Sabemos que las familias de los estudiantes de la secundaria de Bochil, Chiapas, pasaron una noche de angustia y sin claridad en el diagnóstico. Sabemos que, ante la falta de respuestas, tres familias fueron a buscarlas por su propia cuenta.
No sabemos si el responsable del laboratorio les explicó la diferencia entre una prueba cualitativa y una cuantitativa. No sabemos si les dijo que la prueba entregada indicaba consumo, pero no intoxicación por la sustancia positiva.
Sabemos que uno de esos familiares se acercó a un reportero y le mostró los resultados del análisis toxicológico de su hijo. No sabemos qué más vio o escuchó el reportero ese día. No sabemos si había presenciado antes una intoxicación por cocaína (o una masiva, como en este caso) para poder valorar que de un resultado individual podía inferirse una conclusión general. Sabemos que decidió publicar ese documento y cabecear su nota así: “Más de 100 estudiantes de secundaria se intoxican con cocaína”.
Al día de hoy no sabemos qué ocasionó la intoxicación de las y los estudiantes de la secundaria de Bochil.
Sabemos que además de esas tres pruebas en laboratorio privado la fiscalía hizo 35 análisis y que los familiares manifestaron desconfianza en su resultado. También sabemos que ante esta desconfianza el ayuntamiento de Bochil hizo otras 30 pruebas en un laboratorio privado. También sabemos que de esas 68 pruebas, tres son positivas a cocaína y 65 son negativas.
No sabemos por qué no se han dado a conocer los resultados del análisis del agua de la escuela, ni si se hicieron análisis de los alimentos de la cafetería. No sabemos tampoco los resultados de los análisis de pastillas, bolsas y otros objetos encontrados en la escuela.
Sabemos que la prensa ha desestimado 65 pruebas (las de la fiscalía y las del segundo laboratorio privado) y sostiene una narración a partir de las tres pruebas positivas y la primera nota publicada, mil veces replicada. También sabemos que esa narrativa relaciona el caso Bochil con otros seis casos de intoxicaciones en Chiapas sucedidos en el último mes.
No sabemos por qué los medios que a finales de septiembre reportaron una intoxicación por fuga de gas en una secundaria de Tapachula, en sus notas recientes la reportan como “inhalación de sustancia desconocida”. No sabemos por qué reportan intoxicaciones por comer volovanes en una escuela de Tuxtla o carne en mal estado en una fiesta en Las Margaritas como “intoxicación por drogas”. No sabemos por qué reportan el consumo voluntario con fines recreativos de un brownie con marihuana como un caso más de intoxicación.
Sabemos que a partir de estos seis casos no relacionados, Ricardo Raphael en ADN40 dijo que era un “acto terrorista de grupos criminales”. También sabemos que Beatriz Guillén en El País dijo que los casos “ilustran la fuerte entrada de drogas en las escuelas y apuntan a la reorganización del narcotráfico”. Sabemos que muchos otros periodistas han hecho este tipo de afirmaciones aventuradas, sin pruebas pero sin dudas.
No sabemos por qué la prensa insiste en una narrativa que no se sostiene más que en la ineficacia de las autoridades responsables. No sabemos por qué conductores de noticias insisten en caminar la ruta del hombre lobo de Coita: sin evidencias, sin pruebas, sin sustento, pero con testimonios que afirman haberlo visto.
Sabemos que las familias de Bochil y muchas más de todo el país necesitan respuestas. También sabemos que seguir hablando del “acto terrorista” no es ni la respuesta que necesitan, ni una respuesta fundada en evidencia. Pero también sabemos que, a estas alturas y luego de tantas notas apuntando a ese hombre lobo, será muy difícil que acepten otra respuesta.
