienes no han recibido el material didáctico de las autoridades educativas locales.

En medios de comunicación y redes sociales ha circulado la versión de que la “Sociedad Civil Organizada” fue quien metió el amparo. Sin embargo, dicha sociedad tiene nombre: “Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes A.C.”. Se trata de un grupo compuesto por una decena de personas, cuyo representante local (mismo que metió el amparo) es Jaime Gallo Camacho, un exfuncionario del actual gobierno municipal de Aguascalientes, quien busca un puesto en el gobierno estatal encabezado por Teresa Jiménez Esquivel.

No es la primera vez que el juez Guillermo Baltazar y Jiménez hace uso de sus facultades para obstruir la justicia o para favorecer a unos pocos.

Aquí una lista de su historial:

  1. 2014: Obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa:

El juez Baltazar y Jiménez también negó la orden de aprehensión en contra de María de los Ángeles Pineda, esposa de quien fuera el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien fue sentenciado a 92 años y seis meses de prisión, por el secuestro de seis activistas, entre ellos el dirigente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona.

Sin embargo, posteriormente el exalcalde fue absuelto de dos cargos de delincuencia organizada, uno de ellos relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Del mismo modo, el exalcalde de Cocula, Guerrero, César Miguel Peñaloza Santana, quedó en libertad luego de que Baltazar y Jiménez no concediera a la Procuraduría General de la República (PGR) una orden de aprehensión en su contra.

Aunque en su momento la PGR presentó al juez las pruebas que señalaban a César Peñaloza como protector del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes participaron en el secuestro y la desaparición de los 43 normalistas, finalmente fue liberado en diciembre del 2014.

  • 2014: Apoyo al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat ante una acusación de desfalco millonario:

Ese mismo año, las autoridades federales de Estados Unidos presentaron una demanda de decomiso de activos contra cuatro casas, dos lotes baldíos y una propiedad comercial, que presuntamente Reynoso Femat adquirió en el área de San Antonio, a través de prestanombres.

La demanda repite los cargos hechos por las autoridades estatales en Aguascalientes de que Reynoso Femat robó millones de dólares del estado a través de un contrato incumplido para la compra de equipos médicos y la venta de bienes inmuebles estatales.

Sin embargo, una vez más, Guillermo Baltazar y Jiménez, entonces titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, señaló que el exmandatario hidrocálido exhibió una póliza de fianza por la cantidad de nueve millones de pesos, por lo que continuó en libertad.

  • 2020: Amparo provisional en apoyo de la magistrada Gabriela Espinosa Castorena:

La magistrada Gabriela Espinosa se mantuvo a la cabeza del Poder Judicial estatal gracias al apoyo irregular que recibió del juez quinto de Distrito, Guillermo Baltazar y Jiménez, quien le otorgó la suspensión para no ser removida de su cargo, luego de que el Congreso del Estado, el pasado 12 de noviembre de 2020, votara por su no reelección.

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