“Muy lamentable, porque se trata de la presidenta de la SCJN, que en un escrito se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados”. – Acusó López Obrador.
CIUDAD DE MÉXICO (Sentido Común). – A través de un comunicado, el Gobierno de México dio a conocer que el juez decimosegundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó la suspensión definitiva del decreto del 27 de octubre de 2023 con efectos para todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluido él, con lo que impide de manera indefinida que la Tesorería de la Federación pueda disponer de los recursos de sus fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco.
Asimismo, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó la suspensión con efectos generales, la cual le favorece, así como a los demás jueces y magistrados, hayan promovido o no, juicio de amparo.
Al respecto, a través de la conferencia de prensa del Gobierno de México, la secretaria de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde, explicó:
“Son los propios jueces y magistrados, teniendo interés en este asunto, los que están promoviendo estos amparos y ellos mismos son los que están determinando las suspensiones.
Solamente para dar un ejemplo, hay tres amparos con suspensión, hay una acción de inconstitucionalidad. Las suspensiones han sido por jueces, magistrados de Chihuahua, por la Asociación de Jueces y Magistrados de la Ciudad de México y de jubilados de Morelos.
Pero en el segundo amparo, el de la Asociación de Magistrados y Jueces, la jueza de la causa era agremiada a la misma organización, entonces ella promueve el amparo y ella misma decide la suspensión. Si eso no es conflicto de interés, pues entonces no sabemos qué signifique el conflicto de interés”. – Acusó.
Hay que recordar que el pasado 31 de octubre, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, públicamente consideró que “la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real”.
Cuestionado al respecto, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la falta de compromiso de la presidencia de la SCJN.
“Pues es muy lamentable que estas cosas sucedan, porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte, que en un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados de Acapulco y ahora cambian, ya están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo estas maniobras leguleyas”.
Al tratarse de un asunto inédito, de orden público, interés social y trascendencia nacional, reza el comunicado publicado por el Gobierno de México en su portal, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal:
“Solicita a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, que se ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF, ya que estos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes, están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo”.
